Varios funcionarios estatales y municipales han sido citados por los diputados a comparecer en el Congreso de Sinaloa ante casos graves de corrupción o negligencia. Pero con la ley actual los servidores no están obligados a la comparecencia. Cuando lo han hecho, su paso por el Congreso ha quedado como un mero espectáculo en el que unos gritan, otros reprochan y otros más aplauden.

Por David Fuentes M.

El pasado miércoles 16 de octubre, un día antes de los hechos violentos que se registraron en Culiacán por el fallido operativo para detener a uno de los hijos de El Chapo Guzmán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro compareció en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado de Sinaloa.

Estrada Ferreiro ha sido el más reciente de los servidores públicos que ha sido llamado a comparecer.

En su caso fue por la muerte de Alejandra Terrazas, la menor de 17 años que falleció al caer a una alcantarilla en mal estado, que ya había sido reportada en una denuncia ciudadana meses antes de las inundaciones del 5 de septiembre.

Fueron los propios legisladores de Morena, con la oposición  del PAN, PRI y PT, quienes presentaron ante la Diputación Permanente un Punto de Acuerdo de Urgente Resolución para exigir la presencia tanto del alcalde como del director de Obras Públicas, César Manuel Ochoa Salazar, y del titular de Protección Civil Municipal, Marco Antonio Martínez de Alba.

Durante la comparecencia (a la que asistieron 25 de los 40 diputados), José Rosario Romero, de Morena, y Karla Montero Alatorre, diputada sin partido, le dieron un trato condescendiente, con cuestionamientos a modo, que no incomodaron al alcalde.

Burda bufonería

Fueron los diputados Pedro Villegas Lobo y Beatriz Adriana Zárate, ambos de Morena, quienes elevaron el tono y directamente le pidieron a Estrada Ferreiro su renuncia, lo señalaron de ser responsable directo de la muerte de la menor y le advirtieron que si los ciudadanos piden un juicio político en su contra, no se opondrían.

“Como diputado es mi deber decirle que los ciudadanos de Culiacán están hartos de su actitud tan déspota, arrogante, prepotente y grosera […] Usted no representa a la Cuarta Transformación”, le espetó el diputado Villegas Lobo, palabras que fueron abucheadas por la porra que llevaba el alcalde.

Tras los regaños, las advertencias y los señalamientos directos, el alcalde respondió hablando de la falta de presupuesto para solucionar el problema del drenaje, de la falta de personal en las subdirecciones, de la corrupción en las anteriores administraciones que permitieron que el problema creciera.

Después de dos horas de comparecencia, el asunto quedó en nada, puro regaño y lucimiento personal para los diputados que alzaron la voz. Al término, el alcalde se dedicó a tomarse fotos con su equipo y con la porra que lo acompañó, como si se hubiera tratado de un acto del Ayuntamiento, de un evento en el que se hubieran repartido despensas y no de la comparecencia de servidores ante el caso de una joven que no debió morir en esas circunstancias. 

Los blancos rateros

Lo mismo ha sucedido con los otros servidores de la actual y pasada administración estatal que han sido citados por los legisladores ante casos de corrupción, negligencia, incompetencia u omisión en hechos relevantes: todos continuaron en el puesto sin ningún problema.

Por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, asistió al congreso el 16 de julio pasado para responder por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto de la dependencia y por despidos injustificados.

Castañeda Camarillo fue duramente cuestionado por Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, por el aparente despido injustificado de cerca de 500 policías estatales, los cuales fueron remplazados por dos mil elementos con formación militar que carecen de los exámenes de control de confianza.

