Con apenas 2 mil 56 votos obtenidos en la pasada contienda electoral, Luis Guillermo Benítez Torres perdió toda posibilidad de convertirse en diputado local en el Congreso de Sinaloa, lo que hubiera significado para él una endeble tabla de salvación en medio del vendaval judicial que enfrenta.

Por Redacción.

Aunque hubiera ganado un lugar en la próxima legislatura, el fuero constitucional como diputado no es eterno y tampoco está a salvo de excepciones, ya que como vimos en el caso de Jesús Estrada Ferreiro, la Fiscalía General del Estado habría podido formular una solicitud de procedencia al Congreso para retirarle ese privilegio legal.

Actualmente, “El Químico” Benítez y funcionarios de su administración municipal son procesados como presuntos responsables del delito de ejercicio indebido de la función pública en dos casos graves de corrupción: la adquisición irregular de vehículos en 2022 para rifarlos el Día de la Madres y el otorgamiento de contratos millonarios por adjudicación directa a la empresa Azteca Lighting.

Por este último caso, Benítez Torres y sus ex funcionarios enfrentan seis demandas interpuestas por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM) ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Es una demanda por cada uno de los seis contratos que entre 2020 y 2022 entregaron por adjudicación directa a la empresa Azteca Lighting, lo cual suma un monto total de 545 millones de pesos.

De esos seis contratos, solo el último no se pagó completo, ya que de los 400 millones de pesos pactados en el contrato por la adquisición de 2 mi l139 luminarias led, solo se entregó un adelanto de 60 millones de pesos, cantidad que no ha sido devuelta al Municipio pues la empresa Azteca Lighting promovió un juicio de nulidad.

En su defensa, “El Químico” Benítez señala que en ningún caso se cometió daño al erario público, pues en los primeros contratos con la empresa todas las luminarias fueron entregadas e instaladas, mientras que en el último contrato por el cual se pagó el millonario adelanto, existe una fianza de 120 millones de pesos por incumplimiento.

Sin embargo, la Fiscalía indica que está realizando una investigación pues existe la sospecha de que en los primeros cinco contratos con Azteca Lighting hubo sobreprecio en la adquisición de las luminarias.

Pero el caso de esta empresa no es el único que mantiene al Químico entre la espada y la pared. Está también el caso de Nafta Lubricantes, empresa que denunció al ayuntamiento de Mazatlán desde 2014 por daño patrimonial.

Fue en 2012 cuando esta empresa, propiedad del grupo ArHe, obtuvo un permiso del ayuntamiento encabezado por Alejandro Higuera Osuna para la construcción una gasolinera en una zona habitacional, a dos cuadras del malecón, lo que estaba prohibido por la regulación de uso de suelo en el municipio.

Los vecinos de la colonia se inconformaron y le ganaron una demanda al ayuntamiento para impedir que se construyera dicha gasolinera. Fue entonces que la empresa demandó al ayuntamiento. Dos años después, en junio de 2016, el Tribunal resolvió a favor de la empresa Nafta Lubricantes y condenó al Municipio a pagar la cantidad de 141.8 millones de pesos.

La “bolita” se la estuvieron pasando todas las administraciones municipales hasta que El Químico Benítez llegó a la presidencia y fue durante su administración que se cubrió la deuda tanto con dinero como con terrenos propiedad del municipio.

Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, el gobierno encabezado por el Químico cometió faltas administrativas graves por “atribuciones que no le corresponden”.

En diciembre de 2018, al inicio de su periodo de gobierno, Luis Guillermo Benítez Torres firmó un convenio de colaboración con Juan José Arellano Hernández, representante de NAFTA que obligaba al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar los 141 millones 802 mil pesos por la demanda perdida, más la cantidad que resulte por concepto de intereses, recargos y actualizaciones.

“Al firmar se presume que incurrió en faltas administrativas graves por atribuciones que no le corresponden, ya que este trámite es facultad del Síndico Procurador en turno, de acuerdo al Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. En este caso Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control, habría cometido también faltas administrativas graves al no cumplir con lo establecido en el Artículo 91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, donde establece que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de auditorías o, en su caso, de auditores externos”.

Por lo anterior, el OCM presentó en 2021 una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presuntas faltas administrativas graves que involucra a 17 servidores públicos y ex funcionarios de cuatro administraciones municipales, así como la implicación de dos abogados particulares.

Esa denuncia se suma a la que presentó el propio alcalde de Mazatlán, Édgar González (secretario del Ayuntamiento con Benítez Torres) para resarcir el daño al erario de la comuna por la cantidad millonaria que se pagó a la empresa Nafta.

En un video publicado en marzo pasado, a más de un año de haber renunciado a su cargo como secretario de Turismo, El Químico reapareció en un video en el que lanzaba acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha, al que señalaba de operar una persecución política en su contra.

Luego se dio a conocer que el ex alcalde había obtenido una candidatura a una diputación local por el PT, partido que inesperadamente cayó en manos de Jesús Estrada Ferreiro, quien invitó al Químico a formar una especie de dúo político para sumar votos de los agraviados por el actual gobierno de Rubén Rocha.

Sin embargo, la estrategia no pegó. Sin la marca Morena, el Químico no logró ganar la elección y solo puso de manifiesto que es un desahuciado político.