Odebrecht, Peña Nieto y el Fiscal incómodo
Publicado el: 11/6/2017 6:58:33 PM en
Odebrecht, Peña Nieto y el Fiscal incómodo
  

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una investigación internacional sobre una red de corrupción encabezada por la empresa constructora brasileña Odebrecht. Dicho informe daba cuenta de millonarios sobornos que esta empresa había dado a diferentes gobiernos de Latinoamérica para recibir contratos. Entre esos nombres figuraba el de uno de los colaboradores más cercanos a Enrique Peña Nieto: Emilio Lozoya, quien durante la campaña presidencial de 2012 fuera su coordinador de vinculación internacional y luego, director de PEMEX. En agosto, la prensa brasileña publicó las declaraciones del director de Odebrecht México en las que aseguraba que dio 10 millones de dólares al gobierno mexicano a cambio de verse favorecido con licitaciones.

 

 

Por David Fuentes M.

 

 

 

La empresa brasileña Odebrecht, que se ha visto envuelta en una trama internacional de corrupción desde diciembre de 2016, habría pagado sobornos por 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX, a cambio de recibir licitaciones para realizar obras en una refinería de Tula, Hidalgo, de acuerdo con el diario brasileño O Globo.

 

El reportaje fue publicado el 13 de agosto y de inmediato fue reproducido por prácticamente todos los medios mexicanos.

 

De acuerdo con el medio brasileño, el exdirector de Odebrecht México, Luis Alberto de Meneses Weyll dijo a la Fiscalía Nacional de Brasil que le había ofrecido sobornos millonarios a Lozoya a partir de marzo de 2012, cuando este formaba parte del Comité de Campaña del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto. Lozoya trabajaba como coordinador de Vinculación Internacional para conectar al candidato con empresarios extranjeros.

 

Como el candidato del PRI iba arriba en las encuestas y Lozoya formaba parte del primer círculo del exgobernador del Estado de México, Odebrecht le ofreció millones de dólares que serían repartidos en varias etapas, a cambio de que, una vez que Peña Nieto ganara las elecciones, se les concediera una licitación por un valor de 115 millones de dólares para realizar remodelaciones a la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Tula.

 

El primer pago se habría hecho en marzo de 2012. El último habría sido en 2014. Lozoya fue director de Pemex entre 2012 y 2016. En un comunicado de prensa subido a su cuenta de Twitter, Lozoya negó haber recibido esos sobornos.

 

“Niego categóricamente las imputaciones y la información que hace referencia a supuestos actos de solicitud y/o recepción de sobornos directa o indirectamente por mi parte a la empresa Odebrecht o a sus funcionarios”, señaló en el comunicado. “Así mismo, suponiendo que hubiese alegatos en mi contra por parte de delincuentes confesos, habría que por lo menos mencionar que estas personas pueden decir cualquier cosa a cambio de reducciones de condenas.”

 

La trama de corrupción de la empresa brasileña fue destapada el 21 de diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia  de los Estados Unidos cuando publicó una investigación en la que se aseguraba que Odebrecht había sobornado a funcionarios de gobierno de 12 países, entre ellos, Panamá, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Colombia y México.

 

El 14 de julio pasado, la justicia peruana dictó prisión preventiva en contra del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presuntamente haber recibido financiación para su campaña presidencial en 2011 por parte de la empresa. Otro expresidente peruano, Alejandro Toledo, también ha sido señalado de haber recibido dinero de la empresa a cambio de licitaciones. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia. 

 

A cargo de la investigación sobre los presuntos nexos de Lozoya con esta red de sobornos de la empresa brasileña se encontraba Santiago Nieto Castillo, quien rindió protesta como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en el Senado de la República en febrero de 2015.

 

Pero el miércoles 18 de octubre el diario Reforma publicó una entrevista con Nieto Castillo en donde este aseguró que Lozoya Austin lo había intentado presionar para que declarara públicamente su inocencia en el caso.

 

Esto fue considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) como una falta “al código de conducta de la dependencia” por dar a conocer información sobre casos que se encuentran en curso y se ordenó su destitución.

 

“La PGR reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesar Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto”, señaló en un comunicado de prensa tras dar a conocer el despido.

