En Sinaloa, como en gran parte del territorio mexicano, surgen de vez en cuando “justicieros” de las filas del mismo crimen organizado para dar un golpe de timón al descontrolado afán criminal. No importa si las víctimas eran parte del mismo clan, si eran personas sin ninguna relación con la delincuencia, si por el contrario eran individuos que delinquían a diestra y siniestra. Lo mismo da: un gran segmento de la sociedad parece aplaudir y aceptar esta política “justiciera” de los cárteles, que como en los regímenes totalitarios crean el fantasma de la inseguridad para que sean los mismos ciudadanos los que apoyen y exijan estas medidas drásticas de permanecer enclaustrados en un cerco policíaco-militar. En otras palabras, se inventa el mal, para continuar tolerando que el mal nos proteja y su noción de justicia retorcida se esparza a los cuatro vientos.
Por Redacción De Primera Noticias.
El primer cadáver apareció debajo de la techumbre de la parada de camiones del Hospital de la Mujer. Era domingo 4 de agosto y en Culiacán apenas amanecía de otra jornada violenta. Las calles emergieron de la madrugada humedecidas por una lluvia veraniega que refrescó la ciudad.
Para los empleados del Servicio Médico Forense, que la víctima tuviera carritos de juguete pegados al cuerpo no representó algo distinto, pues en marzo pasado otros tres jóvenes habían sido encontrado en condiciones similares. Y en años anteriores también.
Llegaron al bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, en el Tres Ríos, y levantaron el cadáver de un joven de entre 20 y 30 años. No había casquillos en el sitio, ni más indicios que los cochecitos de juguete adheridos al tórax de la víctima.
Una hora y 10 minutos después, a las 6:45, reportaron que otro cuerpo, en similares condiciones de tortura y con juguetes en el pecho, estaba abandonado en la playa de estacionamiento de la Ley Exprés de Villas del Río, no muy lejos del primer hallazgo, sobre el bulevar Villas del Río y Dren Bacurimí.
Después de levantar a la segunda víctima, empezó a correr la especie de que faltaban de cuatro a cinco víctimas más. A eso de las 9:30 se reportó un tercer cadáver abandonado en la banqueta de la unidad deportiva del sector Lomas del Boulevard, sobre la calle Lago de Texcoco. Al igual que los cuerpos de los otros dos jóvenes, los responsables dejaron adheridos al tórax varios cochecitos de juguete.
Fue así como el tema empezó a dar de qué hablar en las redes sociales. Por las notas de estos hechos sangrientos circulaban expresiones de apoyo a una supuesta limpia de bandas de robacarros en Culiacán. Luego, a las 3 de la mañana del lunes, un cuarto joven fue encontrado asesinado, con huellas de tortura y los juguetes adheridos, al parecer con silicón.
Éste estaba por la calle Puerto Escondido, entre las avenidas Puerto de Ensenada y Puerto Madero, en la colonia El Vallado, tampoco lejos un punto del otro, a espaldas de las instalaciones del DIF.
Al enterarse de la situación, el famoso párroco de la localidad, Héctor Orozco, El Padre Jeringas, salió de la iglesia y se posó frente al cuerpo para darle la bendición al joven asesinado en la acera. Las autoridades indicaron que, al igual que el resto de las víctimas, tenía pegados los juguetes, además de que dejaron un frasco de pastillas a un lado.
Para entonces, de manera casi unilateral las opiniones en torno a esta serie de homicidios, sobre todo en las redes sociales, era de que se trataba de jóvenes dedicados al robo de vehículos. Usuarios señalaban que las víctimas tenían merecida la atrocidad del crimen, y otros cuestionan que eso sucedía debido a que las autoridades no controlan los ilícitos en la ciudad.
El miércoles 31 de agosto, comenzó a circular un video en las redes sociales, en donde se observa a un joven con chaleco robar a mano armada una camioneta Nissan color roja, en la cual se estaban subiendo dos mujeres, en la colonia Chapultepec. De manera inmediata, condenado el suceso, se pidió “justicia” para con el presunto delincuente.
Horas más tarde, ya por la noche de ese día, su cuerpo fue encontrado en un predio de la calle Emily Berlini y Salvador Alvarado, en la colonia Villa Fontana. Fue identificado como Carlos Armando, de 25 años. Estaba boca abajo, con los brazos en cruz y en ropa interior. En la espalda tenía la marca inconfundible de los carritos de juguete.
