¿Dónde está la fortuna del Chapo Guzmán? Mientras el Gobierno de Estados Unidos pretende incautarle unos 14 mil millones de dólares, en México uno de sus abogados encendió el debate el miércoles 5 de septiembre, cuando declaró que el capo sinaloense, recluido en Colorado, desea que si le confiscan su dinero ganado en décadas de narcotráfico, que mejor sea repartido entre los pueblos indígenas. Para el pueblo, no para el gobierno, así fue el supuesto mensaje enviado. Y es que a la par de que nadie encuentra la presunta fortuna de Guzmán Loera, y que por el contrario familiares cercanos siguen recuperando sus cuentas bancarias y propiedades, el Estado mexicano parece que hizo el peor de los tratos: Se extraditan a cientos de criminales, quienes barrieron con su violencia el país, y al final la administración estadounidense se queda con los millones incautados. Un ciclo de simulación donde parece que los mexicanos no se quedan con la mejor parte.

Por Redacción De Primera Noticias.

En los últimos 14 años, el gobierno mexicano entregó en extradición más de 1000 criminales, entre los que destacan prominentes figuras del narcotráfico sinaloense como Joaquín Guzmán Loera, Dámaso López Núñez, Vicente Zambada Niebla y Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, y a todos ellos le ha impuesto una multa millonaria que deben cubrir como parte de su sentencia definitiva.

Así, mientras en territorio mexicano se libran las violencias luchas entre cárteles y criminales, que cada año arrojan saldos de miles de muertos y desaparecidos, la justicia norteamericana  juzga, recluye y arranca parte del jugoso botín del comercio ilegal de drogas a los narcos, en un círculo perverso en el que parece existir solo víctimas y verdugos.

En ese contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca confiscarle la friolera cantidad de 14 mil millones de dólares al Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua el pasado 17 de julio en la Corte Federal de Nueva York, por lo que el miércoles 5 de septiembre, cuando se dio a conocer que la salud del capo ha empeorado en el aislamiento de la prisión de Florence, en Colorado, conocida como “La Alcatraz de las Rocallosas, uno de sus abogados mexicanos reveló que el capo quiere, antes que los gringos la decomisen, repartir sus bienes a los pueblos indígenas del país.

De acuerdo con su defensor José Luis González Meza, Guzmán Loera dijo vía telefónica a su madre y a sus hermanas que tiene conocimiento de que Estados Unidos quiere quitarle 14 mil millones de dólares que forman parte de sus bienes, por lo que desea que estos sean dados a las comunidades indígenas de México.

"Dijo que el dinero no pertenece a Estados Unidos sino al Gobierno de México y que él está totalmente de acuerdo en que regrese a México el dinero, con una súplica al presidente Andrés Manuel López Obrador de que ese dinero se destine a las comunidades indígenas", aseveró González Meza en conferencia de prensa.

Por alusión, al día siguiente, durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador comentó que le gustó la declaración, aunque aclaró que desconocía si era cierta.

“Me gustó la declaración, ¿para qué digo que no, si sí? No sé si sea cierta,no tengo la fuente, pero me gustó”, apuntó.

Agregó que, tratándose de dinero que puede quedar para los mexicanos, su gobierno no dejará de tener un proceso correspondiente para recuperarlo.

“Ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos; es decir, vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias”, comentó.

Y es que la administración morenista emprendió desde junio pasado con las subastas de propiedades, joyas y vehículos de lujo que con los años han sido asegurados al crimen organizado, las cuales estaban en un proceso de extinción de dominio.

Una de las propiedades que más llamó la atención fue la mansión del empresario chino Zhenli Ye Gon en la Ciudad de México, la cual se vendió en un monto de 102 millones de pesos. El gobierno mexicano, por política, decidió entregar el dinero de las “narcosubastas” a las comunidades más pobres del país, así como a los atletas que han competido fuera del país.

En México existen cientos de propiedades y bienes materiales que han sido confiscados por la ahora Fiscalía General de la República y puestas a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda. En Sinaloa, por ejemplo, existen decenas de casas, ranchos y vehículos que prácticamente permanecen abandonados debido a que el Gobierno no las vende o subasta, como corresponde por Ley.

