Por Sergio Ramos.

La noche del 26 de septiembre de 2014 un importante capo de la zona de Iguala, Guerrero, habría sido informado de que un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa había tomado varios autobuses, incluyendo dos de la compañía Estrella de Oro, en los que el capo mandaba cargamentos de heroína hacia Estados Unidos.

Esas dos unidades –de un total de cinco que los estudiantes ya habían tomado para viajar a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México- llevaban un cargamento equivalente a 2 millones de dólares en heroína sin que los normalistas lo supieran.

Ante la posibilidad de perder su mercancía, el capo se habría comunicado con el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, para ordenarle que recuperara los autobuses a como diera lugar. Rodríguez Pérez estaría en la nómina del capo al igual que decenas de elementos de la Policía Federal, la Policía Ministerial de Guerrero, la Policía Municipal de Iguala, la Policía Federal Ministerial y varias autoridades municipales.

Acto seguido, Rodríguez Pérez abandona el cuartel militar encabezando un operativo para recuperar la droga escondida en los autobuses secuestrados por los estudiantes. Durante los enfrentamientos que sostuvieron con los normalistas hubo seis personas asesinadas (tres estudiantes, el chofer de un autobús en el que viajaba el equipo de futbol Los Avispones, un integrante del equipo y una mujer que iba a bordo de un taxi) y 24 heridos con armas de fuego.

“Pero en el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimentos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos”.

A partir de entonces no se volvió a saber nada de los  estudiantes. Algunos testimonios aseguran que un grupo fue enviado a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería mientras que otro fue llevado a la comunidad de Pueblo Viejo, al sur de Iguala.

La versión anterior de lo que sucedió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se desprende del libro de Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala, en el que la autora de Los Señores del Narco (Grijalbo, 2010) rebate punto por punto la llamada “verdad histórica” con que el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó cerrar el caso.

La versión oficial de los hechos asegura que los normalistas fueron detenidos por orden del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien pensaba que los estudiantes buscaban sabotear el segundo informe de actividades de su esposa, la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda. De acuerdo con esta versión dada a conocer por el exprocurador Jesús Murillo Karam en enero de 2015, Los 43 estudiantes habrían sido entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes, además, los tomaron por integrantes de la banda contraria Los Rojos, los asesinaron y quemaron en el basurero municipal.

De acuerdo con la investigación de Anabel Hernández, el informe de actividades de la primera dama ya había concluido cuando los normalistas llegaron a Iguala. De hecho, según testimonios que logró recoger, el alcalde, su esposa y otros familiares se encontraban cenando en una taquería cuando les informaron por teléfono que había una balacera en el centro de la ciudad.

En la versión oficial se dice que los estudiantes iban a sabotear el segundo informe de la primera dama y presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, pero mencionas que este evento ya había acabado.

La versión [oficial] es que el presidente municipal era muy malo y estaba muy enojado porque los normalistas iban a llegar e interrumpir el evento de su esposa. Yo lo que me encuentro en las primeras declaraciones ministeriales de los policías y escoltas de Abarca detenidos, es que el evento había terminado a las 8:30 de la noche, que ellos ya se habían ido, que el señor Abarca a esa hora, cuando está la mera balacera en el centro de Iguala, ya estaba en un lugar apartado comiendo tacos.

“El documento de la Fiscalía para mí es una guía para ir palomeando qué es verdad y qué es mentira. Yo pregunto a la gente y me responden que el evento político terminó a las ocho y media. Voy a la taquería y entrevisto a la señora de los tacos. Y me dice que sí, estuvo aquí, estuvieron aquí sentados, estaban en la vía pública, comiendo tacos en la banqueta. Si el alcalde hubiera ordenado una masacre a estudiantes con grupos de la delincuencia organizada, por muy sangre fría que fuera, no me lo imagino con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, comiendo tacos en la banqueta.

“Durante dos años estuve volviendo una o dos veces al mes a Iguala. Empecé a obtener acceso directo, sin censura, a todo el expediente de la PGR. Porque una cosa es el expediente de la PGR censurado que hicieron público muchos meses después, y otra cosa es el expediente sin censura porque en este, además de que están los dictámenes médicos de los primeros detenidos, supuestos guerreros unidos en los que queda claro que fueron torturados, venía los teléfonos y direcciones de los familiares de los detenidos. Entonces para mí un asunto periodístico elemental es ir a hablar con esos familiares para ver cómo vivían.

