La estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador no ha dado resultado. La Guardia Nacional no ha servido para nada. La atención a las causas de la delincuencia con el reparto de becas entre los jóvenes no detiene la escalada de homicidios. En medio de ese panorama desolador, se preparan marchas y movimiento sociales, como en el sexenio de Felipe Calderón, en contra de la fallida estrategia del gobierno federal.

Por David Fuentes M.

El primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los arranques de sexenio más violentos en la historia de México. Bastan unos cuantos datos para comprender la magnitud de la crisis de seguridad: entre enero y octubre de 2018 se cometieron 24,249 homicidios dolosos y 726 feminicidios (un total de 24,975 asesinatos), mientras que en el mismo periodo de este año se registraron 24,484 homicidios y 809 feminicidios (dando un total de 25,293 asesinatos).

Pero los homicidios y feminicidios no son los únicos dos delitos que se han incrementado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha crecido de manera sustancial el robo a casa habitación, asaltos y secuestros, y no hay, en el horizonte cercano, ninguna señal de que las cosas vayan a mejorar con la política de seguridad impuesta por el gobierno del presidente López Obrador.

Quizá los dos únicos indicadores positivos en la materia sea la disminución en el robo de vehículos y en el número de elementos de las fuerzas federales caídos en enfrentamientos. En el primer caso, en los primeros diez meses de este año se han robado 156 mil 161 vehículos en todo el país, en la mayoría de los casos con violencia, contra los 167 mil 212 vehículos robados en el mismo periodo de 2018, es decir, 11 mil 51 autos menos.

En cuanto al segundo indicador, de acuerdo con cifras de la Sedena, Semar y Policía Federal, en lo que va del año solo se han reportado 14 bajas de elementos federal durante enfrentamientos contra criminales, de los cuales 9 son soldados, 4 policías federales y un marino, en comparación con las 28 bajas de 2018, 33 bajas de 2017 y 89 bajas de 2012.

¿Hay estrategia?

Para el presidente López Obrador, la principal causa de la crisis de inseguridad que enfrenta México desde hace una década es la marginación de ciertos sectores de la población, por lo que su estrategia se ha basado en incrementar la inversión social a través de programas de becas, empleos en comunidades marginadas y pensión universal para adultos mayores.

Para el Observatorio Nacional Ciudadano, limitar las causas de la criminalidad a la pobreza y desigualdad excluye otras dinámicas del delito en las que estos elementos no son necesariamente los más relevantes, por ejemplo, profesionistas que participan en el negocio de las drogas, políticos y empresarios que forman parte de la cadena de la criminalidad (delincuentes de cuello blanco) y que contribuyen al empoderamiento de las organizaciones criminales.

“Si toda la política de seguridad descansa en la política social, además de insuficiente, estaría sujeta a las prácticas clientelares a las que se presta la operación de este tipo de programas. Además, no queda claro en qué es distinta esta propuesta a algunos programas implementados desde la política social en otras administraciones”, señala el Observatorio Nacional Ciudadano.

La estrategia del nuevo gobierno también ha buscado combatir la corrupción, de manera selectiva, en instituciones de primera nivel como Pemex, pero hasta el momento la destitución de líderes sindicales, el combate al huachicoleo y el anuncio de la construcción de una nueva refinería no se traducido en una mejora en la seguridad pública en entidades seriamente afectadas por la delincuencia organizada dedicada al robo de hidrocarburos. Por el contrario, en entidades como Guanajuato, donde los cárteles basaban sus ingresos en el huachicol, el cierre de ductos se ha traducido en un incremento en los delitos contra la población civil a través de las extorsiones y el cobro de piso a pequeños y medianos comerciantes.

La otra gran apuesta del gobierno federal, la Guardia Nacional, tampoco ha representado una mejora en la calidad de vida de la población ya que esta policía militarizada que actualmente cuenta con 58 mil 600 elementos cumple exactamente las mismas funciones que ya venía desempeñando en la práctica el Ejército, la Marina y la Policía Federal, quienes solo cambiaron de uniforme.

