En 2019 se cometieron en Sinaloa 937 homicidios dolosos. Esa cifra es menor que la registrada en 2018, cuando se reportaron 1,123 asesinatos. Pero no hay nada que celebrar: el número de desaparecidos en el año que acabamos de despedir asciende a 1,251 casos, personas de las que, a semanas o meses de haber sido levantadas o privadas de la libertad, no se ha vuelto a saber nada. Para los colectivos de búsqueda está claro: el modus operandi del crimen ha cambiado a uno todavía peor: los levantones.
Por Redacción De Primera Noticias.
Durante el año pasado los colectivos de búsqueda de desaparecidos en Sinaloa encontraron cientos de cuerpos de personas asesinadas y enterradas en fosas clandestinas, lo mismo en zonas rurales que en playas y en casas de seguridad en zonas urbanas. Es probable, aseguran, que a la cifra oficial de homicidios haya que agregarle la de los desaparecidos, con lo que el número real de asesinatos en 2019 podría ascender a más de dos mil casos.
El ejemplo más claro de la emergencia se registró en noviembre pasado, en el municipio de Ahome, donde oficialmente se habló de 42 personas desaparecidas, algunas de las cuales regresaron a su hogar días después de haber sido privadas de la libertad (torturadas), mientras que al menos cinco personas fueron encontradas en fosas clandestinas, ejecutadas, en tanto que también existe un registro no oficial por personas cuyos familiares no denunciaron la desaparición, ya sea por miedo, por desconocimiento de lo que tienen que hacer o porque mantienen la esperanza de que su familiar regresará de un momento a otro.
Cada una de estas desapariciones arrastra una historia en la que una madre o un padre ha sufrido un vuelco radical en su vida, dedicados ahora a buscar por todos los medios a ese hijo que un día fue secuestrado y del cual no han vuelto a saber nada. Ese dolor ha unido a muchas personas que han decidido fundar organizaciones civiles para buscarlos, vivos o muertos, destapando la existencia de cientos de fosas clandestinas en los que la delincuencia entierra a sus víctimas.
Es por eso, señalan integrantes de los colectivos, que el número de homicidios ha bajado en Sinaloa: el modus operandi del crimen pasa ahora por levantar a sus víctimas, ejecutarlas en casas de seguridad y posteriormente enterrarlas en fosas clandestinas que, con suerte, serán encontradas meses después por los colectivos.
Tesoros perdidos
Dos días antes de su desaparición, Irving Alain Cortés Arellanes, de 24 años, abrazó a su madre y lloró. También abrazó a su hermana menor y le pidió que cuidara mucho a su mamá. El 7 de junio de 2017, a las 12.38 horas, Irma Arellanes recibió una llamada de su hijo en la que escuchó su voz apagada: “mamá, me pegaron y me quitaron el dinero, pero no te preocupes, voy a estar bien”. Ella le preguntó dónde estaba y qué le había sucedido, pero Irving ya no respondió, le arrebataron el celular y cortaron la llamada. Fue la última vez que escuchó su voz.
A partir de ese momento Irma empezó a buscar a su hijo por todos lados y preguntó por él a sus amigos: agentes que estudiaban la licenciatura en criminalística como el propio Irving, quien ya había hecho su servicio social en Seguridad Pública y soñaba con trabajar en la Policía Federal. Semanas más tarde una llamada anónima la alertó sobre la posible ubicación del muchacho: “búsquelo en la Foresta”, le indicaron. La Foresta es una colonia ubicada en la zona nororiente de Mazatlán atravesada por el arroyo Jabalíes.
“Mientras andaba pidiendo ayuda se puso en contacto conmigo una muchacha que andaba buscando a su hermano y juntas anduvimos recorriendo varios puntos. Yo no sabía que por el Cafetal tiran cuerpos, que por Miravalle tiran cuerpos, yo no sabía porque nunca había pasado por esto”, comenta Irma Arellanes, fundadora en Mazatlán de Tesoros Perdidos.
Agrega que “a los 20 días de que mi hijo desapareció dimos con un cuerpo, luego mi esposo se puso a buscar y dio con otras dos fosas más. En ese lugar encontramos tres restos sin saber que uno de ellos era mi hijo porque tenía la cara fracturada por los golpes que le dieron”.
