Con 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, la mayoría calificada de Morena y sus aliados aprobó el pasado 20 de noviembre la reforma para la desaparición de los órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por David Fuentes M.

La propuesta de desaparición de órganos autónomos fue una iniciativa del expresidente López Obrador, que la actual mandataria Claudia Sheinbaum y la 66 Legislatura respaldaron, por lo que la votación ocurrió tras un falso debate en el que no se atendieron propuestas alternas ni mucho menos opositoras.

El INAI surgió en mayo de 2014, durante el sexenio de Felipe Calderón, como un órgano autónomo que tenía dos misiones fundamentales: el acceso a la información de todo lo relacionado con el gobierno y la protección de datos personales.

El INAI ha sido fundamental para que la sociedad obtenga información de interés público sobre el actuar de las autoridades, para que la sociedad se entere y denuncie casos de corrupción y para que exijan a sus funcionarios la rendición de cuentas.

Con su desaparición, el gobierno federal se convertirá en juez y parte, advierte Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI, porque una vez que sus funciones pasen a formar parte de la Secretaría Anticorrupción, se correrá el riesgo de que haya una “alta tentación de ser parcial” en sus resoluciones.

OTRAS VOCES

Al respecto, la asociación Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad destacó que con la desaparición del INAI, el derecho de acceso a la información pasará a ser parte de procedimientos de gestión interna de los funcionarios obligados a entregar la información solicitada, “sin que exista una instancia externa e independiente que, con una visión imparcial, determine la legalidad de la actuación de los sujetos obligados ante la inconformidad de las personas que soliciten información pública”.

“La reforma es regresiva, en tanto que la primera determinación del recurso de revisión estará a cargo de las mismas autoridades. Por ello genera el riesgo de volver el ejercicio del derecho inaccesible y tardado. Del mismo modo, genera indefensión sobre los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en tanto que elimina la facultad de presentar controversias constitucionales, abriendo la puerta a futuras iniciativas que transgredan ambos derechos”.

SUS FUNCIONES

De acuerdo con la propia página del INAI, a lo largo de su existencia, este organismo público ha sido fundamental para que la sociedad se entere y denuncie casos de corrupción en los que participan servidores públicos, entre ellos, se mencionan los casos de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, además del caso Tlatelolco, el caso Ayotzinapa, el caso Tlatlaya y el caso de Odebrecht.

En el caso de San Fernando, el INAI ordenó a la Fiscalía General de la República que diera a conocer la investigación sobre las fosas clandestinas en ese municipio tamaulipeco en el que fueron encontrados 196 cadáveres en 2011.

Por el caso Tlatelolco, el INAI ordenó que se volviera pública toda la información relacionada con la represión del ejército mexicano a los estudiantes que protestaron contra el autoritarismo del gobierno en 1968.

Por el caso Ayotzinapa, el INAI ordenó a la FGR dar a conocer una versión pública sobre la desaparición de los 43 normalistas, en tanto que en el caso Odebrecht, la empresa brasileña conocida por entregar sobornos a funcionarios de distintos países para la obtención de contratos, el órgano autónomo ordenó a Pemex la apertura de la información gracias a la cual se confirmó la participación de funcionarios del gobierno mexicano en la trama de corrupción.

Pero sin duda, el INAI fue decisivo para que se desarrollara la investigación periodística que dio a conocer uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto: la Estafa Maestra.

El INAI señaló en su momento que por este tema recibió tres mil 146 solicitudes de acceso a la información sobre “sujetos obligados del ámbito federal”, lo cual incluyó contratos o convenios con universidades involucradas en la estafa, empresas privadas usadas para desviar dinero y funcionarios federales involucrados.

Por este caso, el INAI entregó el 67.7 por ciento de la información solicitada, lo que fue determinante para el desarrollo de la investigación que dio pie a un total de 44 denuncias oficiales por un monto de más de cuatro mil millones de pesos.

Gracias al INAI, ciudadanos, activistas y periodistas podían solicitar información sobre toda acción de la administración pública realizada por cualquier funcionario o ente gubernamental, así como de personas o asociaciones que recibían recursos públicos.