La vinculación a proceso del exgobernador Ernesto Ruffo reactivó las investigaciones sobre el huachicol fiscal, una red de contrabando de combustibles que, según distintas indagatorias, involucra a empresarios, exfuncionarios y personajes ligados al poder político durante los últimos años.

Por David Fuentes M.

La vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, representa el derrumbe de uno de los personajes fundacionales del panismo. 

El primer gobernador que tuvo la oposición en México se encuentra actualmente recluido en el penal federal del Altiplano, acusado de delitos graves como delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación federal en materia de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ruffo y otros involucrados habrían participado en un esquema para introducir combustibles al país mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas, ocultando el volumen real de gasolina y diésel o registrándolos bajo otras categorías para evadir impuestos.

El expediente atribuye un daño multimillonario a la Hacienda Pública y señala a la empresa Ingemar como una de las piezas centrales de la presunta operación. La defensa del exgobernador rechaza las acusaciones y sostiene que no existe una prueba directa que acredite su responsabilidad, por lo que el proceso apenas entra a su etapa judicial.

El caso Ruffo es otro eslabón más de una larga cadena que incluye a empresarios, exfuncionarios aduanales, mandos de la Secretaría de Marina, empresarios, operadores logísticos, funcionarios públicos y políticos que desde 2025 han sido señalados por la FGR y por distintas investigaciones periodísticas de robo de hidrocarburos.

LOS DECOMISOS MÁS GRANDES

Durante 2025 comenzaron a registrarse algunos de los mayores decomisos de combustible de los últimos años, entre ellos la incautación de millones de litros de diésel en Tamaulipas. Aquellos operativos han derivado en algunas detenciones, entre ellas, la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del exsecretario de Marina en el sexenio pasado, José Rafael Ojeda Durán.

El llamado huachicol fiscal representa una evolución del robo tradicional de combustibles. A diferencia de la extracción ilegal directamente de los ductos, este esquema utiliza operaciones de comercio exterior para introducir hidrocarburos mediante documentación falsa o subvaluada, evadiendo impuestos como el IEPS y el IVA.

HUACHICOL INCREMENTADO CON AMLO

Paradójicamente, el escándalo estalló después del sexenio que prometió erradicar el huachicol. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia en diciembre de 2018 declaró la guerra al robo de combustibles. Cerró ductos de Pemex, desplegó miles de militares y aseguró que el problema prácticamente había desaparecido.

La estrategia provocó desabasto en diversas regiones del país, pero el mensaje político fue contundente: el nuevo gobierno aseguraba haber derrotado uno de los negocios criminales más lucrativos de México.

Pero mientras el gobierno lopezobradorista celebraba una presunta disminución en el robo de combustible mediante tomas clandestinas, comenzó a crecer una modalidad mucho más sofisticada: el llamado huachicol fiscal.

Las organizaciones ya no necesitaban perforar ductos. Ahora utilizaban buques, ferrotanques, empresas importadoras, agentes aduanales y complejas operaciones de comercio exterior para introducir combustible al país.

En 2020, el gobierno federal entregó a la Marina el control de puertos y aduanas. La decisión fue presentada por el expresidente López Obrador como una medida para cerrar el paso a la corrupción y al contrabando.

Cinco años después, las propias investigaciones federales dejaron claro que aquella operación ordenada por el expresidente solo había servido para que el negocio del huachicol a gran escala quedara en manos de exfuncionarios aduanales y mandos navales.

Pero el punto de quiebre llegó en marzo de 2025.

En el puerto de Tampico, fue asegurado el buque Challenge Procyon, que transportaba alrededor de diez millones de litros de diésel introducidos mediante documentación irregular.

Aquella operación abrió una cadena de investigaciones que posteriormente condujeron a nuevos aseguramientos, entre ellos más de quince millones de litros en Coahuila, millones de litros adicionales en Tamaulipas y múltiples operativos ferroviarios relacionados con el ingreso ilegal de combustibles procedentes de Texas.

EL SACRIFICADO

Dentro de esa misma ofensiva apareció el nombre del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, señalado desde septiembre de 2025 por sus vínculos con la empresa Ingemar, relacionada con el huachicol fiscal en distintas investigaciones federales.

La Fiscalía sostiene que el exgobernador participó en la estructura directiva de la empresa Ingemar utilizada para introducir combustibles mediante declaraciones falsas o incompletas. Según la acusación, la organización mantenía relaciones comerciales con diversas compañías estadounidenses.

