La maestra de danza Margarita Naranjo fue asesinada en 2008 en Mazatlán. La Procuraduría de Sinaloa culpó a su ex pareja, el doctor Waldo García, quien denunció que fue torturado y amenazado. La defensa señaló que contra el presunto culpable se sembraron pruebas, se inventaron testimonios y se elaboraron dos dictámenes distintos sobre las causas del deceso. A pesar de eso, fue sentenciado a más de 30 años de cárcel. En 2018 el Supremo Tribunal de Justicia ordenó que se revocara la sentencia por las irregularidades cometidas por las autoridades. Sin embargo, el pasado 13 de septiembre, tras la reposición del proceso para careos, un juez confirmó la sentencia de 30 años de cárcel.

Por Redacción De Primera Noticias.

La tarde del martes 26 de agosto de 2008 fue encontrado el cuerpo sin vida de la maestra de ballet Margarita Naranjo de Saá, de 41 años de edad, originaria de Cuba, quien llevaba siete años viviendo en Mazatlán como parte de un convenio cultural con el gobierno cubano para que se desempeñara como maestra en el Centro Municipal de las Artes.

Esa tarde su hijo de 13 años, quien se había mudado a Mazatlán apenas 10 días antes, no fue recogido por su madre en la parada del camión escolar, por lo que el niño se dirigió a la casa de la también maestra de ballet Zoila Fernández, quien, extrañada de que Margarita no hubiera ido a recoger a su hijo, le pidió a su esposo que fuera a buscarla a su departamento para ver si todo estaba bien.

Fue él quien la encontró muerta en la cama, bocarriba, con ropa de dormir, en el departamento que habitaba en la calle de Heriberto Frías 1610, en el centro histórico. Antes de que llegara la policía, en la casa de Margarita ya había vecinos y amigos, sorprendidos por la muerte de la maestra de danza, por lo que toda la escena quedó contaminada.

Peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJS) determinaron que la causa de la muerte era homicidio ya que presuntamente tenía marcas alrededor del cuello que demostraban que había sido asfixiada hasta morir.

Tras la muerte de la profesora, la comunidad cultural de Mazatlán salió a las calles a protestar y a exigir justicia a las autoridades. En la plazuela Machado se concentraron alumnos y maestros del Centro Municipal de las Artes. En el Teatro Ángela Peralta se realizó un homenaje póstumo con las cenizas de la maestra en el escenario y posteriormente se realizó una misa en la Catedral.

Al homenaje en el teatro asistió el ex esposo de la maestra, Waldo Orlando García Ferrera, cubano de origen, quien en noviembre de 2007 había desertado de una Misión Médica Cubana que se presentó en la Ciudad de México, para irse a vivir a Mazatlán, donde ya había trabajado como médico especialista en gastroenterología y hepatología cuatro años antes.

“Justo al terminar el homenaje que se le rindió a la maestra, el doctor se retiraba y se dirigía hacia su consultorio compartido con otro médico, cuando fue aprehendido por otras personas, le fue tapado el rostro y fue subido a una camioneta. Fue trasladado a otro lugar que no puede identificar, pero de lo que más recuerda son todas las frecuencias de radio y las comunicaciones que a través de claves policiales estaban realizando las personas que se encontraban a su alrededor”, señaló el abogado Gabriel Regino.

Mientras estuvo retenido, a Waldo García le preguntaron sobre el motivo de su estancia en México, sobre su filiación política en Cuba y preguntas muy concretas acerca de las personas con las que se reunía en La Habana. Tras varias horas de cuestionarlo por estos motivos, le empezaron a preguntar por la maestra asesinada. Y es entonces que, de acuerdo con el abogado, Waldo García fue torturado con golpes y toques eléctricos en distintas partes del cuerpo.

“Este interrogatorio y tortura que se expandió por varias horas hace que el círculo próximo del doctor, al no localizarlo, se preocupe, consultan a un abogado y el abogado deduce que pudo haber sido detenido. Y entonces promueven un amparo contra incomunicación en un Juzgado de Distrito en Mazatlán, contras las autoridades de aquel entonces de la Procuraduría,  y el juez de inmediato ordena que se investigue el paradero del doctor”, señala el defensor.