En respuesta, el titular de la SSPE señaló los mandos de los cuerpos de seguridad y los policías militarizados integrados a labores de patrullaje fueron certificados y evaluados por la Secretaría de la Defensa Nacional. El diputado le recordó que las evaluaciones de los policías las debe realizar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pasen a ver al león

Otro funcionario citado fue el titular de Protección Civil Estatal, Francisco Vega Meza, quien acudió a comparecer por la falta de información a la ciudadanía sobre las lluvias que provocaría la depresión tropical 19-E en septiembre de 2018, las cuales generaron inundaciones en varias colonias de Culiacán, sindicaturas y la muerte de varias personas arrastradas por las corrientes de los arroyos.

Asimismo han acudido al congreso el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, quien fue citado a declarar ante la situación de los centros de salud, por el desabasto de medicamentos y por el tema de la basificación de los empleados eventuales o por contrarios.

Igualmente la titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Araceli Tirado Gálvez, quien compareció por el incremento de la violencia hacia las mujeres y en pleno acto fue confrontada por siete ex empleadas del ISMujeres que acusaron a su titular de acoso laboral, de haberlas despedido sin liquidación y de amenazarlas con que si denunciaban serían boletinadas para que no fueran contratadas en ninguna dependencia pública.

En todos los casos, pese a los señalamientos o los cuestionamientos en su contra, los funcionarios han usado la comparecencia como un acto de propaganda personal, un informe de actividades aplaudido por sus porras  (trabajadores de la dependencia o ciudadanos beneficiados con programas) y como una oportunidad para redimirse de su incompetencia en un foro público.

“El objetivo de las comparecencias es que los funcionarios ofrezcan una explicación pormenorizada para detectar si hubo fallas u omisiones en su desempeño. En el caso de Estrada Ferreiro, el Congreso juzgó la necesidad de mandarlo llamar para determinar si existía o no una responsabilidad por el caso de la joven Alejandra y si había más fallas al respecto”, señala el activista social Ernesto Saldaña García.

Responsabilidad sin castigo

El artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso establece cuáles serán los lineamientos para el llamado a comparecer a los servidores, pero la comparecencia no tendrá implicaciones legales toda vez que los legisladores no tienen capacidad o autoridad para determinar la culpabilidad de una persona en un delito.

“No tienen esa capacidad. Lo más que pueden hacer es pasar el asunto, darle conocimiento del caso a otra instancia como la Auditoría Superior del Estado o la propia Fiscalía General del Estado, si es que encuentran una irregularidad grave u omisiones que pudieron haber causado un delito”, señala Saldaña García.

La Ley Orgánica del Congreso de Sinaloa data de 1995 y es omisa en el capítulo de Sanciones, por lo que si los servidores deciden no asistir a la comparecencia, no hay ninguna sanción que se les pueda aplicar. Tampoco están obligados a presentar un informe. Se les pide que presenten dicho informe y que acudan al Congreso. Pero no están obligados a ninguna de las dos cosas. Por lo que acudir al legislativo ha sido visto como un acto de condescendencia o hasta de honor por parte de los funcionarios.

“Hay que ver que esta ley orgánica está rebasada y que el congreso necesita una Ley nueva, se ha planteado pero no se ha ejecutado. Graciela Domínguez Nava ha mencionado en varias ocasiones que no se va a sacar una nueva Ley orgánica por imposición sino que se va a buscar la mayoría de consensos”.

La Fiscalía o la Auditoría están obligadas a revisar los expedientes enviados por los diputados y determinar si existe materia o no para una investigación y una sanción. Todas las observaciones que haga el congreso hacia un ente gubernamental tienen que ser revisado por ese ente. El Congreso dice aquí está, yo presumo que existen estas irregularidades, te hago de tu conocimiento, y ellos determinarán si existe o no materia en el asunto.

“Acerca de la utilidad jurídica de la comparecencia, no existe ninguna utilidad, porque la ley del congreso carece de sanciones en el caso de que se incumplan algunas disposiciones a la ley, en esto caso de la citación de algún funcionario publico si existe una grave omisión, y es una de las cosas que se quiere subsanar con una nueva ley orgánica, pero las legislaciones pasadas no han tenido la voluntad de reformar la ley orgánica”, concluye.