La FGR calcula que solamente esa operación provocó un daño superior a cuatro mil millones de pesos a la Hacienda Pública. Su defensa, por el contrario, sostiene que únicamente era accionista minoritario y que no existe una sola prueba directa que demuestre su participación en los delitos imputados.

Pero el nombre del panista no puede desligarse del de otros políticos de Morena que también han sido señalados de integrar poderosas redes de huachicol fiscal y a los que no se les ha tocado.

LAS REDES

No se puede desligar al partido Morena del nombre de Sergio Carmona Angulo, empresario tamaulipeco asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León, quien era conocido como El Rey del Huachicol debido a que era uno de los principales operadores del contrabando de combustibles a través de la frontera de Tamaulipas.

Las ganancias derivadas de ese negocio habrían permitido a Sergio Carmona financiar distintas campañas de Morena, entre ellas las de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y Américo Villarreal en Tamaulipas.

La relación entre ambos se remonta a la etapa en que Villarreal era senador, periodo en el que, según diversas investigaciones, el empresario facilitó recursos logísticos y aeronaves para actividades políticas. La conexión con Sinaloa se fortaleció durante la campaña de Rocha en 2021, coordinada políticamente por Villarreal, una cercanía que quedó reflejada en la frase pronunciada por el hoy gobernador sinaloense durante su toma de protesta: “Ya te lo pagaré en Tamaulipas, Américo”.

Otro de los nombres que ha aparecido con mayor frecuencia en diversas investigaciones sobre huachicol fiscal es el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Diversas publicaciones sostienen que otra de las redes de huachicol habría estado integrada por una red de funcionarios, exfuncionarios y colaboradores cercanos a López Beltrán que habrían ocupado posiciones estratégicas en Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Los reportes sostienen además que una parte de los recursos obtenidos mediante esas operaciones habría sido utilizada para actividades políticas y electorales.

Entre los nombres mencionados en esos reportes aparece Daniel Asaf, quien durante años formó parte del círculo más cercano del expresidente López Obrador como jefe de la Ayudantía Presidencial. También figura Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex durante todo el sexenio anterior y actualmente titular del Infonavit.

Otra línea de investigación mencionada públicamente apunta hacia el exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López Hernández. Investigaciones desarrolladas en Estados Unidos, particularmente en Texas, analizan una presunta estructura integrada por funcionarios, empresarios y operadores relacionados con el contrabando internacional de combustibles, entre los cuales estaría el exgobernador de Tabasco.

En esa misma relación de nombres también aparecen Mario Delgado, Alfonso Romo, Alfonso Durazo, Alfredo Ramírez Bedolla, Indira Vizcaíno, Marina del Pilar, José Ramón Gómez Leal, Olga Sosa Ruiz y Erasmo González, entre otros actores políticos que formarían parte del universo de personas cuya actuación estaría siendo revisada por las autoridades estadounidenses en el contexto de investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal.

Según esa versión, uno de los operadores centrales de la red sería Roberto Blanco Cantú, expropietario de Miss Universo, conocido como El Señor de los Buques, señalado como enlace entre empresarios, agentes aduanales, operadores portuarios y organizaciones criminales que, presuntamente, utilizaron empresas fachada y redes de comercio exterior para introducir hidrocarburos mediante documentación falsa, evadiendo el pago de impuestos y aprovechando la infraestructura portuaria y aduanera.

El nombre de Mario Delgado, entonces dirigente nacional de Morena, también aparece en diversos reportes relacionados con Carmona. Esas publicaciones señalan que habría utilizado aeronaves contratadas o pagadas por el empresario durante actividades políticas en 2021 y que su nombre figura en declaraciones ministeriales y otros documentos periodísticos sobre la red de relaciones construida por Carmona.

Las investigaciones también incorporan el testimonio de la exdelegada de Bienestar en Sinaloa, Jocelyn Hernández Jiménez, quien afirmó que durante la campaña de Rubén Rocha Moya llegaban maletas con dinero en efectivo a la casa de campaña y que existían operadores vinculados con esas entregas.

El caso Ruffo podría ser apenas el primer eslabón visible de una de las mayores redes de contrabando de combustibles descubiertas en México. La diferencia entre un verdadero combate al huachicol fiscal y un ajuste de cuentas político dependerá de que las investigaciones alcancen por igual a todos los involucrados, sin importar el partido, el cargo o la cercanía con el poder. Solo entonces podrá saberse si la justicia persigue una red criminal... o únicamente eligió a su primer sacrificado.