Redacción De Primera Noticias.

A fines de enero de 2020, un medio nacional hizo públicos documentos que revelaban que el Sector Salud en Sinaloa ocupaba el segundo lugar nacional, después de Chiapas, en una mega deuda impagable que ascendía a los siete mil 379 millones de pesos que se deben a contratistas y proveedores, y que toca a los últimos dos sexenios, el de Mario López Valdez y el de Quirino Ordaz Coppel.

Sumado a este escándalo que infecta del virus de la corrupción a todo el sistema de salud sinaloense, un mes más tarde la organización civil Impunidad Cero y Justicia Justa destapó que de 2014 a principios de 2019, la Secretaría de Salud a cargo ahora de Efrén Encinas Torres, pagó más de 16 millones de pesos en facturas falsas, lo que se traduce en una estafa que permanece en la impunidad.

A la par de estos escándalos, ahora en abril se libró el juicio oral en contra de la ex directora Administrativa de Salud, María Alejandra Gil Álvarez, funcionara cómplice del ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, a quien una jueza le impuso la irrisible sentencia de cuatro años de prisión que redunda en su libertad bajo caución y una sanción que no alcanzará el monto de las irregularidades que se le acreditaron: 18 millones de pesos.

En Salud de Sinaloa, nadie paga ni para la criminalidad con la que actúan los servidores públicos en turno. Tanto a Gil Álvarez como a Echeverria Aispuro la Fiscalía General del Estado los acusó del contrato irregular otorgado a la empresa Herramientas Médicas, propiedad del magnate regional Luis Javier Salido Artola, también dueño de la cadena de periódicos El Debate, la cual incluso denunció en su momento irregularidades en el manejo de los recursos del sector salud.

Pese a que El Debate ha denunciado otros fraudes en materia de salud, en este caso cuando fue destapado la componenda de Echeverría Aispuro para darle el contrato a Herramientas Médicas, compañía de la que él es socio y fue representante legal hasta el 2011, el diario de circulación estatal guardó silencio y protegió al socio de Salido Artola, quien además ha hecho otros acuerdos al amparo del poder.

Peor aún. La Auditoría Superior del Estado (ASE), logró documentar que en el sexenio de Mario López Valdez y con Echeverría de la mano, la Secretaría de Salud firmó 29 contratos por un monto de 87 millones 243 mil 290 pesos a favor de firmas cercanas al entonces secretario.

Por todos estos actos, a Echeverría se le concedió el perdón y contrario a su excolaboradora, Gil Álvarez, él fue “perdonado” bajo un acuerdo de devolver ocho de los 18 millones que se asignaron de forma irregular, violando las leyes.

Toda esta trama de corrupción que infectó durante el gobierno de Malova al sector salud, provocó que cuando Quirino Ordaz Coppel asumió la administración en enero de 2017, las finanzas estaban prácticamente quebradas y empezó a arrastrar un pasivo que sitúa a Sinaloa en los primeros lugares de deuda a corto y largo plazo.

Ahora, con la emergencia nacional sanitaria provocada por el Covid-19, justo a punto de entrar en la Fase 3 de la epidemia, se ha dejado al desnudo las carencias criminales que mantiene al personal sanitario en un riesgo de contraer el coronavirus y por otro lado en la indefensión a los pacientes que empiezan a acudir a los hospitales.

Especialistas como el doctor José Luis Castro Montáñez, miembro de la sección 18 del sindicato del IMSS, han criticado cómo de última hora el Gobierno de Quirino ha tratado de reaccionar ante la gran precariedad con la que convive el sistema de salud y alertó de un posible colapso.

A este grito de emergencia se han unido otros médicos que han exigido, y con razón, el abasto de insumos e implementos médicos como cubrebocas especiales, guantes, trajes aislantes, caretas, así como la apertura de más áreas para tratamiento exclusivo de los pacientes Covid-19.

“Dice gobierno que ya se pusieron las pilas y están en proceso de llevar los insumos a donde se necesitan y hasta ahora (lunes 13 de abril) no están, desde el viernes 10 de abril se supone que llegaron insumos al estado y esperemos que sea una importante cantidad para lo que se avecina”, preconizó el médico cirujano navolatense.

El domingo 12 de abril, la muerte de tres trabajadores del sector sanitario en Culiacán y Navolato ensombreció el panorama de un sector cuya principal enfermedad es la corrupción. Del ISSSTE de Culiacán falleció Rafael, un empleado de Farmacia; del IMSS regional murió un enfermero y del IMSS de Navolato se registró el deceso de Cinthia, empleada de administración. Los tres por coronavirus mal tratado.

Una licitación tardía

Para intentar subsanar las deficiencias detectadas en el sector salud de Sinaloa, y como forma de afrontar la emergencia, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció la inversión de 85 millones de pesos para adquisición de insumos, material de curación, medicamentos y equipo.