Tesoros Perdidos nació luego de que Irma habló con varias mujeres y les preguntó a quién buscaban. Unas le respondieron que a un hijo, otras que a un hermano o a su esposo. Entonces les propuso hacer un grupo primero en WhatsApp y más tarde, en septiembre de 2017, una asociación que surgió con 12 mujeres que buscaban a algún familiar. Actualmente el colectivo realiza búsquedas en varios municipios del sur de Sinaloa, sobre todo en la zona rural de Mazatlán, donde han encontrado decenas de cuerpos enterrados en fosas clandestinas.
Rastreadores de Guasave
El 28 de febrero de 2015 desapareció el hijo de Adolfo López Ramírez en Los Mochis. Adolfo de Jesús era empleado del IMSS y tenía 21 años al momento en que fue sacado de su domicilio junto con otro trabajador del Seguro Social por sujetos armados que se lo llevaron en una camioneta Pilot, según le contaron los vecinos al padre que comenzó su búsqueda en cuanto se enteró de que su hijo no se había presentado a trabajar.
“Yo había hablado por teléfono con mi hijo el mismo sábado 28 de febrero y hasta el tercer día, cuando lo procuraron en el trabajo porque no se había presentado, me enteré de su desaparición y me trasladé a Los Mochis, a su casa, donde los vecinos me dijeron que lo habían levantado a él y a otro muchacho que era su compañero de trabajo”, comenta don Adolfo en entrevista con De Primera Noticias.
Fue así que don Adolfo se acercó a Las Rastreadoras del Fuerte y posteriormente, debido al gran número de desaparecidos en su municipio de origen, fundó junto con otras madres y padres de jóvenes desaparecidos la extensión Guasave de Las Rastreadoras.
Durante cinco meses buscaron fosas clandestinas en diferentes comunidades del municipio hasta que el 1 de mayo localizaron, en las inmediaciones del poblado Casa Blanca, varias fosas con 11 cuerpos, entre ellos, los restos de dos mujeres, los cuales fueron enviados al Laboratorio de Medicina Forense en Culiacán para que se les realicen los estudios genéticos para identificarlos y entregárselos a sus familiares.
Fue un momento importante para este grupo pues el hecho de no haber encontrado ningún resto en varios meses resultó decepcionante para las familias que se habían integrado desde diciembre de 2018. Encontrar una fosa con cuerpos humanos resulta triste, confiesa don Adolfo, pero al mismo tiempo es un alivio saber que una vez que esos restos sean entregados a los familiares, estos podrán darles una digna sepultura y tener, a su vez, un descanso del dolor por haber perdido a un ser querido.
Rastreadores Fe y Esperanza
El 7 de mayo de 2013, a las 20.30 horas, policías de Ahome secuestraron a Saúl Enrique Higuera Cota, de 36 años de edad. Lo fueron a buscar a su domicilio, en el fraccionamiento Santa Teresa, en Los Mochis, y se lo llevaron a la fuerza para luego pedir un rescate de 50 mil pesos por su liberación.
“Llegó a su casa, le dijo a su esposa voy a descansar un rato mientras está la cena. Serían las 8 de la noche. Subió al segundo piso y en eso llegan unas personas, aparentemente elementos de la BOMU, preguntaron por él, mi cuñada les abrió la puerta y él bajó, y en eso lo agarraron y lo subieron a uno de los tres carros en los que iban. Andaban uniformados con capucha, camuflajeados con ropa negra, así como andaban esos policías en ese tiempo”, señala Mario Higuera Cota, hermano de Saúl Enrique, fundador del colectivo Rastreadores Fe y Esperanza.
Tras enterarse del secuestro, Mario se subió a su auto y se fue a Los Mochis junto con sus hijos, pero antes de llegar al domicilio de su hermano, su cuñada le avisó que no se acercara ya que se habían comunicado con ella para pedirle que reuniera 50 mil pesos y que luego de la entrega lo iban a liberar.
