Mientras Morena abrió el proceso para decidir quién encabezará la candidatura a la gubernatura de Sinaloa en 2027, la entidad llega a esta nueva disputa política inmersa en una de las crisis de seguridad, económica y social más profundas de las últimas décadas.

Por David Fuentes M.

La competencia interna comenzó con el registro de 13 aspirantes, varios de ellos integrantes del círculo del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien se ha convertido en símbolo de la corrupción morenista, aunque desde Palacio Nacional sigue teniendo respaldo.

Entre los registrados aparecen la senadora con licencia Imelda Castro Castro (quien fue fórmula de Rocha en el proceso electoral de 2018), la diputada Graciela Domínguez Nava (quien fue secretaria de Educación en el gobierno rochista), y María Teresa Guerra Ochoa (quien fue su secretaria de las Mujeres antes de mandarla a presidir el congreso estatal). 

El proceso interno comenzó cuando Sinaloa todavía enfrenta las consecuencias de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa iniciada en septiembre de 2024, un conflicto que modificó por completo la vida cotidiana del estado y que convirtió a Culiacán en el epicentro de los enfrentamientos.

Desde entonces, los indicadores de violencia registraron un crecimiento sin precedentes. En 17 meses de conflicto se contabilizaron alrededor de dos mil 425 homicidios dolosos. Tan sólo en septiembre de 2024, cuando estalló la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza, los asesinatos aumentaron 222 por ciento respecto al mes anterior, al pasar de 44 víctimas en agosto a 142 en septiembre.

Durante 2025 se registraron mil 656 homicidios dolosos, la cifra anual más alta en al menos catorce años y más del doble de los 655 asesinatos registrados durante los últimos cuatro meses de 2024. Aunque durante 2026 algunos indicadores muestran ligeras disminuciones respecto al año anterior, la incidencia permanece muy por encima de los niveles previos al conflicto.

LAS CIFRAS EVIDENTES

El deterioro también quedó reflejado en el Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, donde Sinaloa apareció como el segundo estado menos pacífico del país y el que presentó el mayor deterioro nacional durante el último año. El informe atribuye ese desplome al incremento de homicidios, enfrentamientos armados, desapariciones, extorsiones y violencia derivada del conflicto entre las principales facciones del crimen organizado.

Las desapariciones constituyen otra de las expresiones más visibles de la crisis. Diversos registros citados por organismos civiles estiman que más de tres mil personas permanecen desaparecidas desde el inicio de la confrontación, mientras miles de familias han abandonado sus comunidades por motivos de seguridad. El propio Gobierno del Estado reconoce un padrón cercano a tres mil personas desplazadas que actualmente reciben algún tipo de apoyo institucional.

La transformación de la vida cotidiana puede observarse también en las calles. Antes del conflicto, Sinaloa registraba un promedio cercano a 1.3 homicidios diarios. Posteriormente esa cifra llegó hasta 4.8 asesinatos por día. Aunque durante 2026 el promedio disminuyó, continúa muy por encima del registrado antes del estallido de la violencia.

La militarización tampoco ha logrado modificar de manera significativa ese panorama. Desde septiembre de 2024 el Gobierno Federal desplegó alrededor de 15 mil 790 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerzas Especiales en distintos municipios del estado. Sin embargo, los homicidios, los robos y las desapariciones continuaron acumulándose mientras la presencia militar se volvió parte del paisaje cotidiano de ciudades como Culiacán.

Uno de los delitos que más impacto ha tenido sobre la población es el robo de vehículos. Desde el inicio del conflicto se han robado más de diez mil automóviles y el promedio diario prácticamente se triplicó, pasando de alrededor de siete unidades antes de la guerra a casi veinte robos diarios durante 2026. Cerca de seis de cada diez casos se concentran únicamente en Culiacán.

ECONOMÍA EN PICADA

La violencia también comenzó a reflejarse en los indicadores económicos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el miedo redujo la movilidad de la población, contrajo el consumo y provocó una disminución generalizada en las ventas de cientos de establecimientos.

Ante ese escenario, el organismo empresarial solicitó al Gobierno estatal declarar una emergencia económica para facilitar apoyos financieros y fiscales a las empresas. La petición surgió después de que numerosos negocios reportaran dificultades para sostener operaciones y conservar empleos.

Las cifras recopiladas por Coparmex muestran la magnitud del deterioro. Entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026 Sinaloa perdió más de 44 mil empleos de todo tipo. En el mismo periodo desaparecieron más de 27 mil puestos formales registrados ante el IMSS y dejaron de operar dos mil 303 patrones, indicador que refleja el cierre de miles de empresas y establecimientos.

El organismo empresarial sostiene que la inseguridad se convirtió en el principal obstáculo para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades económicas. Incluso señaló que algunos inversionistas optaron por trasladar sus proyectos hacia otras entidades debido al clima de violencia.

La percepción ciudadana tampoco favorece al gobierno saliente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, Sinaloa ocupa el segundo lugar nacional en percepción de corrupción estatal. El 84.8 por ciento de la población considera frecuentes los actos de corrupción dentro del gobierno, casi diez puntos por encima del promedio nacional.

Y AUN ASÍ EN CAMPAÑA

En medio de ese escenario comenzaron también los movimientos políticos rumbo a 2027. Varios de los aspirantes morenistas procuraron tomar distancia de Rubén Rocha Moya, luego de los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses y de las investigaciones que derivaron en su solicitud de licencia. Otros insistieron en que Morena es un proyecto político que trasciende a una sola persona y expresaron confianza en conservar la gubernatura.

La contienda interna de Morena, sin embargo, inicia mientras el estado enfrenta una realidad marcada por homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado, robos de vehículos, cierre de empresas, pérdida de empleos, disminución de inversiones y una percepción creciente de inseguridad. Ese será el escenario sobre el que los sinaloenses deberán decidir quién gobernará la entidad durante el próximo sexenio.