Dos días después de que Graciela Domínguez Nava asumiera la gubernatura de Sinaloa, el Gobierno del Estado contrató un préstamo de mil 100 millones de pesos para tener liquidez, sumándose a los cuatro mil 500 millones de pesos que ya ha solicitado en los últimos dos años. Serán alrededor de 20 años los que el estado tardará en pagar estas deudas contraídas por Rubén Rocha Moya, cuyos hijos son los que manejan toda la obra pública y las finanzas de un estado cada vez más endeudado.
Por Santiago Rentería.

El Gobierno de Sinaloa recurrió nuevamente a la deuda para mantener el ritmo de la administración pública al contratar un nuevo préstamo por mil 100 millones de pesos “para tener liquidez” y atender necesidades de la administración estatal, como pago de nómina y otros gastos no especificados.

Fue el 27 de agosto cuando a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, a cargo de Joaquín Landeros Güicho, hizo el contrato del llamado “financiamiento bancario a corto plazo” con los bancos privados BBVA México y Santander México.

Este nuevo préstamo se suma a los cuatro mil 500 millones de pesos que contrató el Gobierno de Rubén Rocha Moya para financiar la obra pública en el estado. Durante 2025, el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo contratar créditos por hasta cuatro mil 500 millones de pesos, distribuidos en dos paquetes: uno por dos mil 300 millones de pesos y otro por dos mil 200 millones.

Aunque ambos financiamientos fueron presentados por la administración estatal como instrumentos para impulsar la economía y mantener la inversión pública, el dato revela una creciente dependencia del crédito para financiar infraestructura en un momento en que el propio Gobierno sostiene que ha aplicado una política de disciplina financiera.

La primera operación fue planteada en enero de 2025. Rocha Moya solicitó al Congreso autorización para contratar uno o más créditos por hasta dos mil 300 millones de pesos, destinados a financiar 36 obras públicas en los 20 municipios de Sinaloa como parte de su Plan de Reactivación Económica. El Congreso aprobó la operación el 10 de enero.

El argumento del mandatario fue que el Estado enfrentaba un golpe financiero por un adeudo superior a dos mil 300 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivado de sanciones relacionadas con auditorías realizadas durante la administración de Quirino Ordaz Coppel.

Rocha sostuvo entonces que el crédito permitiría cubrir ese impacto financiero sin paralizar la obra pública y aseguró que la operación no representaría un incremento descontrolado de la deuda estatal.

Incluso afirmó que al concluir su administración dejaría una deuda pública menor a la que recibió en 2021. De acuerdo con la explicación oficial presentada ante el Congreso, el Gobierno había recibido una deuda pública de alrededor de cinco mil 251 millones de pesos y proyectaba dejarla en cinco mil 145 millones.

Sin embargo, el mecanismo elegido significó recurrir a financiamiento para mantener recursos disponibles para infraestructura. El propio Gobierno informó que, de los dos mil 300 millones autorizados, en febrero de 2025 comenzó un primer proceso competitivo para contratar mil 626.9 millones de pesos, destinados a 26 obras. El informe financiero estatal reportó posteriormente que se celebraron tres contratos de crédito y que se habían dispuesto mil 85 millones de pesos.

Meses después, la administración estatal reportó que la primera etapa de mil 627 millones había sido dispuesta en su totalidad y que los 673 millones restantes se encontraban en proceso de licitación.

SEGUNDO CRÉDITO: OTROS DOS MIL 200 MILLONES

Lejos de detenerse en aquella primera operación, el Gobierno de Rocha Moya volvió a solicitar financiamiento a finales de 2025. Como parte del paquete económico para 2026, el Ejecutivo pidió autorización para contratar hasta dos mil 200 millones de pesos adicionales para obra pública. El Congreso del Estado aprobó la solicitud en diciembre de ese año.

La justificación oficial fue distinta, aunque el objetivo volvió a ser el mismo: preservar la capacidad de inversión.

Rocha explicó que el presupuesto estatal para 2026 contemplaba alrededor de mil millones de pesos para obra pública, debido a que una parte importante de los recursos tendría que destinarse al pago de deudas y pasivos heredados. El nuevo financiamiento permitiría, según el Gobierno, disponer de recursos adicionales para infraestructura.

Así, en menos de un año, el Gobierno estatal consiguió autorización legislativa para contratar hasta cuatro mil 500 millones de pesos mediante dos paquetes de financiamiento, todo ese recurso manejado desde las sombras por sus hijos, quienes controlan la Secretaría de Obras Públicas y la de Finanzas, que acaba de adjudicarse otra deuda más para sumar cinco mil 600 millones de pesos que dejarán de herencia a los sinaloenses.

LA APUESTA POR LA OBRA PÚBLICA A CRÉDITO

El discurso oficial ha sido que la deuda constituye una herramienta para evitar que la inversión pública se detenga. En enero de 2025, Rocha presentó el primer crédito como parte de un ambicioso Plan de Reactivación Económica. El Gobierno calculó una inversión global de 76 mil 902 millones de pesos, además de ocho mil 392 millones de dólares provenientes de inversión extranjera.

El crédito, sin embargo, permitió financiar una parte específica de las obras estatales mientras el Gobierno enfrentaba otras obligaciones financieras.

El propio gobernador defendió entonces la operación bajo el argumento de que no se trataba de un endeudamiento ordinario y que el financiamiento tendría como destino la infraestructura en los 20 municipios.

La administración estatal también aceleró las licitaciones. Una vez publicado el decreto de autorización, Rocha anunció que comenzaría el proceso para contratar las obras contempladas en el plan y adelantó que se solicitarían inicialmente mil millones de pesos para cubrir anticipos a las empresas constructoras.

La administración argumenta que una parte de estos recursos se destina a infraestructura productiva y que las obras generarán actividad económica, empleo y beneficios para la población.

Pero el crédito no es dinero gratuito. Cada peso financiado implica obligaciones futuras, pago de intereses y compromisos con instituciones financieras que deberán cubrirse con ingresos públicos, en teoría este préstamo le costará a cada sinaloense el estimado de mil 700 pesos.

El propio esquema aprobado para el primer financiamiento estableció como fuente de pago un porcentaje de las participaciones federales presentes y futuras correspondientes a Sinaloa. Es decir, parte de los recursos que el Estado recibirá en los siguientes ejercicios fiscales quedan comprometidos para garantizar el pago del financiamiento.