Lo venden como un parque público para el esparcimiento familiar, pero de acuerdo con grupos ecologistas y activistas sociales, la construcción del Parque Central de Mazatlán se trata de un verdadero ecocidio, además de un negocio en el que los amigos del gobernador Quirino Ordaz Coppel serán los principales beneficiados con las obras y el posterior aprovechamiento de los espacios.

Por David Fuentes M.

En uno de los videos promocionales del Parque Central de Mazatlán, disponible en la página web oficial, se señala que como parte de este ambicioso proyecto está el “rescate de animales” localizados en la laguna del Camarón, a los que se les buscará “un nuevo hogar”.

El eufemismo no alcanza a esconder lo que en realidad está pasando: con el dragado de la laguna y la poda indiscriminada de arbustos están saliendo todos los animales que viven en esa zona del puerto, incluyendo cocodrilos.

El “rescate” es en realidad un destierro, están cazando a los animales y los están expulsando de su hogar para trasladarlos a otras partes donde no sean un estorbo para la construcción del millonario proyecto promocionado por la familia Coppel.

Los impulsores del parque aseguran que aunque la zona donde han sido encontrados estos animales es un ecosistema natural, “no es el hábitat apropiado para su óptimo desarrollo y procreación” por lo que serán reubicados en otras áreas del municipio para “la salvaguarda de todas las personas aledañas al próximo Parque Central de Mazatlán”.

El proyecto busca construir en una zona de 32 hectáreas ubicadas en el Bosque de la Ciudad y en la Laguna El Camarón, a unos metros del malecón, del estadio Teodoro Mariscal y de la Zona Dorada, un parque cultural, educativo y deportivo, con andadores, ciclovías, juegos infantiles, canchas de futbol, volibol y basquetbol, skatepark, área de foodtruck y espacios para fiestas privadas y para conciertos.

La cereza del pastel serán el acuario Mar de Cortés, cuya construcción tendrá un valor (la estimación es a enero de 2019) de mil 400 millones de pesos, anunciado como el más grande de Latinoamérica, además de un Museo que por su “arquitectura icónica” a cargo del despacho del arquitecto Fernando Romero, no será nada barato.

El proyecto en total costaría unos 2,800 millones de pesos, aportados por el gobierno estatal, por la federación a través de Nacional Financiera, y por empresarios locales, entre ellos, Enrique Coppel Kelly, quien en meses pasados nombró a Guillermo Cerevelo como el vocero del parque, el impulsor público de su construcción.

“Es un esfuerzo de planificación generado desde la iniciativa privada en coordinación con las autoridades estatales y municipales y con la participación de consejeros, asesores locales y la asistencia de expertos internacionales”, señala el Fideicomiso. “El proyecto requerirá por lo menos de cinco años para su terminación y transitará por cambios de administración municipal y estatal”.

El parque comenzó a proyectarse a partir de 2013, pero no fue sino hasta 2018, durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, que comenzaron las labores de construcción. Antes de eso se dieron algunos pasos, entre ellos, la compra por parte del gobierno del Estado de 12.5 hectáreas (ubicadas entre avenida Insurgentes y el actual acuario) que pertenecían a la familia Tellería Valdés, a quienes se les pagó 148 millones de pesos del erario público por ese pedazo de tierra.

Pero antes de eso ocurrieron algunos incidentes: durante 2017 se registraron varios incendios presuntamente provocados en la zona del manglar de la laguna El Camarón que arrasaron con toda la vegetación. El primer incendio se registró el 6 de mayo y consumió buena parte de los pastizales ubicados en el sector sur de la laguna. Los bomberos tardaron más de dos horas en apagar las llamas. De acuerdo con el entonces presidente municipal, Fernando Pucheta, el responsable fue “un vándalo” o un “indigente” al que se había visto salir corriendo hacia el malecón.

Meses después, en diciembre de ese mismo año, otro incendio quemó otro sector de la laguna, ahora del lado de avenida Insurgentes, el cual no se propagó debido a que la propia ciudadanía actuó a tiempo, sofocando las llamas a baldazos, incluso antes de que llegaran los bomberos.

Activistas sociales mencionan que provocar incendios en áreas naturales es uno de los métodos que siempre han usado las constructoras, en complicidad con los gobiernos, para construir desarrollos inmobiliarios o cualquier tipo de proyectos en espacios codiciados.

Es por eso que un grupo de activistas encabezados por Juan Torres Navarro se han dado a la tarea de exigirle a las autoridades mayor información sobre el parque, sobre las empresas que participarán en su construcción y los estudios de impacto ambiental.

El 29 de mayo, Torres Navarro solicitó a la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública de Mazatlán documentación sobre la licencia de uso de suelo, licencia de construcción y autorización en materia de impacto ambiental por la Dirección de Ecología. La respuesta llegó a finales de julio, en una carta membretada con fecha atrasada del 11 de junio, en la que Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación de Desarrollo Urbano Sustentable, respondió que “tras una búsqueda realizada en nuestros archivos, no se localizó licencia de construcción ni dictamen de uso de suelo relacionado con la construcción del parque central”, solo “se expidió un certificado de derechos de construcción”.

En cuanto al estudio de impacto ambiental, el activista recibió respuesta por parte de María de Lourdes Sanjuan Gallardo, directora de Ecología y Medio Ambiente, en la cual le dice que la autorización en materia de evaluación del parque Central es jurisdicción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual otorgó un permiso en 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que los activistas sospechan que se trató de un permiso “a modo”, tal como el que se otorgó a la empresa suiza alemana Proman para la construcción de una planta de amoniaco en la Bahia de Ohuira, en Topolobampo, también durante el sexenio pasado.

“El Bosque de la Ciudad era un parque donde las familias podían ir a convivir en un día de campo. La laguna El Camarón es una de las partes más afectadas donde ya destruyeron el manglar. E incluso con toda la porquería que se echaba ahí por parte de los hoteleros, el manglar tiene la capacidad de drenar y oxidar esas aguas sucias”, señala Torres Navarro. “El vocero del proyecto dice que se ve bonita la avenida que construyeron junto al bosque, pero qué pasó, que bloquearon el reciclaje que hay entre el mar y la laguna y ahora vas y puedes oler la jediondez en el agua”.

A la polémica por el parque ya se sumaron los diputados locales de Morena, Beatriz Adriana Zárate y Apolinar García, quienes se reunieron con los activistas, a los que prometieron darle seguimiento al proyecto y a reformar la ley de Uso de Suelo desde el congreso del Estado para garantizar que las áreas verdes sean en beneficio de la ciudadanía.

Pero mientras esto sucede, las obras en la laguna y el bosque continúan, con el dragado, la poda y la caza de animales que habían hecho de esa zona del puerto su espacio de vida, todo, en nombre del progreso y del turismo.