Rosario Robles fue acusada por la FGE del delito de ejercicio indebido de la función pública. Mientras estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto se realizaron desvíos por más de 5 mil millones de pesos. En su momento la ASF informó al ex presidente de las millonarias irregularidades tanto con Rosario Robles como con Javier Duarte. Pero Peña decidió no hacer nada, congelar las investigaciones por motivos electorales, esperar el momento propicio para retomar la agenda anticorrupción y sacrificar a uno de sus aliados.

Por David Fuentes M.

En noviembre de 2015, durante una reunión con el expresidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, informó al presidente sobre los desvíos millonarios que la dependencia a su cargo había detectado en el gobierno de Veracruz y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

A la pregunta del presidente “¿Cómo vamos, auditor?”, Portal habló de las cosas graves que estaban sucediendo tanto en la entidad gobernada por Javier Duarte como en la dependencia a cargo de Rosario Robles Berlanga. Cuando Peña Nieto quiso saber de qué “tamaño” era el problema, el auditor respondió que “entre ambos pueden llegar a 40 mil millones de pesos”, ante lo que Peña habría respondido supuestamente con un “no es posible”,  de acuerdo con Roberto Rock en su libro La historia detrás del desastre.

Peña Nieto terminó la reunión prometiéndole a Portal que abordaría el caso con el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, el mismo que meses antes lo había exonerado de haber caído en conflicto de intereses por el asunto de la Casa Blanca.

Meses antes, Portal había tenido una reunión con Rosario Robles para hablar de las irregularidades detectadas por la ASF. La funcionaria le indicó que tenía 65 cajas con documentación comprobatoria bajo custodia de su oficial mayor, Emilio Zebadúa, quien ordenó que las cajas fueran trasladadas a las instalaciones de la ASF para su estudio. Cuando los auditores abrieron las cajas, sin embargo, descubrieron que estaban “prácticamente vacías”.

Las elecciones intermedias

Tras la reunión que Portal sostuvo con Peña Nieto, el tema de los desvíos millonarios en Veracruz y en la Sedesol no se volvió a tratar y permaneció archivado hasta que pasaron las elecciones intermedias de 2016, consideradas hasta entonces como el mayor descalabro electoral en la historia del PRI.

El 5 de junio hubo elecciones estatales en 12 entidades que iban a cambiar de gobernador. Las carretadas de dinero para los candidatos, sobre todo en los estados donde el partido oficial iba abajo en las encuestas, no se hicieron esperar. A pesar de eso, el Revolucionario Institucional perdió siete de las 11 gubernaturas en juego, entre ellas, cuatro en las que había gobernado de manera ininterrumpida durante 86 años: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.

Tras el descalabro electoral, Portal fue convocado a una reunión de urgencia en Los Pinos, donde Peña Nieto lo conminó a que explicara “caso por caso” los desvíos detectados por la ASF tanto en Veracruz como en la Sedesol.

La intención era clara: A dos años de las siguientes elecciones federales, en donde los mexicanos tendrían que elegir presidente, y  con sus niveles de aprobación ciudadana cayendo estrepitosamente de un 33% a un 24% a finales de 2016 (el mínimo histórico sería en febrero de 2017 cuando tendría solo un 17% de aprobación) el equipo del presidente consideró que era necesario relanzar, por lo menos mediáticamente, la agenda anticorrupción para que el partido no perdiera las elecciones de 2018.

La primera medida fue hacer que Peña Nieto ofreciera disculpas por el escándalo de la Casa Blanca. En un evento público, el presidente dijo haber sentido “en carne propia la irritación de los mexicanos”, entenderla “perfectamente”, por lo que “con todo humildad les pido perdón”. Sin embargo, esta petición, que fue seguida de una horda de aplausos, la hizo ante gobernadores, diputados y parte de su gabinete, no ante la ciudadanía, por lo que no surtió ningún efecto y la aprobación de su gobierno siguió cayendo.

La segunda medida fue perseguir a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo acusado de desvíos de fondos públicos, y a Javier Duarte, quien tras haber llegado a un acuerdo con Miguel Ángel Osorio Chong, solicitó licencia para retirarse del cargo.

