La prensa al banquillo: periodistas de Mazatlán son citados a ratificar noticias ante juzgados
Publicado el: 06/06/2019 06:40:04 p.m. en
La prensa al banquillo: periodistas de Mazatlán son citados a ratificar noticias ante juzgados
 

 

Los políticos los denigran y llaman a las masas a no creer en ellos, la delincuencia organizada los somete al miedo para que callen las actividades criminales, los juzgados los incluyen como parte indiciada para que acudan a los tribunales solo porque a alguien se le ocurrió presentarlos como testigos. ¿Qué más les falta a los periodistas de Mazatlán para que realicen sus labores sin las garantías constitucionales que los protejan? O, mejor dicho, quién dará las condiciones para que los sinaloenses sean debidamente informados.

 

 

Por Redacción De Primera Noticias.

 

 

Con el citatorio que el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia giró contra ocho periodistas de Mazatlán, el sistema judicial se agregó a los factores y actores que consideran al periodismo como la actividad más desamparada, con la cual se puede hacer lo que se quiera. De esta forma el sur del estado se ratifica como la región de Sinaloa con mayores amenazas a la libertad de expresión, y no precisamente provenientes del crimen organizado.

 

En la notificación que les llegó a domicilio a Luis Peraza, Adriana Angulo, Joel Núñez, Kenia Flores, Adrián Luján, Sibely Cañedo, Marimar Toledo y Fernando Zepeda se establece que deberán comparecer a petición del Bufete Álvarez y Asociados en el juicio sumario por responsabilidad civil contra Carlos de Jesús Escobar Sánchez, un particular que fue exhibido en supuestos tratos irregulares con el Ayuntamiento de Mazatlán.

 

La diligencia para que los periodistas mazatlecos ratifiquen ante el juez los contenidos se fijó para el 14 de junio próximo y se acordó el 13 de mayo, mediando solo la solicitud del Bufete Álvarez y Asociados la cual bastó para inducirle más inestabilidad al ejercicio de la labor que realizan los reporteros en un estado que organizaciones como Artículo 19, de defensa de la libertad de expresión, han señalado como de alto riesgo.

 

“Se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora, Bufete Álvarez y Asociados, Sociedad Civil, las consistentes en confesional, documentales públicas, elementos técnicos (tecnologías de la información y la comunicación), documentales privadas en vía de informes, testimoniales, reconocimientos o inspección judicial, documentales privadas, ratificación de contenido, debiendo el oferente tomar en consideración que en relación a las documentales y elementos técnicos aplica lo establecido en el primer párrafo del ordenamiento legal mencionado precedentemente (artículos 427 del Código de Procedimientos Civiles)” se lee en la cédula de notificación.

 

Al admitir como pruebas las notas periodísticas y citar a sus autores a que las ratifiquen, el juzgado accedió al capricho del abogado David Álvarez quien ya tiene fama de hostigar por ese medio a reporteros que hacen alusiones al caso donde el Despacho Álvarez y el empresario Inmobiliario Carlos Escobar dirimen la acusación de extorsión.

 

Además se les da a conocer a los periodistas aludidos que en caso de no asistir podrían ser sujetos a sanciones jurídicas que podrían ser hasta de tipo económico. Además, el Despacho Álvarez proporcionó los domicilios de los comunicadores citados lo cual revela que hizo labor de investigación sobre datos que debieran ser protegidos debido al tipo de actividad que efectúan los afectados.

 

Todos los elementos, enemigos y hasta los órganos de impartición de justicia se alinean en contra de la libertad de expresión, esa garantía y derecho ciudadano que en Mazatlán son considerados mercancía barata que puede ser subastada para que el mejor postor la adquiera y haga con ella lo que le venga en gana. 

 

Hostigamiento sistemático

 

El periodista Fernando Zepeda, uno de los citados por el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mazatlán, publicó el 21 de mayo que la ley se está utilizando para hostigar a periodistas, ya que no es la primera vez que el Despacho Álvarez promueve ante órganos judiciales que se cite a reporteros “hasta por Alusiones personales”.

 

Se trata de desalentar al periodismo, considera, pues en los citatorios se advierte que en caso de negarse a comparecer, serán sancionados económicamente. También lo considera que es un “regalo previo” en la cercanía del próximo 7 de junio cuando se celebra el México el día de la libertad de expresión.

 

Para los demás citados, “es inconcebible que seamos distraídos de nuestras actividades solamente porque un abogado lo solicita al juez. No se trata de un compañero, se trata de ocho, lo cual deja a la vista que es en masa la intimidación, que se les quiere decir a los periodistas que pueden ser criminalizados por lo que publican”, dice otro de los afectados.

