Quirino y Malova: contratos millonarios a empresas investigadas por AMLO
Publicado el: 22/04/2019 02:30:20 p.m. en
Quirino y Malova: contratos millonarios a empresas investigadas por AMLO
 


El gobierno federal anunció en días pasados que tres empresas farmacéuticas no podrán participar en licitaciones o adjudicaciones directas con el sector salud debido a su probable participación en actos de corrupción e influyentismo durante la administración de Enrique Peña Nieto. Estas tres distribuidoras de medicamentos obtuvieron durante los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel contratos millonarios por 731 millones de pesos.

 

 

Por Redacción De Primera Noticias. 

 

  

Las tres empresas distribuidoras de medicamentos que fueron señaladas por el gobierno federal de monopolizar las compras públicas en el sector salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, también recibieron contratos millonarios durante los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel por más de 731 millones de pesos, de acuerdo con un informe elaborado por Iniciativa Sinaloa.

 

 

El pasado 8 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un oficio enviado el 20 de marzo a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, en el que se ordena que se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas con el gobierno federal a tres empresas que acapararon el 62.4% de todas las compras públicas en el IMSS e ISSSTE, mientras  se realizan las investigaciones que determinarán si hubo corrupción e influyentismo.

 

 

 

“Este hecho resulta, a todas luces, inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios. En razón de lo anterior, le solicito que, de conformidad con la legalidad de la materia, se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas hasta que sepamos, a ciencia cierta, si hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”, señala el oficio 009/3/2019.

 

 

Las empresas investigadas son Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., con sede en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, propiedad de Francisco Pérez Fayad, que en 6 año se llevó 107 mil 546 millones de pesos, lo que representa el 35% del total de las compras que se realizaron durante el sexenio de Peña Nieto. Esta empresa, incluso, había sido señalada durante el gobierno de Felipe Calderón por la Auditoría Superior de la Federación por vender medicamentos con sobreprecio.

 

 

También se menciona a Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (DIMESA), con sede en el municipio de Tultitlán, Estado de México, propiedad de Carlos Álvarez Mermejillo, la cual obtuvo el 12% de las compras del gobierno federal, el equivalente a 36 mil 604 millones de pesos en el sexenio pasado, siendo 2018 el año en que mejor les fue al recibir contratos por 8 mil 426 millones de pesos. Y por último está Grupo MAYPO, propiedad de Carlos Arenas Wiedfeldt, cuyas oficinas centrales se ubican en la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, la cual obtuvo el 11% del total de compras, lo que equivale a 35 mil 224 millones de pesos.

 

 

De acuerdo con el gobierno federal, estas tres empresas vendieron en 2018 al ISSSTE y al IMSS la cantidad de 34 mil 280 millones de pesos en fármacos y equipo médico, lo que representaría el 62.4% de todas las compras realizadas por dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales.

 

 

En respuesta, la Asociación Nacional de Insumos para la Salud (ANDIS), que representa a más de 200 laboratorios y entre los cuales se encuentran los grupos de distribuidores señalados, publicó un comunicado en el que aseguró que todos sus miembros cumplen con los estándares de ética y transparencia y a nombre de dos de sus asociados, DIMESA y MAYPO, solicitó una audiencia con el presidente López Obrador.

 

 

En dicho comunicado se señala que las compañías agrupadas en esta asociación distribuyeron en 2018 mil 300 millones de productos, con lo cual se garantizó el abasto de medicinas en almacenas, hospitales y farmacias del ISSSTE, IMSS, SEDENA, SEMAR y PEMEX a través de un mecanismo que funciona desde 2013 para compras por grandes volúmenes que, de acuerdo con ANDIS, han generado ahorros para las instituciones por más de 20 millones de pesos.

 

 

Grupo Fármacos, por su lado, también envió un mensaje al presidente solicitando “respetuosamente su voto de confianza para que nos permita seguir participando en igualdad de condiciones con otros competidores en los próximos procedimientos de contratación en la inteligencia de que estamos a las incondicionales órdenes de las autoridades competentes".

 

 

 

Las empresas vetadas en Sinaloa

 

 

En un informe de Iniciativa Sinaloa, publicado un día después del anuncio del presidente, se señala que entre 2013 y 2017 Grupo Fármacos Especializados, DIMESA y MAYPO firmaron 24 contratos con los gobiernos estatales para la adquisición, la administración y el abasto de medicamentos en los Servicios de Salud de Sinaloa. 

 

 

El informe asegura que DIMESA obtuvo del gobierno de Sinaloa 13 contratos por 688 millones 965 mil 200 pesos, el más importante de los cuales se firmó durante la administración de Mario López Valdez al pagarse 500 millones de pesos por el servicio de administración y abasto de medicamentos y material de curación de la red hospitalaria de los servicios de salud de Sinaloa. 



“Este contrato se firmó el 29 de diciembre de 2014, durante la gestión de Ernesto Echeverría Aispuro al frente de los Servicios de Salud de Sinaloa y tuvo una vigencia de tres años, de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016”, indica el informe.



Agrega que otro de los contratos más cuantiosos se firmó en 2014 con DIMESA por el mismo servicio de administración y abasto de medicamentos, pero esto en las farmacias subrogadas de los servicios de salud. La contratación se dio el 7 de agosto de 2014 y fue por un monto de 139 millones 941 mil 552 millones de pesos, con una vigencia de agosto a diciembre de 2014.  El gobierno de MALOVA contrató a las empresas investigadas ahora por la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de López Obrador en 2013, 2014 y 2016. 



Durante el primer año de Ordaz Coppel, las tres farmacéuticas señaladas por AMLO obtuvieron 10 contratos por un monto de 63 millones 204 mil 430 pesos por la compra de medicamentos para tratamiento de hepatitis, material de curación, radiológico, vacunas y lácteos, así como medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. 



Con Ordaz Coppel, el contrato más alto lo obtuvo Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV, a quien se le compró medicamentos, lácteos y psicotrópicos y estupefacientes por un monto de 31 millones 715 mil 628 pesos.

 

 

En otros estados como Guanajuato y Coahuila, algunas de estas empresas han sido acusadas de venderle al estado medicamentos de mala calidad y a sobreprecios de hasta 312%. DIMESA, por ejemplo, fue señalada de vender al anterior gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Miguel Márquez, medicamentos como irbesartán, el cual tenía un costo en 2013 de 160 pesos por caja, en hasta 500 pesos.

 

 

 

 

 

 

 

 

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