Culiacán, Sinaloa – 7 de abril de 2025. La madrugada de este lunes, durante unun nuevo episodio de terror sacudió a Sinaloa, nueve personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas ataque armado al centro de rehabilitación “Shaddai”, en la colonia Colinas de San Miguel, en Culiacán. Horas después, se confirmó la privación ilegal de la libertad de Guillermo Rodríguez Gaxiola, director del lugar y activista por la atención de las adicciones en el estado.
El ataque no solo evidencia la brutalidad del crimen organizado, sino también el vacío de protección institucional en espacios donde debería prevalecer la reintegración social. Más grave aún: la agresión no fue contra un centro improvisado o irregular, sino contra uno legalmente registrado y supervisado por la Secretaría de Salud.
“Rafaguearon porque nadie les respondió que sí”: Rocha Moya
Durante su conferencia semanal, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que la Fiscalía investiga los hechos y declaró que este es ya el séptimo ataque a un centro de rehabilitación en Sinaloa. Reconoció que los agresores buscaron a personas específicas: “Preguntaron que si era de algún grupo (delictivo) ... nadie respondió, y entonces rafaguearon”, dijo.
El mandatario subrayó que, a diferencia de muchos centros que operan en la clandestinidad —154 de 256, según datos oficiales—, el lugar atacado contaba con regulación. Pero lejos de ofrecer respuestas concretas o medidas de contención, su mensaje pareció normalizar la violencia: como si lo verdaderamente preocupante fuera que esta vez ocurrió en un centro “legal”.
Secuestran a activista frente a su familia
Poco después del ataque, se reportó la desaparición de Guillermo Rodríguez Gaxiola, presidente de la asociación civil “Un Movimiento para Sinaloa sin Adicciones” y propietario del corporativo “Renace”, al que pertenece el centro Shaddai.
Según testimonios, alrededor de las 3:00 de la mañana, hombres armados irrumpieron en su domicilio y, frente a su familia, lo obligaron a subir a uno de sus propios vehículos. Desde entonces, se desconoce su paradero. La Fiscalía ha emitido una ficha de búsqueda, mientras la comunidad de centros de rehabilitación y organismos civiles expresan temor y exigencias de acción inmediata.
Centros en la mira, mientras el Estado mira hacia otro lado
La ola de ataques contra espacios dedicados a la rehabilitación de adicciones parece no tener freno, y la respuesta institucional sigue siendo reactiva y tardía. Los centros, lejos de contar con medidas preventivas o acompañamiento, operan en una zona gris: o se les permite funcionar sin regulación, o se les abandona a su suerte, incluso cuando están registrados.
El caso de Rodríguez Gaxiola es particularmente grave: se trata de un referente estatal en la lucha contra las adicciones, que ahora ha sido secuestrado sin que hasta ahora se conozca su situación, ni se haya emitido una postura clara del gobierno estatal más allá del conteo de víctimas.
¿Quién protege a quienes intentan rehabilitar?
La pregunta es obligada: si ni los espacios legalmente reconocidos ni sus dirigentes están a salvo, ¿quién garantiza el derecho a la salud y a la seguridad de las personas que buscan salir de una adicción?
Lo ocurrido este 7 de abril no es un hecho aislado. Es un síntoma de una estrategia fallida, de un estado que permite que el crimen organizado imponga el miedo incluso en los lugares donde debería florecer la esperanza.