A la denuncia que ya existe desde noviembre del año pasado, interpuesta por el Partido Sinaloense, en contra del Gobierno del Estado, por el ejercicio presuntamente irregular de las obras públicas, de nueva cuenta salió información que arroja más luz sobre el esquema usado por la administración encabezada por Rubén Rocha Moya sobre el uso y abuso del recurso público en este rubro, del que se tienen indicios que sus hijos se ven beneficiados. Pero por más que la evidencia esté ahí a flote, no hay nada que proceda en contra de funcionarios o exfuncionarios protegidos por el manto de la impunidad.

Por Santiago Rentería.

Cada vez surgen más elementos del dispendio y presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos en las obras públicas del Gobierno del Estado, pero ante las revelaciones, en la que sus hijos están detrás, el gobernador Rubén Rocha Moya calla o simplemente niega la realidad.

Y no fue un medio opositor quien descubrió que, a punta de ampliaciones en convenios de licitaciones ya falladas, la Secretaría de Obras Públicas pagó casi 100 millones de pesos más en un total de 88 contratos bajo un esquema opaco en el que ni siquiera el exsecretario José Luis Zavala, atinó a aclarar de manera puntual, cuando fue cuestionado por Noroeste, uno de los periódicos beneficiados con contratos elevados de publicidad.

“Si ustedes se pusieran a pedir de otros gobiernos también se encontrarían lo mismo de que hubo muchos extraordinarios”, así se justificó Zavala, quien, desde el año pasado, luego de desacuerdos con los hijos de Rocha, fue quitado de la Secretaría y enviado como subsecretario de Promoción en Economía.

Es decir, Zavala no aclaró por qué el costo de las obras aumentó, simplemente trató de explicar que a veces se eleva el precio por requerir más materiales, como grava en el caso de un colector de Los Mochis, el cual aumentó 15 millones su costo inicial en 2022, Pero, ¿al grado de acumular 99 millones 581 mil 122 pesos en un lapso en dos años?

EL MODUS OPERANDI

En noviembre pasado, el Partido Sinaloense, declarado en el principal enemigo político de Rocha y su grupo, se dio a la tarea de documentar un esquema de beneficio tanto para los hijos del gobernador como para las constructoras que participan en las licitaciones, con el carrusel en donde se turnan para ganar un contrato.

Una parte de este esquema de “robo en despoblado” es fragmentar el recurso público a menos de un millón 800 mil pesos, cantidad que le permite a gobierno y municipios, hacer un concurso por invitación a tres empresas.

En el caso de las licitaciones grandes, que comprometen de 10 millones en adelante, según declaró en noviembre pasado Héctor Melesio Cuén Ojeda y el diputado pasista Gene René Bojórquez, desde antes de iniciar el concurso de licitación, se les pide a las empresas participantes idénticas propuestas para justificar que todas se fueron arriba del presupuesto, para dar de ganadora a quien previamente ya habían elegido.

Lo anterior es complejo de documentar, ya que, en los documentos, por lo regular todo queda cuadrado y justificado, pues los acuerdos sobre la mesa, en palabras, no dejan rastro.

LAS GANONAS

En la denuncia que presentó el PAS a la FGR, la cual sigue sin avanzar, se consignó que fueron cinco empresas del ramo de la construcción las que acumularon entre el 2022 y el 2023 un monto total de 865 millones de pesos repartidos en varios contratos.

Estas empresas, a su vez, le compraron material a Constructora Chocosa, por un monto de 24 millones 618 mil 255 pesos. Este negocio se trata del más visible de los hijos de Rocha. La denuncia establece que se triangulan recursos para finalmente beneficiar a los hijos del gobernador.

En noviembre pasado, se señaló que, según la información recabada, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Obras Públicas, simuló 110 licitaciones, algunas de ellas con adjudicación directa, por un monto total de dos mil 889 millones 28 mil 543 pesos.

A principios de julio en que se publicó el pago elevado hasta por casi 100 millones de pesos en obras, Cuén salió a decir que lo que estaba publicando el diario es parte de las irregularidades que la FGR no ha investigado a fondo, de un mal manejo del erario para el tema de las obras públicas.

PRESUME A NIVEL NACIONAL

Sin embargo, para Rocha es una situación de percepción, ya que difundió ampliamente una supuesta medición de una consulta, que calificó el de Sinaloa como el mejor estado con un estándar de aprobación en el gasto de la obra.

La consultora realizó una encuesta de aprobación en relación a los titulares de gobiernos estatales, resultando el Gobernador Rubén Rocha Moya en el lugar número 21 con el 47 por ciento de aprobación.

En este estudio María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes, fue la mejor calificada con el 67 por ciento de aprobación; mientras que Cuauhtémoc Blanco Bravo tiene la peor calificación entre los gobernadores con el 24 por ciento de aprobación.