En Sinaloa, durante el 2019, de las más de 23 mil carpetas de investigación que inició la Fiscalía General del Estado, sólo 570 de ellas terminaron con una sentencia condenatoria en abreviado y 45 en juicio oral, lo cual quiere decir que la justicia en el estado tuvo en un solo año algo así como el 2.62% de efectividad total. Desde que se generalizó en 2015, el sistema de justicia penal acusatorio ha padecido de las mismas taras que arrastra nuestro país en cuestión de procuración de justicia, y las serias grietas que este sistema tiene no hacen sino revictimizar a las víctimas y hacer pagar justos por pecadores. Todavía, a pesar de la gran maquinaria legal creada, parece largo el camino para abatir los altos índices de impunidad.
Por Santiago Rentería.
Para llegar a una sentencia condenatoria y que se le repare el daño por la vía legal, una víctima pasa por todo un aparato que, a pesar de ser reciente y contar con unos años de vida, se está convirtiendo en una maquinaria anquilosada que parece terminar por beneficiar más a los acusados que a los ofendidos.
Ahí está el feminicidio de Lidia Andree, por el cual se acusó hasta el momento a tres mujeres jóvenes, pero por falta de elementos una de ellas está ganando la batalla legal en la sala oral del Centro de Justicia Penal de Culiacán.
Y es que el sistema penal acusatorio, ese que busca reconocer la inocencia de los imputados hasta que no se demuestre lo contrario, presenta desde su origen severas grietas que no han podido ser subsanadas por un sistema judicial perezoso y burocrático, que termina por hundir y revictimizar a las víctimas.
En el Estudio sobre Seguridad y Justicia realizado por la Coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, cuyo titular es Ricardo Jenny del Rincón, se dan las cifras poco alentadoras que consiguió la procuración de justicia durante el 2019.
El año pasado, de acuerdo con toda la información recabada por el organismo ciudadano, la Fiscalía General del Estado registró un total de 23 mil 443 carpetas de investigación, lo cual quiere decir que en igual número se presumió la existencia de un delito, ya sea por querella o por oficio.
Si bien que un ministerio público no está obligado a que cada carpeta que inicie concluya con su judicialización, ya que también existen mecanismos alternos de conciliación y reparación del daño, lo cierto es que de manera histórica las investigaciones quedan rezagadas, sometidas a la reserva por falta de pericia para continuarlas.
Así, de ese grueso de carpetas iniciadas, fueron un total de cuatro mil 53 las que la Fiscalía General del Estado llevó ante los jueces de control de procesos, lo cual quiere decir en ese número de casos los ministerios públicos encontraron y acreditaron a uno o más imputados en cada causa penal.
De esta manera, en mil 767 casos se realizó la figura de suspensión condicional del proceso, lo cual implica que el o los imputados aceptaron un acuerdo resarcitorio, más no una justicia plena.
Los jueces dieron sobreseimiento a mil, 576 causas judiciales, lo que quiere decir que en ese número no se determinaron elementos para continuar el proceso judicial. Esto representa el seis.72% de todas las carpetas de investigación iniciadas.
Del universo de investigaciones abiertas durante 2019, solamente 570 concluyeron con una sentencia condenatoria en un procedimiento abreviado, es decir, que los imputados decidieron asumir la responsabilidad de las acusaciones.
Sólo 45 procesos penales que se dieron durante todo un año, fue mediante juicio oral, o, en otras palabras, se llevó a cabo todo el juicio en la sala oral, presentando a testigos y elementos de prueba.
Entre las sentencias por procedimiento abreviado y por juicio oral, el sistema de justicia sinaloense concluyó un dos.62% de todas las carpetas abiertas, es decir, de las 23 mil que se iniciaron en 2019. Se puede señalar que la impunidad en el estado alcanzó en un año el 97.38%.
De las sentencias, diez fueron absolutorias en juicio oral y se dieron 279 acuerdo reparatorios.
AUMENTOS
En el análisis realizado por el CESP, se tiene que, en todos los indicadores arriba señalados, de 2018 a 2019 se tuvieron incrementos.
“Sin embargo, en los dos años se observa un porcentaje bajo en las sentencias en juicio oral e incluso en procedimiento abreviado”, señala el documento.
Y es que según en base a la numeralia, se puede determinar que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio no tiene un enfoque “punitivo”, sin embargo, los resultados en los acuerdos reparatorios son bajos también, “lo cual puede ser uno de los factores que incremente la percepción de la impunidad, tanto en delitos de alto impacto como en delitos del orden patrimonial”.
POR DELITOS
La violencia familiar es un delito que actualmente está siendo combatido por los grupos feministas, pues en éste se desarrolla las más sutiles formas del control patriarcal. En 2019, por este delito, la Fiscalía General del Estado inició un total de cuatro mil 271 carpetas, de las cuales se iniciaron mil, 294 causas judiciales, se emitieron 101 órdenes de aprehensión contra agresores, 58 se lograron ejecutar, doce llegaron a un procedimiento penal abreviado y solamente uno, se llevó a un juicio oral.
Otro de los delitos que más han recibido atención en los últimos tiempos es el feminicidio. El año pasado se perpetraron 40 en Sinaloa, por los cuales se emitieron 17 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.
Pero solo siete órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en contra de los acusados de este delito, cinco terminaron con sentencias condenatorias mediante juicio oral, lo que no da beneficios de ley al imputado de ser encontrado penalmente responsable y solamente un acusado aceptó haber asesinado a una mujer en Sinaloa durante 2019, por lo que obtuvo beneficios que la ley señala al momento de dictársele una sentencia.
Sin embargo, contrario al 2019, en el 2018 no se ejecutó ninguna de las 14 órdenes de aprehensión emitidas por los 49 feminicidios que reportó la Fiscalía del Estado. Ni hubo sentencias ni absoluciones por este delito.
De hecho, una de las críticas más recurrentes de los grupos feministas es que las fiscalías en México no investigan con perspectiva de género, y, además, de manera superficial, debido a las ineptitudes de los agentes del ministerio público, siempre se termina por “proteger” a los responsables.
“El sistema de justicia es patriarcal”, suelen decir las feministas cuando el aparato de justicia no logra encuadrar sus datos para abatir los altos índices de impunidad que se viven.
Pero también en los homicidios dolosos en general, las cuentas del sistema de procuración de justicia con pocas y magras, cosa que implica que las víctimas son las que pocas veces se les repara el daño.
De las 935 carpetas iniciadas durante 2019, la Fiscalía inició solamente 111 causas judiciales con los jueces, se emitieron 75 órdenes de aprehensión, se ejecutaron 36 de ellas, se lograron trece sentencias condenatorias en juicio oral, ocho en procedimiento abreviado, en cuatro ocasiones se sobreseyó el caso y solamente un imputado de asesinato fue absuelto.
Es decir, de los 111 casos que fueron llevados ante los jueces donde la Fiscalía encontró elementos para procesar a un presunto asesino, solamente en 21 casos terminaron con una sentencia.
De esta manera se concluye que, de todos los homicidios ocurridos en 2019, solamente el dos.24% de ellos alcanzaron una justicia en la que condenaron a los responsables. Todos estos datos hablan de cómo se encuentra el sistema de justicia, sus grietas y fallas, pero también sus beneficios para que imputados que antes eran torturados para responsabilizarse, tengan un proceso más transparente. Sin embargo, al final quienes pagan más caro, son las víctimas que siguen en la indefensión.