En el año 2017, cuando Quirino Ordaz Coppel enfrentaba su primera crisis de seguridad con la guerra de Los Chapitos contra Los Dámaso, su gobierno compró tres drones de vigilancia de largo alcance que tuvieron un costo de casi 100 millones de pesos. De ellos nunca se supo con claridad qué uso se les dio, qué tareas hacían, quién los operaba y, sobre todo, qué resultados dieron. Pero a ese dinero prácticamente tirado a la basura se le suman los casi 600 millones de pesos que gastó en equipos de videovigilancia conectados al C-4i que cada año nuevo eran despedazados a balazos por grupos de pistoleros del crimen organizado. Con todo el gasto en estos equipos, Ordaz Coppel nunca fue investigado, y nunca fue llamado a cuentas, por el contrario, Rubén Rocha Moya decidió sepultar todas las irregularidades agradecido por recibir su apoyo en la campaña de 2021.

Por Santiago Rentería.

En 2017 el gobierno de Quirino Ordaz Coppel primero compró dos drones a una empresa de Jalisco en 75 millones de pesos, bajo un esquema de licitación poco clara, ya que, alegando motivos de seguridad, no transparentaron el proceso de compra, y un año más tarde se supo que habían adquirido otro dron de 21 millones de pesos, lo que dio un monto de 96 millones en estos aparatos que nunca sirvieron para nada.

Es decir, Ordaz Coppel gastó esos 96 millones de pesos que no beneficiaron a los sinaloenses, y, de hecho, tuvo que terminar su gobierno para descubrirse que además del costo mencionado, se pagaron hasta el 2021, un total de 49 millones de pesos en mantenimiento a la misma empresa Hydra Technologies.

Y los drones fueron operados siempre por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, y no por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.  Al final del gobierno quirinista, los drones fueron entregados a la Marina, y desde entonces se desconoce el final que tuvieron.

De acuerdo con el contrato, la empresa solamente se haría cargo del mantenimiento de los equipos de vigilancia aérea el primer año, pero ya después correría a cuenta del Gobierno del Estado.

Después de cuatro años, el entonces secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, defendió que los drones tipo Jaguar, de largo alcance aéreo, sí fueron utilizados.

En una ocasión, Castañeda dijo que gracias a estos equipos se pudo localizar 62 plantíos de amapola, 57 laboratorios de metanfetamina, 15 vehículos con reporte de robo, 341 armas largas, mil 445 kilos de mariguana. En total fueron 483 horas de vuelo.

Sin embargo, no mencionó personas detenidas, y los hallazgos también pudieron haber sido logrados sin gastar más de 140 millones de pesos, ya contando el mantenimiento.

CÁMARAS QUE NO RESUELVEN

También con Ordaz Coppel el Gobierno del Estado comenzó a llenar de cámaras de videovigilancia urbana gran parte del casco urbano de Culiacán y Mazatlán, incluyendo algunas sindicaturas, en donde se levantaron postes con cámaras que poco a poco fueron siendo atacadas por integrantes de la delincuencia organizada.

En una operación de varios contratos, algunos licitados y otros mediante invitación restringida, la administración priista de Ordaz Coppel fue comprando los equipos a diversas empresas, como la compañía Abasi Servicios Integrales, S.A. de C.V., la cual fue beneficiada con un contrato de 47 millones de pesos.

A fines del 2017, durante un discurso con motivo de su primer informe de Labores, Ordaz Coppel presumió: “Mi administración no escatimará en recursos en materia de seguridad”.

Declaró en ese momento que se habían adquirido mil 287 cámaras de videovigilancia, 224 arcos lectores de placas, cien cámaras portátiles para policías, 241 patrullas equipadas, 50 motocicletas y ocho vehículos blindados del tipo DN-11 (a la SEDENA, sin contrato de por medio), y mencionó que todo el gasto ascendía a 630 millones de pesos.

A todo esto, se le sumaron 300 millones de pesos más en la construcción de la base militar de El Sauz, que se hizo con presupuesto del estado y no de la SEDENA.

Todo para que al final, Rocha Moya terminara pactando con el crimen organizado -según revelan investigaciones periodísticas-, y hoy en día esos cientos de millones de pesos, como los drones, quedaron prácticamente tirados a la basura, como otros tantos proyectos del todavía embajador en España, que ni siquiera fue capaz de posicionar su marca “Puro Sinaloa”, que también le costó miles de millones al erario sinaloense.