A casi una década de que cientos de familiares empezaron a ser desplazadas de los pueblos serranos de Sinaloa, todavía siguen estando en la indefensión por parte de las políticas públicas del Estado mexicano, el cual se ha empeñado en invisibilizar esta problemática social. En la entidad, el único resquicio que parece operar a favor de estas personas que sufrieron el desplazamiento forzado debido a la violencia, es el grupo parlamentario de Morena en el Congreso, pues desde el año pasado ha buscado que se asigne un presupuesto gubernamental para paliar las injusticias que a lo largo de los años han padecido, pero aunque se otorguen apoyos, las medidas resultan insuficientes para retornar a todas esas familias desterradas a las condiciones de dignidad y oportunidad. Es el martirio de los desplazados de Sinaloa.
Por Santiago Rentería
Es enero de 2020 y Esperanza Hernández Lugo se siente atrapada por la nostalgia del terruño. Recuerda cómo después de un intenso día de trabajo en su comunidad de Ocoragüe, Sinaloa de Leyva, se sentaba a saborear una rica taza de café en el porche de su casa acompañada de sus hijos, al mismo tiempo en que escuchaban la radio el programa “De la Sierra a la Costa”.
Por las noches, rememora los cielos de la sierra cuajados de estrellas, que parecían tan cercanas que podían tocarse con sólo treparse a la lomita. Hurgando entre sus recuerdos, también encuentra que aquel silencio era interrumpido por las cornetas del camión de pasajeros El Chipilón que anunciaba su llegada al pueblo, después de trastumbar los caminos sinuosos de la sierra.
“Cansados pero satisfechos disfrutábamos el olor de los floripones cargados de flores mezcladas con el olor a pino, esos aromas que te llenan los sentidos y te llegan al alma, mientras allá a lo lejos, entre el monte, se escucha el arrullador canto arrullador del corcobe”, escribe Esperanza en una reflexión de principios de enero.
“Bendita sierra que me diste tanto, aunque ahora nada sea mío, pero estos recuerdos nadie me los podrá arrebatar, tampoco la esperanza y el anhelo de regresar un día y por eso seguiré luchando con todas mis fuerzas”, relata.
Desde hace más de ocho años, Hernández Lugo abandonó su idílico pueblo en la sierra de Sinaloa de Leyva para iniciar el largo y tortuoso camino del desplazamiento forzado, ignorada muchas veces por las autoridades, pero encontrando eco en voces ciudadanas.
Ella, junto con su familia, fueron testigos de cómo aquella tierra entre pinos y campos de amapola se tiñeron de sangre, y actualmente permanecen en el destierro. Aunque ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una resolución desde 2017 confirmando que ella, su familia y cientos de personas de su municipio y de Choix son víctimas de este delito no reconocido oficialmente, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel (como lo hizo en su momento el de Mario López Valdez) continúa revictimizando a los desplazados.
Quirino no quiere soltar presupuesto
Y la revictimización empieza cuando un gobierno los despoja del reconocimiento oficial. El año pasado, gracias a que el Congreso del Estado, en su mayoría morenista, reasignó un presupuesto de 30 millones de pesos, por primera vez se reconoció la afectación que han sufrido miles de familias desplazadas de la sierra.
Esperanza Hernández Lugo, en entrevista para DeprimeraNoticias, reconoce que es sólo un avance, ya que los recursos estatales asignados tanto el año pasado como este 2020 son insuficientes para atender la problemática, además que asegura que parte de los 30 millones de 2019 se destinaron a familias no reconocidas como desplazadas.
“Se han estado formando grupos de personas que no son desplazadas por la violencia y a las que se les dio recurso, y nosotros que sí somos reconocidos (en la resolución de la CNDH), se nos dio muy poco”, cuenta la mujer que se volvió activista de esta causa.
De esta manera, Hernández Lugo refiere que además el gobernador Ordaz Coppel repartió de manera inequitativa el recurso reasignado por el Congreso del Estado, ya que la mayor parte se fue hacia el sur del estado, sobre todo Concordia y El Rosario.
“Unos grupos amenazaron con bloquearles los hoteles al gobernador en Mazatlán si no bajaban los apoyos, pero no sé si este fue el motivo de que se les diera más a ellos”, comenta.
Otra cosa que le preocupa, dice, es que el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez anunció que se contaban con terrenos para fincar viviendas para las familias desplazadas, pero los afectados no cuentan con información sobre la compraventa de dichos terrenos.
Prácticamente gobierno no les informa nada. En cambio, de nueva cuenta el gobernador, en su propuesta de Presupuesto para el 2020, no volvió a incluir a este grupo social vulnerable, lo que exhibe que no quiere reconocer como suyo esta problemática social.
Será para vivienda
De los pocos funcionarios estatales que han hablado del tema, es Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social, quien ha mencionado el tema de la vivienda. Sin embargo, pese a que este es el segundo año que se reasigna presupuesto estatal directamente del Congreso del Estado, el recurso es insuficiente desde el punto de vista de Madrid Pérez.
Explicó que los avances que se pueden generar con este recurso es materializar acciones concretas que van encaminadas a vivienda y continuar gestionando recursos en gobierno federal.
Además de arrancar proyectos que tienen en estudio, los cuales serán consensados con los desplazados, para tomar las decisiones en conjunto y en beneficio de ellos. Hasta el momento tienen el registro de mil 975 familias que por diversos motivos han decidido dejar sus hogares para trasladarse a otro lugar, con quienes realizan los consensos necesarios.
Precisó que la mayoría de los desplazados son originarios de la zona sur del estado como la zona serrana de El Rosario y Concordia, mientras que el resto son de Badiraguato, Sinaloa de Leyva, Choix y El Fuerte.
En cuanto a la adquisición de terrenos en el norte y sur del estado, comentó que se está por añadir la zona centro, en donde en los próximos días se llevará a cabo la primera reunión intersecretarial con la representación del grupo de desplazados, para ir marcando las prioridades y la dispersión de acciones de vivienda.
“Ya tenemos un pedazo de tierra, entonces ya podemos pensar en dispersar acciones de vivienda, este recurso aprovecharlo en esa parte, a lo mejor comprar algún otro terreno en la parte que nos falte y seguir gestionando en el gobierno federal”, externó Madrid Pérez.
En Mazatlán cuentan con alrededor de 250 lotes, en Choix son 100 y en el caso de la zona centro-norte, consideran obtener 200 lotes. Junto con la Universidad Autónoma de Occidente se ha estado levantando un censo de familias desplazadas, ya que hay casos que no están incluidos, sobre todo los más recientes o incluso los más antiguos que datan de 2011.
Mientras tanto, Esperanza Hernández asegura que seguirá esperando a que este año se apliquen los recursos del presupuesto y, sobre todo, se haga de forma equitativa y sin favoritismo, beneficiando sólo a las familias que se ha demostrado que son desplazadas y no “colgadas” del tema para su propio beneficio.