“Bien por los justicieros”, se leía en uno de los cientos de comentarios que generó el tema en Facebook.
Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado emitió un escueto comunicado informando que las víctimas habían sido entregadas a sus familiares, que el joven del video era el mismo de Villa Fontana y aseguraba que como institución no prejuzgaba a las víctimas del delito.
“Esta Fiscalía sinaloense ratifica que en ningún caso que involucre a víctimas del delito se realizan actos que violenten derechos humanos ni el principio de presunción de inocencia, mucho menos la difusión de información que lleve a prejuzgar y/o revictimizar, esto con relación a la especulación generada por la similitud de circunstancias y características entre los cinco casos, evidenciadas particularmente en diferentes medios de comunicación”, señaló.
Justamente esta información corrió junto con otro video viral en donde un grupo de jóvenes vandalizaban el letrero monumento de la playa Las Glorias en Guasave. Por la noche corrió otro video donde delincuentes capturaron a los presuntos responsables y les dieron una “tabliza” en “castigo” por los daños al patrimonio municipal. Al igual que en el otro caso, muchos usuarios de redes aplaudieron el hecho de que los mismos delincuentes ofrecieran “reparación” del año ante el agravio delictuoso.
¿Inventar el miedo para responder con miedo?
De manera contradictoria, tal pareciera que aprobar que un grupo delincuencial “limpie” de delincuencia común una ciudad, una región, es también cederle espacio legítimo para que el crimen continúe reinando al interior de la sociedad.
En un audio obtenido por DeprimeraNoticias, se escucha cuando una persona, presunta integrante de un grupo criminal, da instrucciones por radio policial a otros subalternos de no permitir, proteger o dejar comprar a nadie vehículos robados en Culiacán.
“Ni que roben ni nada…”
“Bien copiado y enterado”, empiezan a decir uno tras otros los interlocutores.
“Esos que tienen amigos que tienen carros y que se los pasan por WhatsApp van a empezar a remangar a todos, para que sepan y no se va a poder hacer nada por esas personas. Así que los que están en ese rollo, túmbense el rollo, que, aunque sean donados y todo eso. Se va a empezar a fusilar tanto al que los roba como el que los venden. Son órdenes de los patrones, para que sepan”, señala la persona y enseguida corta comunicación.
Sin embargo, de acuerdo con las autoridades de Sinaloa, el robo de vehículo siempre ha sido gestionado por el Cártel de Sinaloa, que encontró desde hace años un negocio redituable en este ilícito que golpea a la gente de a pie.
De ahí que se han formulado dos hipótesis en torno a estos hechos en los que, en apariencia, jefes del mismo Cártel están ordenando no continuar con los robos de unidades, incluso de otros vehículos.
1.-Las células dedicadas al robo de vehículo, sobre todo en Culiacán, se descontroló tanto a los operadores del Cártel que se convirtió en un problema para la organización, que decidieron poner algo de orden, orden que al final de cuentas es de beneficio para el grupo.
2.-La entrada de la Guardia Nacional y del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador han puesto en alerta a los jefes del Cártel, por lo que obligar a bajar la incidencia delictiva ayudaría a disminuir el perfil de la capital como ciudad insegura, aunque se combatiría el “fuego con fuego”.
Tras el asesinato de los primero cuatro jóvenes, en la Policía Investigadora como en la Policía Municipal se corrió la información que una célula dedicada a este delito había apuñalado a una persona al despojarle una camioneta, lo que desató la venganza despiadada contra un grupo en específico.
“Todavía faltan más integrantes del mismo grupo, todo lo desató un jale equivocado que se aventaron, donde apuñalaron a un señor”, señalaron policías consultados que solicitaron el anonimato a este medio.
En Culiacán, el robo de carros va a la baja
En realidad, en la capital, año con año desde el 2011 a la fecha, y según cifras de la Fiscalía General del Estado, los delitos en general han ido en disminución. Mientras que en el primer año del gobierno de Mario López Valdez (2011) la Fiscalía inició 17 mil 101 averiguaciones concretas en el municipio, para 2017, primer año de Quirino Ordaz Coppel, se iniciaron nueve mil 728 carpetas de investigación.
