La sórdida historia da inicio el pasado 9 de noviembre… el jefe de la Unidad Modelo de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), Luis Alberto “N” fue detenido después de ser sorprendido conduciendo una camioneta Jeep Gladiator con reporte de robo, armas de fuego y radios de comunicación de los que no pudo comprobar su procedencia.

Durante la continuación de la audiencia inicial que se realizó días después en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Centro, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso por los delitos de tránsito de vehículo robado y cohecho.

Al solicitar informes a través del sistema electrónico sobre la camioneta Jeep, descubrieron que esta contaba con reporte de robo cometido el 27 de mayo pasado en la colonia 5 de mayo, en el sector sur de Culiacán.

La camioneta era propiedad de una familiar del agente de la Fiscalía. Se trataba de una cuñada que tras interponer la denuncia el 1 de junio pasado, recibió la cantidad de 1.4 millones de pesos por parte de la aseguradora.

Sin embargo, la defensa de Luis Alberto “N”, policía de investigación adscrito a la Inspección General de Homicidios Dolosos de la FGE, solicitó una salida alterna como la reparación del daño por circular en auto robado con el pago de un millón 500 mil pesos a la aseguradora.

El juez no sólo aceptó la solución planteada por la defensa, sino que además le dictó suspensión condicional del proceso, con la medida de acudir durante seis meses a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares.

Fue así que Luis Alberto abandonó una semana después de su ingreso, las instalaciones del Centro Penitenciario de Aguaruto, donde se encontraba recluido desde el pasado 9 de noviembre, cuando fue detenido por elementos de la Guardia Nacional tras una persecución por el sector Tres Ríos en Culiacán.

Al momento de la detención del agente ministerial, el entonces secretario de Seguridad pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, señaló que el incidente no debía empañar a todos los elementos de las fuerzas de seguridad y añadió: “esto es como un frijol negro dentro del arroz blanco. La mayoría somos los buenos o los que creemos estar mejor”.

A Mérida Sánchez lo corrieron por la puerta de atrás del Palacio de Gobierno y el jefe de la Unidad Modelo de la Fiscalía fue ejecutado en las puertas del Congreso el jueves 16 de enero a las 9 de la mañana con una violencia atroz y dejaron a un lado del cuerpo ensangrentado una cartulina con un mensaje, esto, después de haber sido secuestrado por un grupo armado el pasado miércoles frente a su hija de ocho años cuando la llevaba a la escuela.

Los diputados panistas pidieron se suspendiera la sesión por la inseguridad que priva en Culiacán, por su parte la hoy morenista, Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política señaló: “la ejecución de policía no es un mensaje para el Congreso”.

Y en eso hay algo de razón. La ejecución del ministerial no es un mensaje únicamente para el Congreso, no, lo es para todo el ámbito político que de paso salpica a la sociedad. En la crónica escalofriante de los hechos, desde la detención infraganti del policía y el desenlace en el juicio fast track al resarcir el daño a la aseguradora de un millón y medio de pesos para detener el juicio y quedar en libertad, suma muy por encima del sueldo percibido por un funcionario de ese nivel, el desenlace resultaba prácticamente una obviedad.

El mensaje en la cartulina anunciaba la difusión de un video, horas después empezó a circular en redes sociales un primer video con el interrogatorio del ministerial quien señalaba a otros miembros de dicha corporación al servicio de uno de los grupos criminales en disputa. En un segundo video, en una crónica macabra, el ministerial señala al gobernador y al entonces secretario de Gobierno Enrique Inzunza Cazarez, entre otros, de estar relacionado en los eventos del pasado 25 de julio.

El colmo de la histeria ciudadana tuvo su cenit un par de horas después de la ejecución del policía y a escasos 300 metros del Congreso, un salón de juegos infantiles y un casino se incendiaron consumiéndolo todo, al final sólo una montaña de escombros quedó mientras la sangre del ejecutado seguía fresca en la entrada del Congreso… en otro lugar de México, Rocha Moya señalaba entre risas: “en Sinaloa vivimos perfectamente bien, estamos haciendo todas nuestras actividades; los estadios llenos, las escuelas llenas”, eso afirma el gobernador en su realidad alterna.