La activista y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y de México, Ceci Patricia Flores, denunció públicamente que cuando el morenista Adán Augusto López Hernández (ahora senador) estaba al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob), le pidió dejar de buscar a sus hijos desaparecidos a cambio de ofrecerle protección personal.
“Él fue quien me dijo que dejara de buscar. En ese tiempo, Rosa Icela Rodríguez ni siquiera se ha acercado a nosotras, mucho menos ha tomado el tema en serio”, declaró Flores en entrevista a diferentes medios, al hacer referencia al abandono institucional que han sufrido los colectivos de búsqueda en el país.
Una lucha que incomoda al poder
La denuncia se suma a años de exigencia encabezada por Ceci Flores, quien desde 2015 ha buscado a sus dos hijos desaparecidos, Marco Antonio y Alejandro Guadalupe, ambos víctimas de desaparición forzada en distintos momentos y estados del país. Uno en Bahía de Kino, Sonora, y otro en Los Mochis, Sinaloa.
A lo largo de su lucha, Flores ha enfrentado amenazas, desplazamiento forzado y una sistemática falta de apoyo por parte de autoridades locales y federales. Aun así, ha organizado y participado en cientos de jornadas de rastreo en fosas clandestinas y ha sido reconocida internacionalmente por su labor humanitaria.
Silencio y presión desde el Estado
Las palabras de Flores revelan no solo la indiferencia, sino también los intentos del poder por silenciar la incomodidad que representa su búsqueda. La propuesta de cesar su labor a cambio de seguridad personal demuestra cómo, en lugar de acompañar y proteger a quienes buscan a sus familiares, las instituciones buscan que desaparezcan también de la vida pública.
“Yo no voy a dejar de buscar, ni por protección ni por miedo”, ha reiterado en múltiples ocasiones.
En un país donde hay más de 100 mil personas desaparecidas, el testimonio de Ceci Flores reitera lo que muchas familias han denunciado por años: buscar justicia en México es un acto de resistencia solitaria, y muchas veces, peligrosa.