“Mi hermano habló con su esposa y le dijo, junten el dinero, háblale a mi compadre y junta el dinero y entréguenlo, ahorita me van a soltar. Fueron por el dinero. Estaba uno de los niños de mi hermano llorando y el tipo que recogió el dinero le dijo no llore güero, su papá ahorita va a regresar, no se preocupen. Se llevó la bolsa con el dinero y en ese momento apagaron el celular de mi hermano y hasta la fecha no hemos vuelto a saber nada de él”, relata.
Mario Higuera agrega que quisieron interponer una denuncia ante la Agencia Antisecuestros pero les señalaron que el caso pertenecía a la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado. Sin embargo, en esta dependencia se lavaron las manos y los enviaron a la también desaparecida PGR.
“Al final no sentimos el apoyo de ninguna instancia. Yo tuve que ir a la Ciudad de México para entregar una carta al entonces procurador Jesús Murillo Karam. No hubo respuesta. Entonces escribí otra carta dirigida a Peña Nieto. Meses después me habló una MP Federal. Vinieron a Los Mochis y me tomaron la declaración. Se hicieron investigaciones y estuvieron a punto de citar a un presunto responsable de la desaparición cuando el 15 de septiembre lo asesinaron en Culiacán”, relata Higuera Cota.
Desde el 8 de mayo de 2013, Higuera Cota y otros familiares se organizaron para buscar a su hermano. Con el tiempo, conoció a otras personas que estaban pasando por el mismo calvario que él y, finalmente, a inicios de 2019 decidieron constituirse como una asociación para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas.
El año pasado encontraron más de 60 cuerpos en distintas fosas clandestinas ubicadas en El Guachapori, sindicatura de Villa de Ahome. Los restos se encontraban en distintos grados de descomposición. Esa zona se encuentra a una hora de camino al oriente de Los Mochis y representa el mayor panteón clandestino localizado hasta la fecha en Sinaloa.
Rastreadoras por la Paz
El 11 de abril de 2013 un grupo armado llegó hasta un domicilio en la colonia 12 de octubre, en Los Mochis, para llevarse a Javier Fernando Quezada Rosas, de 23 años de edad, quien se encontraba en una reunión con sus amigos.
Tras enterarse de la privación de la libertad de su hijo, Claudia Rosas Pacheco interpuso una denuncia en la Vicefiscalía Regional Zona Norte, donde abrieron una carpeta de investigación que no condujo a nada, pues a casi siete años del aquel suceso, todavía no sabe nada de él.
“Apenas supe de la desaparición empecé a buscarlo junto con sus amigos. Pero una de mis hijas recibió una llamada anónima en donde la amenazaron y tuve que parar la búsqueda. Estaba viviendo un dolor terrible y no podía pensar en la posibilidad de que me desaparecieran a otro hijo. Paramos todo esto y lo que hice fue encerrarme en mi casa, no saber del mundo y vivir a solas mi dolor, mi luto, la pérdida tan gran porque me quitaron a mi hijo”, comenta Claudia.
Tiempo después de la desaparición de Javier Fernando una vecina le sugirió que contactara a una persona que hacía búsquedas. Tuvo que transcurrir un año para que pudiera vencer todos sus miedos. En 2014 se integró a Las Rastreadoras de El Fuerte y durante un tiempo lo buscaron todas las semanas en distintas partes.
“En su momento yo llegué a no saber nada del mundo, yo estaba perdiendo hasta a mis otras hijas, no me podían hablar porque me salía un coraje, una impotencia, y ellas lo pagaban. Hasta que una persona me dijo: Dios te quitó un hijo pero también te dio otras hijas, y haz de cuenta que entró una luz en mi vida, en mi mente y me abrió de golpe”, señala.
A pesar de que puso la denuncia, para Claudia es como si no hubiera hecho nada porque hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.
“Años después les pregunté qué es lo que pasaba con el caso de mi hijo y la respuesta fue muy dolorosa. Me dijeron: huy, señora, fíjese nada más todos los expedientes que tenemos ahorita, todas las carpetas, imagínese lo atrasados que estamos. Fue muy dolorosa esa respuesta. Pero nosotros no buscamos culpables ni hacemos investigaciones para saber quién se los llevó ni por qué, nosotras simplemente salimos a buscarlos porque necesitamos recuperar la paz que hemos perdido”.