EL HUACHICOL FISCAL EXHIBE LA CORRUPCIÓN QUE CRECIÓ DURANTE EL OBRADORISMO
La institución a la que Andrés Manuel López Obrador entregó el control de los puertos y responsabilidades estratégicas del Estado mexicano terminó envuelta en una investigación por contrabando de combustible, sobornos, tráfico de influencias y presunto lavado de dinero que, hasta la fecha, el Gobierno de Claudia Sheinbaum parece tratar de esconder con alfileres tan delgados que cada vez más dejan bajo sospecha a la Armada de México que tanto se había presumido en sexenios pasados.
Por Santiago Rentería. | Edición 452
Los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, aparecen como figuras centrales de una red que habría movilizado cientos de millones de litros de hidrocarburos. La captura del llamado Capitán Sol, en octubre de 2026, volvió a colocar bajo escrutinio a los mandos navales y a quienes ejercieron el poder durante el sexenio anterior.
Durante décadas, la Secretaría de Marina fue presentada como una de las instituciones fundamentales para la seguridad nacional. Sus elementos combatían al narcotráfico, vigilaban las costas, realizaban rescates y participaban en operativos contra organizaciones criminales.
La imagen del marino representaba disciplina, honor y servicio al país.
Pero bajo esa misma estructura institucional, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), operó una red de corrupción que aprovechó posiciones de mando, relaciones familiares y el control de las aduanas para facilitar el contrabando de combustibles.
La contradicción resulta especialmente grave porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador justificó la entrega de los puertos a la Marina con el argumento de que las autoridades civiles no habían conseguido contener a la delincuencia organizada.
En junio de 2023, el propio mandatario defendió públicamente aquella decisión. Aseguró que la presencia naval permitiría recuperar instalaciones portuarias donde existían problemas de infiltración criminal.
La promesa era combatir la corrupción. Sin embargo, las investigaciones conocidas a partir de 2025 mostraron que integrantes de esa misma institución habrían utilizado su autoridad para facilitar operaciones ilícitas desde los puertos que debían proteger.
LA TRAMA
Los nombres de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna se convirtieron en piezas centrales del escándalo. El primero alcanzó el grado de vicealmirante y el segundo llegó a contralmirante. Ambos eran sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador.
De acuerdo con documentos de la investigación federal divulgados por distintos medios, los hermanos, conocidos como Los Primos, habrían construido una red que colocaba a personas de confianza en posiciones estratégicas de las aduanas marítimas.
No se trataba simplemente de permitir el paso de una embarcación.
El esquema investigado comprendía el arribo de buques, la manipulación de documentación aduanera, la clasificación irregular de mercancías, el traslado de combustibles y la presunta distribución de sobornos entre funcionarios.
Una investigación de El Universal publicada el 23 de septiembre de 2026 reveló, mediante declaraciones patrimoniales, que ambos hermanos duplicaron sus salarios durante los seis años en que su tío político encabezó la Marina y consiguieron ascensos importantes.
La FGR, por su parte, ha señalado que los hermanos utilizaban su influencia sobre nombramientos y promociones para favorecer las operaciones de la organización investigada.
EL CAPITÁN SOL: LA PIEZA CLAVE
El 2 de octubre de 2026, la detención de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como El Capitán Sol, abrió otro capítulo del escándalo. El excapitán de corbeta fue localizado y detenido en Zapopan, Jalisco, después de permanecer prófugo durante casi un año.
Las investigaciones lo identifican como uno de los presuntos operadores fundamentales de la organización vinculada con los hermanos Farías Laguna.
Su función, según las indagatorias, habría consistido en reclutar personal, gestionar nombramientos en las aduanas, coordinar operaciones portuarias y distribuir recursos procedentes de sobornos.
EL HIJO DE AMLO
Uno de los aspectos políticamente más delicados de la investigación es la aparición del nombre de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, hijo del expresidente de México.
De acuerdo con publicaciones de Reforma, Infobae y otros medios que han dado a conocer testimonios ministeriales, dos antiguos funcionarios aduanales refirieron conversaciones en las que el Capitán Sol habría mencionado a Andy o al hijo del entonces presidente.
Uno de esos episodios se relaciona con el buque Torm Agnes, cuya operación en el puerto de Guaymas, Sonora, habría enfrentado problemas ante la posibilidad de una inspección.
Según la declaración de un testigo, Solano Ruiz habría asegurado que intervendrían ante el secretario de Marina para comunicarle que se trataba de un asunto relacionado con Andy.
El señalamiento es relevante porque muestra cómo el nombre de un integrante de la familia presidencial pudo ser utilizado como supuesto instrumento de influencia dentro de una operación investigada por contrabando.
La FGR sostuvo en agosto de 2026 que no contaba con elementos probatorios suficientes para abrir una investigación penal contra López Beltrán por estos hechos.
EL MARINO QUE DENUNCIÓ LA CORRUPCIÓN Y TERMINÓ ASESINADO
La trama adquiere una dimensión todavía más grave con el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar. En noviembre de 2024, Guerrero Alcántar fue atacado a balazos cuando circulaba por Manzanillo, Colima.
Antes de su muerte, había denunciado presuntas irregularidades y movimientos de personal relacionados con la estructura que posteriormente sería investigada por huachicol fiscal.
De acuerdo con información publicada por El País, basada en reportes sobre la investigación federal, las autoridades exploraron la posible relación entre el homicidio y las denuncias que el marino había realizado. Todo quedó en nada.
También se examinó una eventual conexión con el asesinato de Magaly Nava Ramos, trabajadora de la Fiscalía en Colima.
El Gobierno de López Obrador amplió considerablemente las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en actividades tradicionalmente administradas por instituciones civiles.
No obstante, las investigaciones sobre el huachicol fiscal muestran los riesgos que surgen cuando funcionarios con autoridad operativa pueden influir sobre los controles que deberían vigilarlos. La captura del Capitán Sol representa un avance en la investigación, pero no resuelve por sí sola esas interrogantes.