 

Mientras los medios en los cuales laboran los periodistas preparan la defensa legal, los reporteros que trabajan por su cuenta han acudido al Despacho Álvarez a quejarse por haber solicitado que sean citados. “Los que nos dicen es que es un requisito de trámite y que con la ratificación de que sí elaboramos las informaciones publicadas todo queda ahí, sin mayores consecuencias. Eso nos dicen pero claro que pudo evitarse meternos en ese enredo jurídico en el que nada tenemos que ver”.

 

Lo que se espera es que el Despacho Álvarez desista de la solicitud que le hizo al juez para que se presenten los periodistas, o que organizaciones de comunicadores y de derechos humanos y de activismo social intervengan para detener el abuso a través de la movilización o quejas interpuestas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Para los especialistas en derecho procesal en Mazatlán se configura un ataque múltiple a los artículos sexto y séptimo de la Constitución que garantizan la libre exposición de ideas y prohíbe que en razón de ello sean sujetos a algún motivo de persecución o acción legal los periodistas. “El juez debió valorar que no era necesario citarlos porque se trata de publicaciones que traen los nombres de quienes las elaboraron”, dice el constitucionalista César Barajas Armendáriz.

 

“Hay un abogado que pide que se cite a testificar a periodistas para que refrenden lo que publicaron. Es mucho concederle a un pleito entre particulares y debió estar por encima de un capricho la obligación de respetar la libertad de expresión. ¿Entonces los reporteros tienen que andar de hoy en adelante con más miedo por lo que publican?”, opina Barajas.

 

Políticos contra periodistas

 

La situación de peligro en que labora la prensa y la indiferencia del gobierno federal y estatal a esta vertiente de riesgo, no son cosa nueva en el sur de Sinaloa. Desde el 6 de abril el Colectivo de Periodistas por la Paz y la libertad de Expresión, con sede en Mazatlán, emitió un pronunciamiento en favor del restablecimiento de las condiciones para la labor de este sector.

 

“Pese a que el Estado tiene el deber de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos, en el caso de Mazatlán, Sinaloa, las agresiones y obstrucciones a la labor periodística por parte de autoridades municipales tienden a reproducirse y normalizarse. En los últimos cuatro meses, se han reportado y documentado expresiones que descalifican el ejercicio informativo de quienes cubren la fuente oficial y germinan el discurso de odio contra el gremio”.

 

El mismo documento fue leído por la periodista Raquel Zapien, dirigente del Colectivo, en la reunión que el Congreso del Estado realizó para conocer las propuestas de la región sur para la formulación de la iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. “Entre las diversas modalidades de agresión se incluye el bloqueo informativo y el contacto físico”, dijo.

 

“La denostación, el uso de calificativos y las amenazas veladas inhiben libertades, discriminan, estigmatizan, favorecen el discurso de odio e incitan a la violencia. Todas ellas, se contraponen a las funciones y responsabilidades de quienes gobiernan. La violencia, en cualquiera de sus formas, no debe normalizarse ni alentarse por mínima que sea o parezca”, agregó.

 

“Estas acciones trasgreden los derechos de libertad de expresión e información de los periodistas y de los ciudadanos en general. Al mismo tiempo, se vulnera la integridad y seguridad de los comunicadores en un contexto violento que coloca a México como el país de América más peligroso para el ejercicio periodístico y el tercero a nivel mundial, según indicadores dados a conocer por organismos internacionales como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras”.

 

Por su parte, los participantes del panel coincidieron en lo complejo que resulta hacer periodismo sabiendo que de ahí podría emanar una agresión o amenaza de muerte. Los instrumentos de intimidación han cambiado, sostuvieron, ya que hay instituciones que operan una gran estructura digital para amedrentar, denostar y casi siempre consiguen lo que buscan: que no se hable más de sus conductas ilícitas.

 

El posicionamiento del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión hizo un llamado para que desde el ámbito de sus facultades, las autoridades de todos los niveles de gobiernos se eviten expresiones y acciones que acotan, directa o indirectamente, el ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales.

 

Todo indica que el exhorto no fue atendido ni entendido por aquellos a los que fue dirigido. La andanada de agresiones prosigue igual que la impunidad domina en todos los casos. La concesión que el juez le dio a un particular para que cite a ocho periodistas a un juzgado es el más reciente indicio de intolerancia gubernamental y regresión en materia de libertades.

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