La construcción de una planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo ha generado la reacción de grupos ambientalistas, comunidades indígenas y pescadores de la región que aseguran que el proyecto representa una amenaza al ecosistema de la bahía y a sus actividades económicas. Para los promotores del proyecto, en cambio, con esta planta la región dejará de importar fertilizantes, bajará los gastos de los productores agrícolas y se generarán más de 2 mil 500 empleos.

Por Santiago Rentería.

En 2013 el ex gobernador de Sinaloa y ex presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, Francisco Labastida Ochoa, fue contratado por la empresa suiza alemana PROMAN para gestionar y promover la construcción de una planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo.

Para este proyecto la empresa está dispuesta a invertir hasta 5 mil millones de dólares a través de su filial mexicana, Gas y Petroquímica de Occidente. Entre los beneficios que supuestamente traerá esta planta destacan la disminución de gastos a los productores agrícolas del noroeste de México ya que actualmente el 85% de los fertilizantes que compran son importados. De esta manera, señalan quienes apoyan el proyecto, México dejaría de ser un importador de fertilizantes para convertirse en un país autosuficiente y exportador.

De acuerdo con el secretario de Economía de Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, esta planta será la más moderna y segura del mundo, para la cual se invertirán más de mil millones de dólares en una primera etapa, con lo que se logrará producir 770 mil toneladas de amoniaco y 700 mil toneladas anuales de urea, ambos fertilizantes usados en los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco y Baja California.

Asimismo, señala que se planea construir en una superficie de 202 hectáreas y generará más de 2 mil 500 empleos en su etapa de construcción y alrededor de 300 empleos permanentes.

Ante el anuncio de la construcción de esta planta en la bahía de Ohuira, ambientalistas, activistas sociales, pescadores y líderes de comunidades indígenas del municipio de Ahome alzaron la voz para oponerse a este megaproyecto por el riesgo ambiental que supone. Aseguran que generará un impacto negativo en el equilibrio del ecosistema y sus especies marinas, afectará en cadena a los pescadores de la región y representará un peligro a la salud de los habitantes de comunidades en 50 kilómetros a la redonda.

Desde 2018, los grupos opositores se unieron en una campaña que denominaron Aquí No, para rechazar la construcción de la planta en esa zona del estado e incluso promovieron varios amparos para suspender su  construcción, los cuales han ido ganando uno tras otro ante el Poder Judicial de la Federación.

El pasado 22 de noviembre, por ejemplo, el Consejo Supremo de Kobaneros y Pueblos Indígenas Yoremes-Mayos de Sinaloa obtuvo un amparo definitivo para detener el proyecto luego de que el juez sexto de distrito determinara que no se consultó a las etnias indígenas para la construcción de la planta en sus terrenos, con lo cual quedaba sin efecto la aprobación del proyecto por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los grupos ambientalistas también han señalado que hay una serie de anomalías en las que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente ha incurrido, entre ellas, apropiación de terrenos de zonas federales protegidas, el secado de manglares del sitio Ramsar y alteración del estudio de impacto ambiental. Aseguran que la empresa alemana decidió construir la planta en una zona que se encuentra bajo un proceso de saneamiento natural por los altos niveles de contaminantes generados por las plantas de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en Topolobampo.

Para Gerardo Moya, el director en México de Gas y Petroquímica de Occidente, las hipótesis sobre el impacto social y ambiental del proyecto carecen de respaldo documental y asegura que la planta no va a descargar contaminantes ni sustancias tóxicas a la bahía de Ohuira y tampoco se van a descargar aguas residuales.

Labastida Ochoa, por su parte, asegura que detrás de los grupos opositores se encuentran los intereses de los importadores de fertilizantes, en concreto mencionó al empresario Rodolfo Elizondo, quien presuntamente importa de manera anual cerca de 400 mil toneladas de fertilizantes que revende en México a precios elevados aprovechándose de que tiene el monopolio de la venta. Es Rodolfo Elizondo, dice el exgobernador, quien mueve a los ambientalistas para proteger su negocio de importación de fertilizantes.

En estos señalamientos coincide el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en agosto de 2018, durante una gira por los Mochis, habló con los opositores y les prometió analizar el proyecto. Sin embargo, en mayo pasado, López Obrador avaló la construcción de la planta señalando que eran los empresarios que ahora distribuyen los fertilizantes quienes se oponen a la construcción de la misma.

En respuesta, el exdiputado panista y líder del colectivo Aquí No, Gerardo Peña Avilés, amenazó con darse un tiro si la planta se construye en la bahía de Topolobampo: “Quiero decire al presidente Andrés Manuel que la planta no se va a construir aquí, y si se hace, yo me doy un tiro”, expresó en una conferencia de prensa.

Al tema también se ha sumado la diputada federal por Morena, Tatiana Clouthier, quien en entrevista en un programa de radio acusó a Labastida Ochoa de ser inversionista con la empresa que promueve la construcción de la planta. Más tarde, sin embargo, se tuvo que retractar y admitir que si bien el exgobernador no está invirtiendo su dinero, sí es promotor y le están pagando como asesor.

Además, lo acusó de ejercer influyentismo ya que cuando se empezó a gestar el proyecto, su hijo Francisco Labastida Gómez de la Torre estaba al frente de la Coordinación General de Proyectos Estratégicos en el gobierno de Mario López Valdez. Al proyecto, Labastida también sumó a sus amigos ahomenses, el empresario atunero Eduvigildo “Leovi” Carranza, y el empresario inmobiliario Rubén Félix Hays, ambos señalados en distintas investigaciones periodísticas en casos de corrupción y explotación laboral.

La construcción de la planta está programada para iniciar en octubre. Aunque cada vez se suman más opositores al proyecto, ninguno  está en contra de la construcción de una planta de fertilizantes, el problema, insisten, es la ubicación de la misma, en un refugio de aves migratorias, con manglares y considerada como área Ramsar, es decir, un núcleo de diversidad biológica cuya conservación es esencial para proteger el planeta.