Sin embargo, hasta ahora, la presunta fortuna millonaria del Chapo Guzmán nunca ha sido encontrada, puesto que no tiene propiedades, cuentas o bienes muebles a su nombre. A quien sí le han incautado son a familiares cercanos, a quienes después de un proceso de amparo se les regresa lo confiscado. Todo esto debido a las dificultades del sistema de justicia penal para comprobar el lavado de dinero o la operación con recursos de procedencia ilícita.

El desfile de los millones a la caja registradora de EU

En los últimos años, el Departamento de Justicia estadounidense ha multado con impresionantes cantidades de dinero a los capos de la droga mexicanos que son sentenciados. Algunos lo hacen, según estiman abogados, para conseguir rebajas de sus condenas, pero otros se trata de un asunto impositivo.

Uno de los que han sido multados con la cantidad más elevada es Alfredo Beltrán Leyva, alias El Mochomo, quien alcanzó la cifra de 529 millones de dólares al se encontrado culpable de importar toneladas de drogas durante 15 años, como parte de la organización que dirigía junto con sus hermanos, Arturo y Héctor Beltrán Leyva, ambos ya fallecidos.

El Mochomo, como su coetáneo El Chapo Guzmán, se negó a ser testigo en otros juicios y aportar información contra otros capos. De haber aceptado testificar, Beltrán Leyva habría sido otro de los participantes en el jucidio contra Guzmán en Nueva York. Hasta ahora, son pocas las propiedades aseguradas en el país a los Beltrán Leyva. Entre las que destacan está el departamento de Cuernavaca en donde la Marina abatió a “El Barbas” en diciembre de 2009. El rancho de Los Beltrán en la comunidad de La Palma, Badiraguato, por ejemplo, no permanece asegurado.

Después de El Mochomo, los hermanos Arellano Félix son otros a quienes el gobierno estadounidense le ha arrancado parte de la fortuna que ganaron como narcos. En total, según un conteo realizado, a los Arellano se les ha confiscado la cantidad de 210 millones de pesos.  Se trata de los hermanos Francisco, Bejamín, Francisco Javier, así como  Eduardo, alias El Doctor.

En su momento, Benjamín tuvo que dar 100 millones de dólares, mientras que El Tigrillo lo multaron con 50 millones de dólares, similar cantidad impuesta a Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo.

Otro de los capos que fue sancionado con una de las multas más onerosas fue Édgar Valdez Villarreal, quien en sus tiempos de traficante fue uno de los hombres más cercanos de Arturo Beltrán Leyva, y de quien se dice que hizo un trato con la DEA y la Marina para entregar la ubicación de El Barbas a cambio de beneficios legales. Sin embargo, ello no se vio reflejado en la senencia de 49 años de prisión y en la multa de 192 millones de dólares que le impusieron.

En cambio, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, logró un buen acuerdo con el gobierno estadounidense después de convertirse en testigo de cargo no solo en el juicio contra El Chapo, sino también en otros procesos que le siguen a integrantes del Cártel de Sinaloa, incluyendo con aportación de información en torno a su padre, Ismael Zambada García, quien se ha convertido en una especie de patriarca del narco en Sinaloa, al ser el único de la vieja guardia que en sus largas décadas de tráfico no ha pisado la cárcel.

A El Vicentillo el Departamento de Justicia le había soltado que le confiscarían cerca de mil millones de dólares y una posible candena perpetua si le comprobaba que fue parte de la red de tráfico del Cártel de Sinaloa asociado con otros grupos criminales asentados en Chicago, Nueva York y Washintong, pero tras colaborar como testigo, Zambada Niebla consiguió que su sentencia quedara en aproximadamente 10 años de prisión y una multa de 4 millones de dólares.

Una vez que se dicte la sentencia formal, el primogénito del Mayo podrá salir en libertad en los próximos años, tal y como salió su hermano Serafín Zambada Ortiz, quien después de declararse culpable, aceptar los delitos y decirse atrapado en la vida de crimen de su padre, cumplió con 5 años de prisión y la multa más baja para un sinaloense: 250 mil pesos pagados en un cheque de caja a nombre del gobierno estadounidense.

En la lista también está incluido José Rodrigo Aréchiga Gamboa, quien también después de declararse culpable alcanzó una cifra por entregar de un millón de dólares. Lo mismo Dámaso López Serrano, El Mini Lic, quien recientemente testificó contra Jesús Raúl Beltrán León, El Chuy Raúl o El Trébol, a quien la DEA identificó como cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Loera, hijo del Chapo.

