Tras un proceso electoral en el que se impuso a la candidata oficial, Teresa Ochoa Pérez, como la nueva dirigente del STASE, grupos disidentes presentaron impugnaciones ante la CNDH y el PJF para evitar que el nuevo Comité Ejecutivo, al que se acusa de ser simple marioneta al servicio del gobernador, entre en funciones a pesar de que ya se les tomó protesta el pasado 1 de septiembre.

Por Redacción.

Escolatada por decenas de agentes de la Policía Estatal Preventiva que vigilaban los alrededores del Salón FIGLOSTASE, el pasado 1 de septiembre Teresa de Jesús Ochoa Pérez tomó protesta como nueva secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE).

Durante el acto, al que no asistieron representantes de las planillas opositoras que impugnaron la elección, la nueva dirigente sindical estuvo acompañada por el secretario saliente, Gabriel Ballardo Valdez, ante quien prometió continuidad, darle seguimiento a los temas que quedaban pendientes y hacer todo lo posible para convocar a la unidad del sindicato tras unas elecciones cargadas de irregularidades.

Se consolidaba así un pacto de impunidad y continuismo establecido entre Ballardo, Teresa Ochoa y el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien gozará de la tranquilidad de tener un sindicato a modo lo que le resta de gobierno, denuncian opositores a la planilla roja representada por los tres personajes mencionados.

Esos mismos opositores, algunos de los cuales fueron amenazados, denunciaron ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, además del acarreo de sindicalizados, la compra de votos, el desvío de recursos tanto sindicales como públicos y la integración de un Comité Electoral a modo, durante la instalación de una mesa receptora de votos en Mazatlán, el gobernador desplegó a decenas de elementos de la Policía Estatal, quienes portaban armas de grueso calibre como si se tratara de un operativo contra el narco, en la  Unidad de Administrativa del Gobierno del Estado en el puerto con un doble fin: forzar el voto de los trabajadores a favor de la Planilla Roja e inhibir el voto de quienes apoyaran a cualquier otra planilla.

Denuncian que durante dicho acto, la Policía Estatal efectuó detenciones arbitrarias de trabajadores de la llamada Planilla Amarilla, violó la libertad de transito, el derecho a la libre manifestación, la libertad de expresión y la libertad sindical, por lo que tomaron la decisión de interponer una queja ante la CNDH, la cual quedó registrada bajo el número de folio 2020/63733, además de una demanda de amparo ante un Juez de Distrito de Culiacán, en la que se impugna todo el proceso electoral, pero sobre todo la injerencia del gobernador en complicidad con el líder sindical charro Gabriel Ballardo Valdez.

“Exigimos al Poder Judicial de la Federación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la inmediata atención de los recursos presentados, sobre todo considerando que la descomposición institucional que prevalece en el país nos coloca como sociedad en un grave riesgo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sobre las cuales los organismos encargados de salvaguardar la Constitución y los propios Derechos Humanos deben hacer prevalecer el de por si menguado Estado de Derecho en nuestro lastimado país”, señala en un comunicado de prensa el abogado Víctor Caballero Sierra, representante del Colectivo  Aequus.-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, quien interpuso las denuncias en nombre de los disidentes.

La alternativa de interponer la queja por violaciones a los derechos humanos radica en que las impugnaciones presentadas dentro de la Comisión Electoral del propio sindicato por lo general se resuelven en periodos que pueden alcanzar hasta los tres años, tiempo en el que Teresa Ochoa estaría al frente del STASE, por lo que no impediría el ejercicio de las funciones del nuevo Comité Ejecutivo, señala Yesenia Rojo, activista social y trabajadora del Estado.

“El primer paso para impugnar es dentro de la misma Comisión Electoral. Ya se agotó ese paso. Ya está la impugnación dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es lo que ellos estaban esperando porque ese proceso dura tres años, tiempo en el que ellos estarán ahí en el sindicato. Es por eso que hemos presentado una demanda de amparo basándonos en las violaciones a los derechos humanos que sufrimos en el acto de Mazatlán, en el que policías coaccionaron el voto y donde sufrimos ataques por parte de esos elementos”, señala Yesenia Rojo.

“Estamos esperando si se nos concede la suspensión provisional y que no se le dé la toma de nota a la señora [Teresa Ochoa] o si no, esperarnos a una suspensión definitiva, la cual tardaría dos meses, no los tres años. Algo que el Comité no se espera porque ellos siempre se van por la vía de la impugnación y eso dura tres años, por eso la tranquilidad de ellos. Dicen: Para que lleguen a los tribunales federales tienen que pasar por la Junta de Conciliación, al final, lo maneja también Gobierno del Estado, el gobernador también puede interferir ahí. Si obtenemos el amparo por la vía de Derechos Humanos se puede impedir que se le entregue la Toma de Nota a Teresa Ochoa y paralizar al sindicato por lo menos administrativamente. Sería una orden para que este Comité Ejecutivo no se posicione en el sindicato y, en caso de que ya esté ejerciendo funciones, que deje de hacerlo”.

La inconformidad de los sindicalizados del STASE con Ochoa y Ballardo se debe a que son señalados de ser simples marionetas al servicio de Quirino Ordaz. A Ballardo le han prometido puestos políticos a cambio de mantener tranquilas las aguas en el sindicato. A ella, a su vez, le prometieron la dirigencia sindical a cambio de seguir el patrón de conducta de su antecesor: sortear a la disidencia, reprimir las inconformidades, resolver a como de lugar los problemas sin molestar al gobernador.

Durante la campaña, agregan, se evidenciaron muchos actos de corrupción que favorecieron a la candidata oficial. Yesenia Rojo señala que a Ballardo se le dio luz verde para expedir diferentes apoyos y préstamos a los sindicalizados que sirvieron para coaccionar el voto. Además, durante las jornadas de votación, los beneficiados con préstamos y dinero en efectivo debían enviar una foto por WhatsApp de la boleta cruzada a favor de la planilla roja, junto a su credencial de elector, para comprobar que, en efectivo, habían votado por Teresa Ochoa.

“Dos días antes de las elecciones se entregaron mil 500 préstamos, entre ellos hubo préstamos de vivienda para trabajadores, pero esos trabajadores tenían que demostrar que estaban dando el voto. Circularon en redes sociales boletas electorales con la cruz en la parte roja y la credencial de elector a un lado. Tenían que comprobar que votaron por la planilla roja. Trabajadores que abiertamente decían tengo que votar por ellos porque me van a quitar la compensación, o me dijeron que tenía que hacerlo porque ya está mi préstamo pero me lo van a dar cuando compruebe mi voto. Se descubrió a muchas personas en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis con maletitas de las que sacaban dinero para entregárselo a personas que les mostraban la foto en el teléfono comprobando que habían votado por ellos”, agrega Yesenia Rojo.

Con la nueva dirigencia, agrega la activista, seguirá el robo de bases o plazas, los agremiados del STASE continuarán sin un contrato colectivo de trabajo ya que el gobierno se maneja con puros convenios, la deuda del Gobierno Estatal hacia el sindicato seguirá intacta, las quejas de personal despedido se incrementará, sobre todo en los CENDIs donde los trabajadores no tienen base, por lo que los disidentes se preparan para tres años más de un sindicato que, lejos de velar por los intereses de los trabajadores, sirva de comparsa a los interés del gobierno estatal.