La muerte de un trabajador en una construcción propiedad de un grupo empresarial que tiene un medio de comunicación incómodo para el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ha propiciado la suspensión de la obra luego de que se detectara que los trabajadores no contaban con medidas de seguridad. La empresa señala que el alcalde se aprovechó de la situación para vengarse políticamente, mientras que el gobierno municipal pone en evidencia que la constructora incumplía el reglamento de seguridad para proteger a los trabajadores.

Por Redacción De Primera Noticias.  

El martes 29 de octubre, a las 9.30 horas, un soldador que trabajaba en la construcción de los condominios Camino al Mar, en la zona dorada de Mazatlán, cayó desde el séptimo piso y murió. José Antonio Lizárraga Valdez, de 40 años de edad, era uno de los 650 trabajadores que desde hace varios años construyen en la esquina de las calles Camarón Sábalo y Playa Gaviotas, en el corazón turístico del puerto, dos torres de 28 pisos que funcionarán como departamentos y centro comercial.

Inspectores de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán recorrieron la construcción tras el accidente acompañados por el Director Responsable de Obra. Al término del recorrido elaboraron un informe en el que señalaron omisiones en materia de seguridad como falta de señalización y delimitación de perímetros en zonas de riesgo, desinformación por parte de los trabajadores sobre qué hacer en casos de emergencia, falta de cascos y arneses para los obreros, y claros abiertos sin mecanismos para detener caídas, por lo que procedieron a colocar los sellos de Suspensión en espera de que concluyan las investigaciones por la muerte de José Antonio y la empresa responsable del proyecto solucione las irregularidades detectadas.

“Hicimos el procedimiento de recorrer toda la instalación de la obra y encontramos falta de seguridad, por ejemplo, no tenían la bitácora de obra como lo marca el reglamento. Nosotros procedimos conforme a la ley a suspender la obra hasta que esto se esclarezca”, señaló Jorge Estavillo Kelly, titular de Planeación Urbana. “Deben tener también el área de trabajo limpia de cualquier instrumento que pueda ocasionar un resbalón de un trabajador y no siendo así decidimos actuar hasta que no se regularice la situación”.

Esta no era la primera vez que la obra era inspeccionada por parte de autoridades municipales. El 1 de abril pasado, tras la caída de un obrero a un ducto de elevador que no contaba con señalización, Protección Civil Municipal emitió una serie de recomendaciones elementales entre las que estaban que todos los empleados debían portar cascos de seguridad y que debían mejorarse las señales de peligro para evitar futuros accidentes. Por tratarse de una obra de más de cuatro pisos, la vigilancia en el cumplimiento de las normas queda fuera de la competencia de Protección Civil Municipal: solo puede hacer inspecciones y emitir opiniones o recomendaciones siempre y cuando los constructores lo permitan.

Sin embargo, para la Desarrolladora Vicasa, empresa constructora del complejo Camino al Mar, en el oficio levantado por la Dirección a cargo de Estavillo Kelly un día después de la muerte de José Antonio y que propició la suspensión de la obra, se indicaron “hechos falsos”.

“Con este oficio, de forma arbitraria e ilegal, la autoridad municipal suspendió la obra, argumentando deficiencias en sistemas de seguridad sin definirlas adecuadamente. Aún así, la empresa acató la suspensión […] siendo importante mencionar que la empresa ha cumplido con toda la normatividad correspondiente”, señaló en un comunicado de prensa.

En el comunicado la constructora agrega que se acudió ante un Juzgado para que concediera un amparo provisional para continuar con la obra, transcurriendo seis días para ello. Al día siguiente las autoridades municipales regresaron, removieron los sellos y los volvieron a colocar “con el uso de la fuerza pública y sin oficio de comisión, desalojando a todos los trabajadores e impidiendo el acceso a la propiedad, de manera arbitraria e ilegal, indicando hechos falsos, abusando de su autoridad”.

La constructora escogió el pasado domingo 17 de noviembre, fin de semana de puente, para colgar una enorme manta en una de las torres que fue vista por miles de vacacionistas, para indicar que “por capricho personal del alcalde” y “afectando el desarrollo económico de Mazatlán y la fuente de empleo de 650 trabajadores”, la obra se encontraba suspendida. Policías Municipales intentaron ingresar a la construcción para quitar la manta, pero el personal de guardia del complejo les impidió el acceso, por lo que los agentes se retiraron.

La desarrolladora Vicasa forma parte del Grupo Alerta, un corporativo mazatleco propiedad de Rodolfo Madero Rodríguez, que reúne una docena de empresas relacionadas con el sector turismo, educación, inmobiliario, energético, automotriz, comercial y de comunicación. En este último rubro, Grupo Alerta es dueño de Televisora Grupo Pacífico (canal 7 de Mazatlán), un medio de comunicación local al que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres le ha recriminado en varios eventos públicos de solo mostrar lo negativo de su gobierno porque no les ha dado contratos de publicidad onerosos. Durante la administración anterior del priista Fernando Pucheta, por ejemplo, TVP llegó a recibir más de 6 millones de pesos por concepto de publicidad oficial. “El Químico” Benítez, incluso, ha tachado al principal accionista de Grupo Alerta de ser un “mañoso”.

Así pues, para la desarrolladora Vicasa, la suspensión de la obra tiene que ver más con las críticas que TVP ha expresado en contra de la administración del alcalde Benítez Torres a través de sus noticieros y espacios de opinión, que con la muerte del trabajador, a quien distintos medios locales en un principio señalaron de ser un “ladrón” y más tarde, cuando se confirmó que sí era un trabajador de una de las contratistas de la desarrolladora, se le acusó de haber estado “tomando” en horario laboral antes del accidente.

“Creo que el lamentable fallecimiento de una mazatleco no es algo que se deba utilizar para fines políticos. El presidente ha sido muy claro en eso, pudo haber sido cualquier otro desarrollo, y si no cumple con las medidas de seguridad, se tiene que forzar a que cumpla”, señaló González Torrentera en conferencia de prensa.

El argumento sobre los medios no favorecidos con contratos oficiales se centra en el hecho de que hasta agosto pasado el Ayuntamiento ha ejercido solo 4 millones 231 mil pesos de los 13.3 millones de pesos (4.5% más para propaganda que en el último año de la administración anterior) aprobados en el presupuesto de egresos y que han servido tanto para pagos pendientes del gobierno anterior como para los medios contratados ya en la administración actual.

Entre los medios beneficiados con contratos destacan portales de internet, páginas de Facebook, estaciones de radio y algunos cuantos medios impresos, algunos de ellos señalados de pertenecer a familiares de funcionarios o exfuncionarios del ayuntamiento. Los grandes medios como TV Azteca y Televisora Grupo Pacífico han dejado de ser proveedoras del gobierno municipal actual. 

En respuesta a la manta colgada en la construcción, González Torrentera dijo que es irreal señalar que se está ahuyentando la inversión privada durante esta administración, pues en los primeros 11 meses de trabajo en Mazatlán hay una inversión de 19 mil 100 millones de pesos: "Es lamentable que un desarrollo en lugar de querer gastar en generar condiciones de seguridad a sus trabajadores, prefiera gastar en abogados para promover amparos que los eximan de cumplir..."

Desarrolladora Vicasa insiste en que la obra representa una inversión de entre 600 y 800 millones de pesos y que la construcción cumple con las normas correspondientes, por lo que “en caso de que involuntariamente llegara a incumplir alguna, sabe perfectamente que tiene que acatar las reglas, pagar las consecuencias y cumplirlas hasta concluir satisfactoriamente la obra”.