Háblanos sobre las contradicciones que encontraste entre la versión oficial y lo que lograste investigar. En la versión oficial excluye por completo a otras policías que no sea la municipal, la de Cocula y la de Iguala, y la participación del Ejército. La verdad histórica de Murillo Karam versus lo que tú has encontrado en tu investigación.

Bueno, yo te diría que es como la diferencia entre el día y la noche.

¿Todo es inventado?

Todo lo fabricó la PGR. Y las pruebas periciales que estaban ahí como casquillos, como testimonios que indicaban la presencia del gobierno federal, la PGR los hizo por completo a un lado.

¿No hay un hecho verídico del cual se haya agarrado la PGR para crear una verdad aunque fuera relativa?

No, ni siquiera el número de camiones. En mi primer artículo publicado en diciembre de 2014, hablo de que eran cinco camiones. Murillo Karam decía que eran 4 camiones, pero no, eran cinco. Ellos dicen que iban para sabotear el evento político de la primera dama. No es cierto. Los estudiantes iban por otras razones. El gobierno plantea la presencia de la policía municipal como si fuera la única fuerza pública en la ciudad. Cuando yo voy a Iguala, descubro que hay un C4 donde se coordinan todas las fuerzas del orden en Iguala. Y en Iguala había cinco corporaciones responsables de la seguridad de esa ciudad. El 27 Batallón de Infantería, la Base de Operaciones Mixtas de la PGR, una base de operaciones de la Policía Estatal de Guerrero, la base de la Policía Federal en Iguala y una minúscula base de la Policía Municipal, un cuartel muy modesto que además está en medio de un montón de casas y edificios”.

“Lo que el gobierno federal omite decir es que todas estas corporaciones estaban coordinadas, que la policía municipal no se mandaba sola, que la policía municipal formaba parte de esta coordinación policiaca y que el jefe, la autoridad suprema en esa coordinación policiaca es el ejército mexicano. El gobierno omite decir también, lo borra totalmente del mapa, que existen fichas informativas que hablan de que los estudiantes estaban siendo monitoreados por el gobierno federal y por el gobierno estatal desde que salen de Ayotzinapa. Toda esta historia que construye el gobierno de que no sabíamos nada es falsa: los estaban siguiendo, los estaban monitoreando desde que salieron de la Normal.

Hay dos personajes fundamentales en esta historia pero no por ser los responsables como la versión oficial del gobierno asegura. Háblanos sobre ellos. ¿Qué pintan en esta historia María de los Ángeles Pineda, primera dama de Iguala, y José Luis Abarca, el alcalde?

Yo lo que investigo es que Abarca y su esposa habían sido sujetos a investigación por presuntos nexos con la delincuencia organizada y por lavado de dinero desde 2010.  La PGR le hace una auditoría a sus empresas y le dan un “no ejercicio de la acción penal” porque no se les encontró absolutamente ninguna prueba. Yo volví a revisar todos los expedientes relacionados con los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa y no hay ni una sola mención de ella o su esposo. El gobierno los ha acusado hasta ahora de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Lo cierto es que hasta este momento, hasta este minuto de este día, el gobierno no ha podido asegurar ninguna de las propiedades de José Luis Abarca. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha podido conseguir una orden de un juez para decretar el aseguramiento porque no ha probado que ni siquiera una parte de la fortuna de los Abarca sea producto del narcotráfico. No hay hasta ahorita una prueba que los impute. Ni siquiera en la propia investigación de la PGR. La PGR hace declaraciones verbales, pero que en los hechos, en los documentos judiciales, no existe.

Ellos son los primeros villanos que se inventan para esta historia.

Son los chivos expiatorios. Y eran chivos expiatorios bastante ad hoc porque la señora es pariente de estas personas que sí eran criminales y habían trabajado para los Beltrán Levya. Entonces me parece que eran la cuartada perfecta. Habría que decir que, de acuerdo con una investigación interna de la PGR, José Luis Abarca y su esposa sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos.