En Sinaloa, legisladores locales y federales comparten una constante: más interés en escalar políticamente que en resolver los problemas de fondo. Mientras la ciudadanía enfrenta una crisis de seguridad y deterioro económico, el Congreso del Estado opera como una maquinaria de trámite que aprueba sin resistencia las decisiones del Ejecutivo encabezado por Rubén Rocha Moya, incluyendo endeudamientos millonarios sin controles estrictos de rendición de cuentas. En ese contexto, el Palacio Legislativo se consolida como un espacio de negociación política y ambición personal.
Por Santiago Rentería.
En medio de una crisis de violencia que no cede y con una economía golpeada, la clase política sinaloense parece tener otras prioridades. Lejos de impulsar reformas estructurales o atender los problemas más urgentes de la población, diputados locales de la 65 Legislatura y legisladores federales han comenzado a perfilar sus aspiraciones rumbo al proceso electoral de 2027.
Se trata de más de una docena de perfiles —de distintos partidos— que, sin resultados legislativos relevantes que respalden su gestión, ya contemplan solicitar licencia para buscar otro cargo. El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más evidente: el Congreso como trampolín político.
Mientras tanto, la ciudadanía continúa enfrentando los efectos de la violencia derivada de disputas entre grupos del crimen organizado. En casi de dos años, esta situación ha dejado miles de familias afectadas y ha impactado severamente la actividad económica en distintas regiones del estado. En colonias y comunidades, las pintas en bardas y el descontento social reflejan el hartazgo hacia una clase política percibida como distante y oportunista.
UN LEVANTADERO DE MANOS
En ese contexto, los movimientos dentro de Morena son los más visibles. Figuras como Serapio Vargas han manifestado abiertamente su intención de contender por la alcaldía de Culiacán, aunque su desempeño legislativo ha sido cuestionado. En tribuna, su discurso ha estado más orientado a alinearse con figuras de su partido que a construir una agenda propia.
La vez pasada desató polémica al subir a tribuna junto con el diputado Pedro Lobo, otro legislador del mismo partido improductivo y quien ha pretendido eternizarse en el cargo al cursar su tercer periodo, y se encadenó de manos, cubriéndose la boca con cinta adhesiva, en supuesta protesta por no incluir la palabra “gobernadora” en la Constitución del estado, pero ignorando los feminicidios y la violencia contra la mujer.
Por otro lado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, es otro de los perfiles que ha adelantado sus aspiraciones. Desde 2025 ha expresado su interés por la gubernatura y ha desplegado una intensa actividad territorial que, bajo la figura de “asambleas informativas”, ha sido señalada por sus críticos como proselitismo anticipado. Estas giras, que incluyen la entrega de apoyos sociales como despensas, han generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Otros nombres dentro de Morena también se mueven en el tablero político: Ambrocio Chávez busca posicionarse para la alcaldía de Salvador Alvarado; Pedro Lobo apunta a Culiacán; mientras que Verónica Avilés Rochín, Juana Minerva Vázquez y Manuel de Jesús Guerrero Verdugo proyectan competir por Badiraguato, Ahome y Mazatlán, respectivamente.
En la oposición, aunque con menor visibilidad, también hay movimientos. En el PAN, Roxana Rubio busca posicionarse como aspirante a la gubernatura, en un escenario donde el partido enfrenta debilidad estructural. Su estrategia ha incluido denuncias contra la senadora Imelda Castro por presuntos actos anticipados de campaña, un caso que ha pasado por instancias electorales y refleja la disputa temprana por el poder.
Su compañero de bancada, Jorge González, también ha levantado la mano para la alcaldía de Culiacán. En el PRI, aunque con mayor discreción, perfiles como Bernardino Antelo y Paola Gárate buscan mantenerse vigentes en un partido que aún intenta reconfigurarse.
Por su parte, en Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda ha manifestado su interés por competir por la capital del estado, en un contexto marcado por el atentado que sufrió junto a su dirigente Sergio Torres, hecho que aún pesa en el escenario político local.
EL FRENTE FEDERAL
En el ámbito federal, las aspiraciones no son menores. La diputada Graciela Domínguez Nava busca posicionarse como candidata al gobierno estatal, pese a cuestionamientos sobre su desempeño legislativo en San Lázaro. En paralelo, Jesús Ibarra ha comenzado a construir su propio proyecto político, distanciándose gradualmente de grupos internos.
Alrededor de Imelda Castro orbitan otros perfiles como Merary Villegas Sánchez y Olegaria Carrasco Macías, en una configuración de bloques que anticipa una contienda interna intensa dentro de Morena.
UN CONGRESO SIN CONTRAPESOS
Más allá de los nombres, el fondo del problema radica en el papel que ha asumido el Poder Legislativo en Sinaloa. Lejos de fungir como contrapeso del Ejecutivo, el Congreso local ha sido señalado por su falta de independencia, aprobando iniciativas clave —incluidos endeudamientos— sin mayor debate ni mecanismos robustos de fiscalización.
Nada más en el último año le han aprobado a Rubén Rocha Moya dos mega préstamos, por el total de cuatro mil 500 millones de pesos para hacer obra pública, todo porque el dinero ordinario se va en pagar las deudas de Quirino Ordaz Coppel y Mario López Valdez, ex gobernadores que gozan de impunidad.
Así, mientras la agenda pública exige respuestas en materia de seguridad, desarrollo económico y transparencia, la clase política parece concentrada en la disputa por candidaturas. La “rebatinga” apenas comienza, pero sus efectos ya se sienten en un estado donde la política avanza más rápido que las soluciones.