 

En la entrevista, Nieto Castillo asegura que el ex director de PEMEX le envió una carta diciendo que quería que hiciera un pronunciamiento público sobre su inocencia.

 

“Me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esa parte. Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que soy una figura pública y la autoridad se tiene que disculpar. Esto es lo que me parecía particularmente grave”.

 

“Los pagos [a Lozoya] comenzaron en marzo de 2012, cuando era uno de los principales integrantes del comité de campaña del actual presidente”, señaló el diario brasileño en el reportaje de agosto pasado. “Peña Nieto lideraba las encuestas, el PRI se acercaba a una probable victoria y Lozoya era cotizado para asumir un cargo de relevancia en el futuro gobierno”.

 

El primer pago para Lozoya habría sido por 4 millones de dólares como una manera de señalar que, si el PRI ganaba las elecciones del 2 de julio de 2012, la empresa estaba dispuesta a pagar más a cambio de millonarios contratos en México.

 

En su periodo al frente de esa fiscalía, el ahora ex titular de la FEPADE consiguió las órdenes de aprehensión en contra de los ex gobernadores Javier Duarte y César Duarte por desvío de recursos del erario público a campañas electorales. 

 

Las reacciones tras su despido no se hicieron esperar. Líderes de opinión y representantes de todos los partidos de oposición señalaron que la remoción de Nieto era una represalia del gobierno federal por haber evidenciado a Lozoya.

 

Andrés Manuel López Obrador pidió que se reinstalara al fiscal.

 

“No debieron destituirlo de la manera como lo hicieron, no se justifica que por dar a conocer una información se le destituya, por encima de ese llamado Código de Ética de la Procuraduría está la libertad, actuar con honestidad y transparencia”, señaló el presidente de Morena a través de sus redes sociales.

 

Javier Lozano, senador del PAN, dio a conocer que se “objetará esta ridícula remoción” ya que el Senado tiene la facultad de objetar nombramientos y destituciones de los fiscales especializados. Se necesita el voto de dos terceras partes de los legisladores para que Nieto permanezca en el cargo, en contra de la decisión de la PGR.

 

Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, aseguró que la remoción no fue en apego a la legalidad.

 

“El único que tiene facultades para la remoción en este caso es el Senado de la República, que es quien lo designó, o en su caso la solicitud o propuesta de un procurador, no tenemos procurador, hay un encargado de despacho y eso nos coloca en otra condición”, señaló Barrales a la prensa.

 

En su cuenta de Twitter, Nieto aseguró que es un hombre de leyes, que cree en el Estado Constitucional de Derecho y que acudirá al Senado a defenderse de los señalamientos. 

 

El lunes 23 de octubre, Mexicanos Contra la Corrupción la Impunidad (MCCI) dieron a conocer en una investigación que al menos tres depósitos de 500 mil, 510 mil y 490 mil dólares se realizaron los días 23 de mayo, 30 de mayo y 8 de junio de 2012 (es decir, antes de las elecciones del 2 de julio) en una cuenta off shore a una empresa llamada Latin America Asia Capita, con sede en las islas Virgenes, uno de los paraísos fiscales del Caribe. Esta cuenta, señalan los testigos del caso, fue el vínculo con el ex director de PEMEX y con la campaña presidencial. Se cree que Nieto Castillo estaba a punto de solicitar el congelamiento de las cuentas de Lozoya cuando, repentinamente, y usando de excusa la entrevista que dio, la PGR lo destituyó de su cargo.

 

Desde Los Pinos se lanzó un comunicado ese mismo día en que MCCI dio a conocer esta información en el que aseguran que si bien Peña Nieto sí se reunió con empresarios de Odebrecht, no recibió recursos de esta empresa para su campaña.

 

“Ningún funcionario de Odebrecht tuvo participación en la campaña a la presidencia del licenciado Peña Nieto. Ni como aspirante ni como candidato recibió recurso alguno de las empresas mencionadas”, dice el comunicado.

 

La pregunta entonces es: ¿de qué habló Peña Nieto con la gente de Odebrecht? ¿De democracia? ¿De derechos humanos? ¿De creación de empleos para México? A la luz de las investigaciones que comenzaron en Estados Unidos sobre los millonarios sobornos de la empresa a gobiernos de varios países para obtener contratos de obra pública, no es muy difícil suponer la respuesta.

 

 

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