Sin embargo, ese año citado fue uno de los más violentos de la época reciente, tras el estallido de la guerra entre el clan de los hijos del Chapo y los Dámaso. En cuanto al robo de vehículos, también de 2011 a 2019 se ha presentado una disminución gradual —de acuerdo con la Fiscalía—, con un alza inesperada en 2017, debido a la fragmentación del cártel antes señalada.
En el ranking nacional, el robo de unidades automotrices —según la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados— Culiacán terminó durante junio como el sexto municipio del país donde más vehículos se robaron. Es decir que a pesar de la gradual baja en la incidencia, la capital sinaloense todavía representa un foco rojo en este ilícito, aunque también se advierte que de 2018 a 2019 se registró una disminución del 14 por ciento.
Desde luego, esto es aprovechado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa para afirmar que la disminución de la incidencia delictiva en el estado es gracias a los operativos que realizan las fuerzas de seguridad del estado, corporaciones y militares.
Un método que no acaba con el problema
Allá por 2009 y 2010, cuando la guerra entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa entró en una etapa de empantanamiento, en Culiacán comenzó a surgir un escuadrón de la muerte encabezado por una facción de la organización delincuencial que persiguió y asesino a decenas de jóvenes a los que les dejaba carritos de juguete.
Sin las redes sociales tan en boga, el fenómeno criminal sumó más de 40 personas ultimadas en similares condiciones, algunas de ellas incluso a los minutos de que por las radios policiales se reportaba el hurto de una unidad.
Entonces también se desataron las especulaciones que incluso apuntaron a una estrategia del gobierno por acabar con las bandas de robacarros, pero que desde luego el gobierno siempre negó tener implicación en la serie de crímenes.
Todo porque hubo casos en que una víctima reportaba al 066 que había sido despojada de su unidad, y a las dos o tres horas aparecía el vehículo abandonado, y a un lado el cuerpo del presunto responsable.
En otro caso documentado, tres adolescentes originarios de la sindicatura de Costa Rica robaron, por órdenes de otra persona adulta, un automóvil Jetta para venderlo y sacar dinero para un viaje de estudios a la Ciudad de México. Sin embargo, cuando fueron a entregar la unidad hurtada fueron privados de la libertad por un grupo armado que les dio muerte y los abandonó en el interior de la misma unidad robada.
Este caso descrito sucedió hace diez años. En diez años, como se ve, el robo de vehículos sigue siendo un atractivo negocio lucrativo para las bandas criminales. De acuerdo con las aseguradoras, por cada unidad robada (con seguro) se paga 150 mil pesos al afectado. A nivel nacional, las compañías llegan a pagar anualmente hasta 14 mil millones de pesos a sus clientes. Por eso en Sinaloa los seguros suelen ser menos asequibles para los usuarios de vehículos.
El huachicoleo, otro delito a la baja atribuido al Cártel
El robo de combustible de los ductos de Pemex también disminuyó drásticamente en Sinaloa, en parte debido a las gestiones del Cártel de Sinaloa por aplastar a las bandas criminales que tampoco estaban bajo su mando.
Desde Salvador Alvarado pasando por Mocorito y el valle norte de Culiacán podían verse a cientos de personas succionando el poliducto que corre de Topolobampo a Culiacán. Pero el caso no fue gratis, también cobró su cuota de sangre y muerte.
Entre los meses de marzo y abril de 2018, un comando integrado por decenas de camionetas y cientos de hombres armados hicieron una serie de operativos en las comunidades de Bellavista, La Higuerita, Culiacancito, El Tamarindo, Recoveco, El Limón de los Ramos, Pericos, entre otras, y levantaron a decenas de jóvenes que señalaron de participar en el huachicoleo en la región.
En realidad, de acuerdo con las investigaciones periodísticas que se dieron a conocer en ese momento, no se trató de “bajar la incidencia” de este delito, sino de acotar a otro grupo criminal de su sustento y arrinconarlo. Es decir, “poner orden en la casa” para imponer la autoridad hegemónica de una sola organización delincuencial.
De hecho, muchas personas que fueron levantadas al final fueron liberadas con la advertencia de ya no trabajar para un determinado grupo. Algo similar —según policías consultados— está sucediendo con las bandas de robacarros. No se trata poner fin a un negocio, sino administrarlo. Y eso crea la sensación en la sociedad de tolerancia al crimen dedicado al narcotráfico