El pleno de la Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma a diversos artículos de la carta magna en materia de revocación de mandato y consulta popular, luego de que fue avalada por 17 congresos estatales.
“El Congreso […] previa aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato”, señaló la diputada Dolores Padierna.
La declaratoria se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales, que consisten en hacer la misma declaratoria, a fin de turnarla posteriormente al Ejecutivo federal para su promulgación.
La vicepresidenta de la mesa directiva en funciones de presidenta pidió a la secretaria de la Mesa, Karla Yuritzi Almazán Burgos, informar cuáles fueron las 17 legislaturas estatales que dieron sus votos aprobatorios.
Dichos votos corresponden a los estados de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala; también informó que el Congreso de Guanajuato votó contra la reforma.
A nombre de los diputados de Morena, María del Carmen Bautista Peláez expresó que la consulta popular es una herramienta de la democracia directa que empodera a las y los ciudadanos, y la revocación de mandato será un derecho ciudadano. “Ambas devolverán la confianza de las y de los mexicanos en la democracia”.
La diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, expresó que con esta reforma se avanza en materia de participación ciudadana directa; sin embargo, preocupan las limitaciones, ambigüedades e indefiniciones que persisten.
Dijo que en 2021 el INE no sólo será el encargado de las elecciones federales sino que podrá recibir la petición para revocar el mandato del presidente, pero ¿cómo lo hará si se le recortó el presupuesto?
A su vez Edgar Guzmán Valdéz, diputado de Encuentro Social, subrayó que con esa declaratoria se perfecciona una figura jurídica de reciente incorporación al ordenamiento y se incorpora en su totalidad una nueva figura que, en términos prácticos, fortalece los derechos políticos de los mexicanos.