Durante su reunión con Peña, “el auditor hizo una presentación sobre los desvíos detectados en Veracruz. Detalló cifras, el uso de empresas fantasma, el estilo burdo de retirar dinero de cuentas oficiales para depositar fondos a particulares, como se publicó en su momento en espacios periodísticos. Enfatizó que el mandatario estatal que entró en funciones en diciembre de 2010 recibió protección de la PGR durante el último tercio de la administración de Felipe Calderón”, señala Rock.

El auditor agregó que ni la Secretaría de la Función Pública, que en ese periodo encabezó el panista Rafael Morgan, ni la PGR al frente de la cual estaba Marisela Morales, “mostraban el más mínimo interés en promover una sanción contra Duarte, fuera administrativa o penal”. Y aunque los expedientes de Duarte fueron entregados por el equipo de Felipe Calderón a Peña Nieto antes de que asumiera el cargo, estos permanecieron cerrados, congelados, mientras el gobernador veracruzano seguía desviando cantidades millonarias para comprar propiedades en México y el extranjero.

En el caso de la llamada Estafa Maestra, el auditor le señaló a Peña Nieto (si es que este no estaba al tanto de lo que ocurría en las secretarías federales) que al menos 11 dependencias del gobierno federal participaron en una mega estafa para desviar 7,670 millones de pesos del presupuesto usando a universidades a las que contrataban para recibir servicios que, en muchos casos, no se acreditaban y por los cuales estas instituciones educativas recibieron una comisión estimada en mil millones de pesos.

Un reportaje publicado por Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y Animal Político, basado en una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, dio a conocer que estas dependencias federales establecieron convenios con algunas universidades públicas de distintos estados entre 2013 y 2014 para contratar diferentes tipos de servicios.

Las universidades, a su vez, contrataban a otras empresas que en muchos casos eran fantasmas para que, por lo menos en el papel, ofrecieran dichos servicios que iban desde imprimir camisetas, levantar encuestas y otorgar servicios de tecnología. Por prestarse a esa estafa operada desde el gobierno federal, estas universidades recibieron una comisión de poco más de mil millones de pesos.

Las secretarías federales que participaron en este mega fraude son: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP).

También se señala a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Registro Agrario Nacional (RAN), Instituto Nacioanl para la Educación de los Adultos (INEA) y la Secretaría de Economía (SE).

Estas dependencias contrataron a las siguientes universidades para solicitar distintas clases de servicios: Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos (UAEMOR), la Universidad Popular de La Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México y la Universidad Tecnológica de Tabasco, así como el Instituto Técnico Superior de Comacalco.

Estas instituciones educativas contrataron a su vez a 186 empresas, 128 de las cuales no debían recibir recursos públicos porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen, es decir, son empresas fantasmas.

Por prestarse a este fraude, asegura la investigación, las universidades recibieron una comisión de 1,006,421,805 millones de pesos. Sin embargo, de esos 7,670 millones de pesos entregados por las dependencias a las universidades, no se sabe dónde quedaron 3,433 millones de pesos ya que no existen evidencias de que se haya prestado ningún servicio.

Entre los funcionarios y dependencias involucrados en la estafa, además de Rosario Robles y Emilio Zebadúa, están Emilio Chuayffet, ex secretario de Educación Pública, Alfredo Llorente Martínez, extitular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Enrique Martínez Martínez, extitular de la Secretaría de Agricultura, Ildefonso Guajardo, de la Secretaría de Economía y José Reyes Baeza, extitular del Fovissste.

El juicio a Rosario

La Fiscalía General de la República denunció a Robles por Ejercicio Indebido del Servicio Público al presuntamente no haber avisado a su “superior inmediato”, es decir, Peña Nieto, sobre las observaciones de la ASF con respecto a las irregularidades detectadas por mas de 5 mil millones de pesos en Sedesol.

Durante la audiencia del pasado lunes 12 de agosto en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, la defensa de Robles sostuvo que la ex funcionaria sí informó al ex presidente a través del “teléfono rojo”, la línea que conecta a los funcionarios federales directamente con Los Pinos. La defensa señaló que incluso el ex candidato José Antonio Meade estuvo enterado de las acusaciones de la Auditoría durante el proceso de cambio-recepción en que Robles fue trasladada de la Sedesol a la Sedatu.

De acuerdo con el artículo 214 de la fracción III del Código Penal Federal, este delito lo comete quien “teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.