En un Sinaloa donde a diario se registran entre cuatro y siete homicidios, además de decenas de personas heridas por arma de fuego, la pregunta resulta inevitable: ¿existen víctimas de primera, segunda y tercera categoría? Para colectivos de víctimas, el caso del diputado Sergio Torres Félix parece confirmar que sí.

Por Santiago Rentería.

Desde el ataque armado en el que resultaron heridos los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido a finales de enero sobre el Malecón Viejo, la reacción institucional no sólo se ha concentrado en el ámbito de la seguridad, sino también en el uso de recursos públicos destinados a la atención de víctimas.

El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras encendió la polémica con un pronunciamiento titulado “El privilegio sobre la necesidad”, en el que cuestiona que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa haya cubierto los gastos médicos del legislador en una institución privada, utilizando fondos públicos destinados —subrayan— a los sectores más vulnerables afectados por la violencia.

Para la organización, esta decisión representa una “bofetada” a miles de víctimas anónimas que, pese a cumplir con todos los requisitos legales, enfrentan retrasos, negativas o apoyos mínimos por parte de la misma Comisión. “Es un acto ética y administrativamente indefendible”, señalaron.

EL CONTRASTE

Mientras el diputado fue canalizado al hospital privado “Ángeles”, que cobra cientos de miles de pesos, la ruta habitual para cualquier ciudadano herido por la violencia conduce al IMSS-Bienestar, al ISSSTE o al Hospital General, donde la saturación, la falta de insumos y las largas esperas forman parte del día a día.

Para Sabuesos Guerreras, el mensaje implícito es contundente: el propio Estado reconoce que la salud pública que administra no es suficiente para uno de los suyos, aunque sí lo sea —por obligación— para el resto de la población.

“Cada peso que se destina a pagar una clínica privada es un peso que se le quita a una madre buscadora, a un huérfano de la violencia o a una familia desplazada”, advirtió el colectivo, al enumerar carencias tan básicas como combustible para brigadas de búsqueda o becas escolares pendientes.

EXIGEN EXPLICACIONES

El colectivo exigió a la Comisión transparentar el caso y responder tres preguntas clave: ¿Bajo qué calidad de víctima fue registrado el diputado? ¿Se realizó el estudio socioeconómico obligatorio? ¿Existió un hecho victimizante que justificara el uso de este fondo de emergencia?

La Ley de Víctimas —recordaron— fue creada para proteger al desvalido, no para convertirse en un seguro de gastos médicos mayores para la clase política.

SIN DETENIDOS, VERSIONES ENCONTRADAS

En paralelo a la polémica por el uso de recursos, el caso judicial permanece estancado. A casi un mes del atentado, no hay personas vinculadas a proceso, pese a que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de un presunto integrante de la célula de Los Chapitos.

El 3 de febrero, Harfuch informó sobre la captura de Jesús Emir “N”, alias Radio 13, a quien se le atribuyó participación indirecta en el ataque. Sin embargo, semanas después, la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, aclaró que dicha persona no cuenta con orden de aprehensión por el atentado contra los legisladores.

Según la fiscal, el detenido enfrenta cargos federales por portación de arma y posesión de droga, y la investigación del ataque continúa bajo responsabilidad de la Fiscalía estatal, sin que la Fiscalía General de la República haya ejercido la facultad de atracción.

INVESTIGACIÓN EN TRÁMITE

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Radio 13 fue detenido en la colonia Universidad Oriente con droga, un arma larga, cargadores, teléfonos celulares y un vehículo. Presuntamente se encargaba del control de radios, cámaras de vigilancia clandestinas y drones utilizados por la célula criminal.

La Fiscalía de Sinaloa informó además que existen seis sospechosos identificados y que se realizaron pruebas periciales a dos vehículos asegurados: un Nissan Versa blanco, abandonado cerca del estadio universitario, y una camioneta de una panadería que habría sido despojada para facilitar la huida.

LA PREGUNTA DE FONDO

Mientras la investigación avanza lentamente y las versiones oficiales chocan, el debate público se ha desplazado a un terreno más incómodo: el del trato diferenciado. Para colectivos y familiares de víctimas, el caso de Sergio Torres no sólo expone un atentado sin resolver, sino una estructura institucional que parece distinguir entre víctimas VIP y víctimas invisibles.

En un estado gobernado por Rubén Rocha Moya, la pregunta sigue en el aire: ¿la ley y la atención a víctimas son un derecho universal o un privilegio reservado para quienes forman parte del poder?