La defensa legal de Rosario Robles, vinculada esta mañana a proceso por ejercicio indebido del servicio público y trasladada al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, aseguró que se trata de una persecución política y que cuentan con todos los recursos para demostrar la inocencia de su clienta.
Luego de más de 12 horas de audiencia, Alejandro Olea, uno de los abogados de la exsecretaria de Desarrollo Social, dijo que su clienta es una presa política y que la Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo la capacidad jurídica y moral para rebatir las pruebas presentadas.
El litigante señaló que se encontraron ante un Tribunal del Estado, que los hechos, pruebas y leyes no fueron parte del debate y de la imputación de la defendida y que están ante una violación grave de la presunción de inocencia de Robles y de una violación grave al debido proceso.
Olea aseguró que su defendida tiene todos los recursos necesarios a su alcance y que los harán valer desde este momento y empezarán a trabajar en combatir las dos resoluciones porque son ilegales y contrarias a derecho y a los tratados internacionales de los que México forma parte.
“Evidentemente no esperábamos esta resolución porque exhibimos y desahogamos todos los datos de prueba y de investigación que acreditan la inocencia de Rosario Robles”, expresó.
En declaraciones a medios, afirmó que la Fiscalía no pudo realizar manifestaciones jurídicas para rebatir la teoría de la defensa y un “juez de consigna” determinó una prisión preventiva justificada con fundamentos meramente subjetivos.
A su vez, Julio Hernández Barros, otro de los abogados de la exfuncionaria, dijo que se encontraron con un Tribunal de Estado pues se violó el debido derecho y la presunción de inocencia, porque aunque se entregaron pruebas, estas no fueron tomadas en cuenta por la FGR.