Dos semanas después, el fallo estaba listo, y fueron diez empresas las que participaron en el concurso de licitación, la cual formó el expediente LA-925006998-E8-2020.??En la convocatoria se explica que se adquirirán 257 claves de medicamentos y material de curación como compresas, gasas y guantes, así como de 75 mil y 150 mil cubrebocas quirúrgicos, entre 30 mil y 60 mil envases de medio litro de gel antiséptico, entre 30 mil y 57 mil piezas de mascarillas o respiradores desechables, 100 termómetros infrarrojo doble láser, productos químicos y material de limpieza, entre otros materiales.?

La otra estrategia de Quirino junto con el Consejo Estatal de Seguridad en Salud fue la de suspender por tiempo indefinido toda venta de alcohol y servicio in sito de restaurantes. Además, durante las reuniones de gabinete se informó la reconversión hospitalaria del Civil, y el acondicionamiento de áreas en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, como el Hospital Regional número 1 de Culiacán, así como el nuevo Hospital General que, hasta el cierre de esta edición, aún no se echaba a andar.

Por otro lado, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell en una de sus conferencias vespertinas aseguró que los insumos que el gobierno federal había adquirido (a sobreprecio, por cierto) a China, ya estaba repartido e invitó al personal médico a denunciar donde no llegue.

Pero la enfermedad ya golpeó

Usada como la “caja chica” de los gobiernos, en Sinaloa el sector salud no ha sido la excepción. La epidemia más recurrente ha sido el desfalco al que se ha enfrentado a funcionarios sin escrúpulos que juegan con la salud y la vida de los sinaloenses.

En la investigación de la asociación Impunidad Cero y Justicia Justa, se destapó que en total la Secretaría de Salud, entre el 2014 cuando todavía estaba Echeverría y el 2019, con Efrén Encinas, se pagó 16 millones 450 mil 440 pesos en facturas falsas.

Basado en un trabajo en donde se plantearon un total de 344 solicitudes de información pública a las 32 entidades federativas y a la Secretaría de Salud Federal, el informe denominado “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, arrojó que había documentos fiscales falsos y empresas fantasmas que recibieron a nivel nacional cuatro mil 179 millones 046 mil 254 pesos.

Los estados que concentran la mayor cantidad de desvíos fueron, de mayor a menor, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán. De hecho, tan sólo con los primeros cinco estados, incluyendo a Sinaloa, se contabilizó el 80 por ciento de los desvíos.

“Estas gentes, todas, funcionarios y exfuncionarios tienen que estar en la cárcel, esa es la estrategia principal, nada más que primero tuvimos que producir la materia prima”, señaló Luis Manuel Pérez de Acha, director de la organización que llevó a cabo la investigación documental.

“Lo que sigue es en alianza con otros abogados conocedores de la materia penal, conocedores de la materia fiscal, interponer las denuncias correspondientes. Ya tocamos base con la Procuraduría Fiscal de la Federación, tenemos de nuestro lado a la Secretaría de Salud Federal, tenemos de nuestro lado a Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, tocamos base con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares. Ellos están a la expectativa de que nosotros presentemos las denuncias”.

Encinas niega mega deuda, pero…

Cuando se reveló la epidemia de adeudos impagables por parte del sistema de servicios de salud, el secretario de Salud de Quirino, Efrén Encinas Torres, rechazó que los más de siete mil millones de pesos fueran un pasivo de la institución médica y aseguró, sin mostrar documentos, que “existe una confusión”.

Intentó explicar que se incluyó en la deuda de Sinaloa la cantidad por la que está demandando la empresa GIA+ Constructores, propiedad de Hipólito Gerard Rivero, (ex cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari), ya que el Gobierno sinaloense con Malova le canceló la licitación que ganó para la construcción de los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán bajo el esquema de asociación público-privado

Este proyecto fue cancelado debido a la presión que recibió Malova por la sospecha que eran hospitales que se iban a crear para desfalcar más al sector salud.

“Sinaloa, Salud, no debe siete mil y tantos millones de pesos, hay un juicio laboral que data de años atrás y que le toca al gobernador recibir la demanda, está en juicio no es un laudo firme, no es una deuda de Sinaloa”, apuntó Encinas Torres cuando sobrevino la avalancha de los presuntos malos manejos en su área durante años anteriores.

Comentó que el juicio emprendido por la empresa de Hipólito ha estado en varios tribunales, incluyendo en Francia y después en Monterrey; posteriormente llegó al Gobierno del Estado una notificación condenatoria para que pague alrededor de 300 millones de pesos a la empresa, y no los cinco mil 600 que estaba exigiendo, sin embargo, “se seguirá en tribunales peleando para que esa cantidad sea menor.”

Sin lugar a duda, el sector salud tanto en México como en Sinaloa ha sido de los más golpeados por intereses y ambiciones que han derivado en actos de corrupción comprobados (en el caso de Ernesto Echeverría y sus colaboradores incriminados), y que la justicia no los ha alcanzado. Pero a estas alturas en que la pandemia del coronavirus deja en evidencia todas estas tramas de corrupción criminal, ahora con el paso de los días se asoma el fantasma del colapso hospitalario si la epidemia se desata en miles de enfermos.

Por eso, quizá, el gobierno de Quirino comenzó a usar la fuerza pública para lograr que la gente deje las calles y que los negocios cierren, sin importar y prever el colapso de quienes se enfrentan a la carencia económica.