Marinos acusados de secuestro y otras averiguaciones de la PGR
Publicado el: 12/19/2017 12:35:12 AM en
Marinos acusados de secuestro y otras averiguaciones de la PGR
 

 

Se trata de una de las instituciones mexicanas más respetadas. De hecho, es la única con la que el gobierno de Estados Unidos intercambia información para la ubicación y detención de capos del narco. Sin embargo, como ha sucedido con el Ejército Mexicano, elementos de la Marina también han cometido numerosos delitos contra la población civil. El caso más reciente, el de un empresario veracruzano secuestrado por siete marinos adscritos al 62 Batallón de Infantería. En 2016, la PGR tenía abiertas otras 19 averiguaciones previas contra elementos de la SEMAR por delitos cometidos contra civiles, que iban desde violación hasta desaparición forzada y homicidio.

 

 

Por Santiago Rentería.

 

 

Por motivos de seguridad no se ha dado a conocer su nombre. Solo se sabe que se trata de un político y empresario veracruzano que vive en la Ciudad de México.

 

El pasado jueves 6 de julio circulaba a bordo de su auto, un Passat blanco, por la calle Jesús Galindo y Villa, entre Fray Servando Teresa de Mier e Ignacio Zaragoza, colonia Jardín Balbuelna, cuando fue interceptado por sujetos armados a bordo de una camioneta pick up de la Secretaría de Marina (SEMAR) que lo venía siguiendo desde que saliera de su casa sin que se diera cuenta.

 

La camioneta le cerró el paso para que se detuviera. Bajaron varios sujetos armados que lo obligaron a descender. Antes de que lo subieran a la pick up, el empresario pudo ver los logos de la SEMAR en las puertas. Una vez en el interior de la camioneta, entre dos sujetos que lo amenazaban con pistolas, le informaron que se trataba de un secuestro y que no intentara pedir ayuda durante el trayecto hacia la casa de seguridad donde lo mantendrían retenido.

 


Lo llevaron a un domicilio en la delegación Iztacalco. Durante su encierro se encargarían de su vigilancia y alimentación tres personas, dos hombres y una mujer, quienes se quedaron a su cargo una vez que los sujetos de la camioneta se retiraron. Los hombres se turnaban la vigilancia: uno en la noche, otro en el día, mientras la mujer preparaba los alimentos.

 

Horas después del secuestro empezaron las negociaciones con la familia del empresario veracruzano. Los marinos pidieron 20 millones de pesos para liberarlo. Angustiados, los familiares empezaron a reunir el dinero pidiendo prestado, vendiendo propiedades y retirando ahorros. En pocos días lograron reunir 2 millones de pesos, apenas el 10% de lo que los secuestradores exigían.

 

Ante la posibilidad real de que lo mataran, al empresario se le ocurrió la idea de decirles a sus captores que tenía una cuenta bancaria con más dinero pero a la que solo él podía acceder. Tras discutirlo entre ellos, los secuestradores accedieron a liberarlo para que retirara el dinero a cambio de que entregara una “garantía” que asegurara su regreso.

 

El 19 de julio, 13 días después de haber sido secuestrado, se dio un intercambio de rehenes: el empresario fue liberado y, en su lugar, quedó uno de sus sobrinos. 

 


En varios medios se ha dado a conocer una foto tomada por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la que aparece el sobrino del empresario, sentado en un colchón de la casa de seguridad, vestido con playera blanca y short a cuadros, con un pie encadenado.

 

El empresario acudió a la PGR para interponer la denuncia. Tras declarar que lo habían secuestrado en una  camioneta con logos de la SEMAR, los investigadores de la SEIDO se pusieron en contacto con el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, área encargada de investigar hechos ilegales cometidos por sus miembros.

 

Tratándose de un importante empresario y político, se pusieron a disposición del caso agentes de Inteligencia Naval, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, SEIDO y Policía Federal.

 

Se solicitaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia al C5 del gobierno capitalino y en ellas se pudo observar cómo el empresario era seguido por la pick up de la Marina desde varios kilómetros antes del lugar donde le cerraron el paso. En dichas grabaciones también se aprecia el número de la unidad de la SEMAR: 4267.

 

Para los investigadores de la SEMAR no resultó muy difícil averiguar en el documento de parte quiénes habían abordado ese día la camioneta en la que se cometió el secuestro.

 

El 27 de julio, 21 días después del secuestro, agentes de la SEIDO y Policía Federal realizaron dos operativos simultáneos. Uno en el domicilio de la delegación Iztacalco para detener a los tres civiles que se encargaban de la vigilancia del sobrino, y el segundo dentro de las instalaciones del 62 Batallón de Infantería de la Marina, ubicado en la delegación Coyoacán.

 


En un principio se dijo que habían detenido a seis marinos. Sin embargo, en un comunicado posterior de la SEMAR, se habló de siete detenidos, un oficial y seis cabos, de nombres Federico “R”, “Raúl Alejandro “M”, Fernando “J”, Francisco Javier “A”, Daniel “S” y Reynaldo Pedro “T”. Del séptimo detenido no se dio a conocer su identidad.

 

“En todos los casos en que personal naval sea probable responsable de actividades tipicadas como delito, actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor y contundencia, poniéndolos a disposición de las autoridades encargadas de administrar y procurar justicia en México”, señaló la SEMAR en un comunicado. “Al poner a disposición al personal probable responsable de actividades ilícitas, se reitera como una institución preocupada por el bienestar de los ciudadanos.”  

 

Los detenidos fueron trasladados a la SEIDO y por el secuestro del empresario se abrió la carpeta de investigación FE/SEIDO/VEIDMS/CDMX/0000638/2017. Se encuentran en prisión preventiva y de ser encontrados culpables podrían alcanzar penas de hasta 120 años de cárcel por tratarse de servidores públicos.

 

Sin embargo, no es el único caso de elementos de la Marina cometiendo delitos que ha sido documentado en los medios a lo largo de 2017. El 11 de enero pasado fueron aprehendidos otros cinco marinos en el municipio de Texcoco, Estado de México, luego de que privaran de la libertad a un “huachicolero” al que pretendían extorsionar.

 

De acuerdo con medios locales, la Policía Municipal de Texcoco recibió una llamada de emergencia al Centro de Mando, en el que informaban que sujetos armados viajaban a bordo de una camioneta gris, con logos en los costados que estaban cubiertos con cinta canela, igual que las placas de la unidad.

 

Al desplazarse a la zona donde del reporte encontraron una camioneta pick up, de la Marina, con los logos tapados. En el interior viajaban cinco sujetos armados y en la caja de la unidad iba otro individuo esposado. Al marcarles el auto, los marinos declararon ser integrantes de la SEMAR. Sin embargo, el “huachicolero” retenido declaró que lo llevaban secuestrado. Los marinos fueron presentados ante el Ministerio Público Federal y acusados de privación ilegal de la libertad y extorsión.

 

De acuerdo con un reportaje de El Universal, en 2016 la PGR tenía abiertas 19 carpetas de investigación en contra de elementos de la Marina por posibles delitos cometidos contra civiles por violación, abuso de autoridad, desaparición forzada y homicidio doloso.

 

Estas indagatorias se encontraban abiertas en la Fiscalía Especializada para los Delitos contra las Mujeres, Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

 

Los hechos por los cuales estos marinos eran investigados ocurrieron en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Tabasco, Baja California y Nuevo Léon.

 

Del total de denuncias presentadas, 9 eran por la probable responsabilidad de los marinos en la desaparición de personas, cuatro por violencia contra las mujeres que va desde violación hasta hostigamiento sexual, una por un homicidio cometido en el estado de Tabasco y otras más por abuso de autoridad en Veracruz, Baja California, Nuevo León y Tabasco. 

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