En el transcurso de la madrugada, al doctor presuntamente lo intentaron obligar a que firmara una confesión de culpabilidad, pero él se negó. Posteriormente, alguien les informó a sus captores que un juez había girado un amparo y lo liberaron en una avenida del puerto con la amenaza de que no los volteara a ver.

“Llega a casa de unos amigos, quienes se sorprenden por las lesiones, y hablan al asesor legal, quien los conmina a presentar una denuncia en la PGJE. Se inicia una averiguación previa por tortura. Terminando de presentar su denuncia, el doctor es llevado al Juzgado de Amparo donde se presentó la demanda por incomunicación. El juzgado certificó las lesiones que presentaba Waldo en todo su cuerpo. Quedaron constancias fotográficos de la tortura. Y acudieron a la CEDH a presentar una queja. En las tres acciones que se emprendieron el doctor insistió que el objetivo había sido obligarlo a firmar una confesión de que él había sido el autor de la muerte”, asegura el defensor.

El 30 de agosto de 2008 se realizó un cateo en el consultorio que el doctor compartía con un colega mazatleco. Llegaron elementos de la PGJE, tomaron una mochila que encontraron y que pertenecía al otro médico, la abrieron y “sembraron” un pañuelo blanco con anillos y aretes de fantasía, de poco valor económico, que habían pertenecido a la maestra. Para el abogado el objetivo era evidente: “acreditaban el móvil: la mató para robarle”.

Sin embargo, durante la diligencia que se realizó el día de la muerte de Margarita, en las fotos periciales forenses que se tomaron en la recámara donde encontraron el cuerpo, aparecen esas mismas joyas en un buró junto a la cama, mismas que, cuatro días después, fueron sembradas en la mochila que los agentes pensaron que era del doctor Waldo.

“Esto a todas luces se trata de una siembra de evidencias por parte del Gobierno del Estado para incriminar a un ciudadano. Autoridades que son las encargadas de impedir que un crimen quede impune fabricaron una prueba para incriminar a una persona inocente. Y a pesar de que el hecho era tan evidente, ni el Ministerio Público, ni la autoridad judicial, hicieron referencia alguna a esa grave irregularidad”.

El abogado señaló que presuntos integrantes del grupo élite de la brigada de Homicidios denominado “Águila” amenazaron del muerte al acusado, por lo que le recomendaron abandonar Mazatlán. El médico se fue a Miami, Florida, donde permaneció un par de años, hasta que el 5 de febrero de 2011 fue extraditado a México, y el 7 de febrero se le dictó el auto de formal prisión en el penal de Mazatlán mientras se realizaba el juicio.

Más de seis años después, el 7 de octubre de 2017, fue declarado culpable y condenado a una pena de 36 años de cárcel. El abogado apeló la sentencia y el 4 de agosto de 2018 la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia ordenó la revocación de la sentencia, por lo cual se tuvo que reponer el procedimiento de primera instancia condenatoria ante las graves irregularidades presentadas por la PGJES.

Entre las irregularidades cometidas por los peritos de la desaparecida PGJES está la causa de la muerte. En un primer dictamen señalan que la maestra fue asfixiada por la espalda con una cadena que ella usaba. Sin embargo, en un segundo dictamen entregado al juez, esos mismos peritos señalan que fue ahorcada con las manos. Ante este cambio de postura en los informes, el juez pidió la intervención de peritos de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Analizamos las fotografías [del cuerpo sin vida de la maestra], las analizamos con lupa, con microscopio y no hay línea de eslabonamiento, no hay línea de esa naturaleza”, aseveró por su parte la PGR. “Señor juez, estos peritajes están mal en metodología, mal en estructura, hay responsabilidad inclusive para los peritos, y lo que le podemos decir nosotros con toda nuestra experiencia es que no está determinada la causa de la muerte de Margarita Naranjo por la pésima investigación que se llevó a cabo”.

Sin embargo, un año después de que la defensa consiguiera el recurso de apelación para la reposición del proceso para careos, un juez ratificó el falló anterior de sentencia condenatoria contra el imputado, por lo que Waldo García deberá permanecer 30 años y 4 meses en el Penal de Mazatlán.