“El Químico” Benítez busca cerrar su gobierno con la construcción de un Pingüinario en los cascajos de lo que fue el Tiburonario del Acuario de Mazatlán. Mientras que por un lado justifica el despido de trabajadores de todas las dependencias bajo el argumento de los recortes al presupuesto, por otro lado pretende ejercer un gasto por encima de los 11 millones de pesos para una obra que la ciudadanía desaprueba por no traer ningún beneficio para el municipio.

Por Redacción De Primera Noticias.

Sobre los cascajos de lo que fue el fallido Tiburonario del Acuario de Mazatlán, la administración municipal de Luis Guillermo Benítez Torres busca construir un Pingüinario, proyecto para el cual se tienen contemplados recursos por encima de los 11 millones de pesos.

A este proyecto se oponen el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, activistas de la sociedad civil que incluso han recolectado firmas a través de la plataforma Change.org y la síndico procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, quien señala incongruencia por parte del alcalde pues se está despidiendo a trabajadores de todas las dependencias bajo el argumento de que se están apretando el cinturón.

El proyecto “Aprovechamiento del inmueble Tiburonario para adecuarlo a Pingüinario”, bajo licitación pública No. AMA-2020-LP-001, falló a favor de la empresa Constructora ICLIMSA S. A. de C. V., la cual ofreció una propuesta económica de 11 millones 765 mil 823 pesos con 63 centavos.

La licitación fue lanzada en septiembre y la resolución se dio a conocer el pasado 8 de octubre, luego de que dos de las tres empresas que ofrecieron propuesta se salieran al enterarse de que debían financiar el 100 por ciento de la obra que posteriormente se les iba a liquidar.

Ante esta resolución, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán expresó su inconformidad a través de un comunicado de prensa en el que señalaron su oposición al procedimiento de licitación por considerar incumplimiento en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez del presupuesto público establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

De acuerdo con el Observatorio, los recursos previstos para la obra no se encuentran contemplados en el Presupuesto de Egresos del Acuario de Mazatlán para el ejercicio 2020, además, señalan que utilizar dinero del erario para la construcción de una obra no programada viola el artículo 134 e incluso “resulta sospechoso destinar presupuesto de manera repentina”.

“Se destaca que la inversión se prevé en una construcción como el Tiburonario, vinculado a hechos de presuntas irregularidades evidenciadas tras el colapso de su pecera en 2017, además que en un futuro inmediato estará funcionando otro acuario, el Mar de Cortés, por lo que ésta no resulta una inversión prudente, por el contrario, se proyecta como una obra opaca y sin planeación”, señala el documento.

Para Gustavo Rojo, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, la ocurrencia de construir un Pingüinario tiene su origen en la necesidad que siente cada gobierno de dejar una obra emblemática, ya que hasta la fecha, todas las obras realizadas durante la presente administración han sido contratadas con recurso estatal y con una mínima inversión por parte del municipio.

“De repente se empezó a mencionar por parte del gobierno y empezó a salir en el discurso público del alcalde el proyecto del Pingüinario. Alguien por ahí les ha de haber puesto la idea y con esa obra se quieren ir, dejando algo emblemático por parte de esta administración”, señala Gustavo Rojo.

Para la síndico procuradora hay una actitud incongruente por parte de la administración municipal porque, mientras recortan personal de todas las dependencias, incluyendo del Acuario de Mazatlán, bajo el argumento de que deben ahorrar, se permiten un gasto innecesario en tiempos en los que los recortes presupuestales afectan a todos los gobiernos.

“Tenemos que ser más cuidadosos. Se están ajustando los cinturones y despidiendo a trabajadores y luego pensar en un gasto de tantos millones de pesos. Ahí es donde no le encuentras la congruencia. Sería importante ser autocríticos y decir, bueno, si somos un gobierno diferente, vamos haciendo las cosas diferente. Es el proyecto de nación de López Obrador, que tenemos que acabar con la corrupción de tajo. ¿Y dónde estamos?”, declaró Bojórquez Mascareño.

El proyecto busca traer pingüinos de la especie Humboldt que anidan en las islas rocosas frente a las costas de Perú y las del norte de Chile, por lo que vive en aguas templadas o subtropicales, a diferencia de los pingüinos emperador o de Magallanes que viven en la Antártida o lugares extremadamente fríos.

Apenas se dio a conocer el proyecto, la activista social Alejandra Tirado publicó una petición en la plataforma Change.org para evitar la construcción del Pingüinario, la cual, hasta el pasado 14 de octubre, acumulaba 31 mil 035 firmas.

“El ayuntamiento de Mazatlán tiene un proyecto para añadir un pingüinario al Acuario local. Esto es un acto que no ve por el interés de los animales, y su objetivo es exclusivamente atraer el turismo e incrementar los ingresos de dicho establecimiento. El clima de Mazatlán llega a exceder los 43ºC y perjudica completamente a esta especie cuyos climas ideales son fríos”, señala la petición.

Esta ha tenido eco entre la ciudadanía: “Crueldad animal a 50 grados de calor y un gasto estúpido”, “Es injusto lo que el gobierno quiere hacer solo por turismo, no son condiciones aptas para estos animales”, “En Mazatlán esto resultaría por completo una tortura para esta especie, sin mencionar lo caro que resultaría”, “Primero arreglen escuelas y después hagan un Pingüinario”, son algunos de los comentarios publicados por quienes apoyan la petición.

De acuerdo con el gobierno municipal, parte del presupuesto se obtendría con el pago por reparación de daño contra el Tiburonario que el pasado 24 de septiembre ordenó el Juez de Control Adán Alberto Salazar contra tres exfuncionarios malovistas acusados del colapso del inmueble el 1 de febrero de 2017, apenas dos meses después de haber sido inaugurado.

Fue durante la audiencia celebrada el 24 de septiembre cuando el representante legal del Acuario, Ángel Servín Sanpedro, y el director general, Juan Pablo Rojo, solicitaron al juez una reparación del daño por apenas 717 mil pesos. Los tres ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del Estado (Dionisio Sánchez Félix, José Luis Ulloa Miranda y Armando Trujillo Sicairos) aceptaron de inmediato. Pero el juez contempló esa cifra como muy inferior al daño ocasionado contra la administración pública, por lo que ordenó un pago de 3 millones de pesos.

El argumento que usó el gobierno del Químico Benítez para determinar ese monto tan bajo fue que los principales responsables del colapso del acrílico del Tiburonario no son los tres imputados, sino otros funcionarios estatales y las dos empresas constructoras encargada de la obra: Osuna y Osuna Arquitectura, propiedad del arquitecto Omar Osuna, y Grupo Ecosistemas de México, del empresario Antonio Roberto Becerra González.

Los funcionarios solicitaron a la Fiscalía Anticorrupción que investigue y ejerza acción penal contra los empresarios y los otros funcionarios estatales responsables de la obra, por lo que el giro en el caso quedó ahora en manos de la propia Fiscalía Estatal.