El Mini Lic entregó la cantidad de un millón de dólares y además continuará participando con información que tenga relativa a otros miembros del Cártel de Sinaloa. Incluso se dice que ya  aportó informes de por lo menos 125 personas vinculadas a la organización criminal. Asimismo su padre, Dámaso López Núñez, El Licenciado, fue condenado a pagar 25 millones de dólares, aunque dicha cantidad podría bajar una vez que en la sentencia le incluyan los beneficios de haber sido otro de los testigos estelares contra su compadre Guzmán Loera.

Fortuna del Chapo inexistente de manera líquida

En julio pasado, luego de la sentencia contra El Chapo, el gobierno estadounidense aseguro que iba por la fortuna del capo sinaloense. En México el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó al día siguiente que ya dicha dependencia rastreaba lo movimientos bancarios y propiedades relacionadas con el ex líder del Cártel de Sinaloa.

Aunque a lo largo de más de una década, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro ha boletinado a decenas de empresas mexicanas supuestamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, de manera formal no hay ninguna que sea propiedad directa o por medio de testaferros, de Guzmán Loera.

La mayoría de las empresas sinaloenses incluidas en la “lista negra” están vinculadas a familiares del Mayo Zambada, Juan José Esparragoza Moreno, Fausto Isidro Meza Flores, Víctor Emilio Cázares Salazar, Rafael Caro Quintero, entre otros, pero no a la del Chapo.

Sin embargo, sí han sido fichados para prohibir a ciudadanos o empresas gringas hacer tratos comerciales con ellos. La lista de la OFAC incluye a Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, así como a Griselda López Pérez y Alejandrina Salazar, ambas ex esposas del capo.

En cambio, Emma Coronel Aispuro, madre de las gemelas del capo, no ha sido puesta en dicha lista, y por el contrario ha lanzado junto con otra hija del capo una línea de ropa con la marca registrada el Chapo, la cual fue otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El 10 de julio pasado, una semana antes de la sentencia en firme, Coronel Aispuro dio a conocer a través de su cuenta de Instagram la línea de ropa que venderá por internet. Curiosamente parece que este negocio no ha sido bloqueado por las autoridades, sin embargo, el discurso oficial es que trabajan para dar con la fortuna de Guzmán.

“Estamos trabajando coordinados con la Embajada de Estados Unidos y las agencias estadounidenses en todos los casos relacionados con el señor (Guzmán Loera), estamos en proceso de recepción y análisis de análisis de información con la que se cuenta”, declaró Santiago Nieto sobre el tema.

En Sinaloa, si es que existe esa fortuna en forma líquida o en propiedades, hasta ahora no se ha relacionado nada con el capo, salvo las casas que fueron descubiertas con túneles conectados al drenaje pluvial, por donde habría escapado el Chapo en febrero de 2014 en lo que fue la primera redada en su contra. Se trata de por lo menos siete casas que fueron construidas exprofeso en puntos estratégicos de Culiacán, con su plan de fuga incluido.

De hecho, en otros operativos relacionados con integrantes del Cártel de Sinaloa se llegaron a decomisar casas en Lomas de Guadalupe y la Isla Musala, las cuales después de un procedimiento de amparo sus dueños legítimos lograron recuperarlas.

Y es que de acuerdo con abogados consultados por este medio, por lo regular los narcos compran casas que ponen a nombres de terceros que no son vinculados con el narco, y posteriormente celebran un contrato de arrendamiento. Así, si la propiedad es requisada por la autoridad, los “dueños” se justifcan que ellos rentaron el inmueble y desconocían enteramente qué actividades se ejercían en la propiedad.

Otra forma de evitar la ley es adquirir vehículos de lujo y ponerlos a nombre de señoras mayores de edad o adolescentes no relacionables con el crimen organizado, para poder ampararse en caso de ser incautado el bien mueble. En la participación del lavado de dinero, las empresas suelen operar de similar manera para evadir cualquier situación legal.

Hasta la fecha, casi dos meses después de la sentencia contra El Chapo, no se ha dado a conocer dónde esconde el capo sus estratosféricas ganancias que el gobierno gringo quiere, y que según su abogado, tendría que repartirse entre las comunidades indígenas del país, una estrategia aparentemente reivindicatoria por parte de la defensa mexicana a favor del oriundo de Badiraguato.