Para analistas en temas de seguridad, el combate a la inseguridad debe iniciar por atender las causas estructurales de la violencia que van desde el colapso del Estado hasta un sistema de justicia deficiente que promueve la impunidad y por consecuencia estimula la ilegalidad.

Ese Estado colapsado, o rebasado, ha sido puesto en evidencia en varias oportunidades: en la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 137 personas tras la explosión de una toma clandestina de Pemex; en las múltiples masacres registradas en bares, centros nocturnos y palenques en el estado de Veracruz; en el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán y en el que el Estado se replegó presuntamente para evitar una masacre, lo que no evitó la muerte de al menos 14 personas, entre ellos, cuatro civiles inocentes; el asesinato de tres mujeres y seis niños de la familia LeBaron durante una emboscada en Sonora; los policías estatales asesinados en emboscadas en Michoacán; los más de 2 mil asesinatos registrados en lo que va del año en Tijuana producto de la guerra entre cárteles que buscan el control del narcomenudeo, el cobro de piso y el paso fronterizo.

Masacres en Veracruz

El pasado 19 de abril en Minatitlán, Veracruz,  14 personas fueron asesinadas, entre ellas un bebé, mientras festejaban una fiesta de cumpleaños de una mujer de 52 años, cuando seis sujetos armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra los asistentes.

Los atacantes buscaban a un sujeto conocido como “El Becky”, que de acuerdo con informes, es propietario de un bar en Minatitlán. Los asistentes trataron de impedir la entrada de los sujetos, por lo que el comando abrió fuego contra ellos.  

La noche del martes 27 de agosto, Veracruz volvió a sufrir otra masacre. Un bar de Coatzacoalcos llamado Caballo Blanco fue atacado cuando se encontraba repleto de gente, primero con ráfagas de metralleta por individuos que dispararon de forma indiscriminada para después lanzar bombas molotov, provocando la muerte de 30 personas y dejando varios heridos.

Según los servicios de inteligencia de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, los cárteles de los Zetas, Jalisco Nueva Generación y del Golfo están enfrentados por el control territorial en la distribución de drogas y otras actividades criminales en centros nocturnos.

Masacre LeBaron

El grupo delictivo La Línea, que se disputa el territorio con Los Salazar en los límites de Chihuahua y Sonora, está vinculado en el asesinato de tres mujeres y seis menores de edad de las familias LeBarón y Langford, ocurridos el lunes 4 de noviembre en el municipio de Bavispe.

"Como resultado de ese enfrentamiento o de esa confrontación que se está dando en límites de ambos estados, deciden enviar una célula y se supone, se asume que esta célula que envían para detener la incursión o penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua es a la que se le está atribuyendo la materialización de agresiones a la familia LeBarón", afirmó el general Homero Mendoza, de la Sedena.

Sin embargo, Adrián LeBarón, abuelo y padre de las 9 víctimas, rechazó la teoría de la confusión pues, aseguró en entrevista con medios, que uno de los adolescentes que logró huir y sobrevivir al ataque describió que su tía salió de una de las camionetas con las manos en alto para identificarse y pedir que detuvieran los balazos. A pesar de eso, la asesinaron junto con el resto de la familia. ¿Dónde está la confusión?, se pregunta Adrián LeBarón, se trató de un ataque directo.

Ataques contra policías en Michoacán

Las emboscadas contra policías estatales y municipales en los estados de Michoacán y Zacatecas parecen ya cosa común. En lo que va del año han sido asesinados cerca de 40 policías estatales en diferentes emboscadas perpetradas por la delincuencia organizada que opera en la región.  

El hecho más reciente ocurrió en octubre pasado, en el que 14 policías fueron asesinados durante una emboscada en la comunidad El Aguaje, perteneciente al municipio de Aguililla, en los límites con el estado de Jalisco. Los hechos ocurrieron cuando los agentes estatales, a bordo de varias patrullas, se dirigían al municipio de Aguililla a cumplir con un mandato judicial.

Al cruzar por El Aguaje fueron emboscados desde varias direcciones por sujetos armados, presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que iban en cuatro camionetas. El grupo armado, además, incendió dos patrullas y secuestro a 7 policías que iban en el convoy.