A casi una década de que dos estudiantes del Tec de Monterrey fueran asesinados de manera extrajudicial por integrantes del Ejército Mexicano, un documental disponible en Netflix y dirigido por un amigo de los estudiantes, indaga la manera en que desde el discurso oficial se intenta criminalizar a las víctimas, se promueve el uso de la Fuerza y se intenta imponer una nueva verdad que esconda los crímenes de Estado.

Por Redacción De Primera Noticias

El 19 de marzo de 2010, a las 0.55 horas, fueron asesinados Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey, por elementos de la Séptima Zona Militar de Nuevo León, luego de un enfrentamiento que soldados y sicarios sostuvieron en las inmediaciones del Campus universitario.

Hombres armados a bordo de tres camionetas dispararon contra un convoy militar, dando lugar a un enfrentamiento que duró más de 30 minutos, tiempo en el cual los sicarios lanzaron una granada de fragmentación desde un puente en contra los soldados, hecho que quedó registrado en un video grabado por un reportero.

Minutos antes, los dos estudiantes, quienes se encontraban en la biblioteca abierta toda la noche, se habían tomado un receso para salir del campus a cenar algo. Cuando regresaban fueron atacados a balazos por los soldados, quienes presuntamente los habrían confundido con los pistoleros que los habían emboscado.

Los soldados asesinaron de manera extrajudicial a los estudiantes. Jorge recibió seis disparos, dos de ellos a menos de un metro de distancia, mientras que Javier recibió siete impactos de bala. Al descubrir que no se trataba de sicarios sino de alumnos de la universidad, los despojaron de sus mochilas, les robaron sus credenciales de estudiantes, arrastraron sus cuerpos varios metros y les sembraron armas de grueso calibre.

La cámara de seguridad que se encontraba en el acceso al campus fue desprendida por los soldados, pero la grabación quedó como evidencia de que habían cambiado la escena del crimen para hacer parecer a los jóvenes como integrantes de la delincuencia organizada.

La versión oficial que difundieron los mandos militares fue que los jóvenes habían atacado a los soldados y al verse rebasados bajaron de una camioneta GMC modelo Yukón 2007 para luego intentar esconderse en el campus universitario, donde fueron alcanzados por las balas.

Esa misma versión fue difundida por las propias autoridades del Tec de Monterrey, cuyo vocero apareció en medios de comunicación local asegurando que ningún estudiante había sido herido, sino que se trató de delincuentes abatidos por las autoridades. La frase “andaban armados hasta los dientes” fue repetida por los noticieros que, en base a la versión oficial de los hechos, contribuyeron a generar una imagen equivocada de las víctimas asesinadas extrajudicialmente.

Y es precisamente esa frase que estigmatizó a las víctimas la que da nombre al documental del director Alberto Arnaut, Hasta los dientes (México, 2018) el cual se acaba de estrenar en la plataforma Netflix. La película recoge los testimonios de los padres, familiares y amigos de ambos estudiantes, quienes relatan la alegría que sintieron cuando recibieron la noticia de que los jóvenes habían sido becados en el Tec para estudiar, Jorge una maestría en Ciencias y Javier un doctorado en Ingeniería.

Horas después de la balacera, los padres se enteran por las noticias que había habido un enfrentamiento a las afueras del Tec, pero ante la noticia de que los muertos habían sido dos sicarios, no se alarmaron por sus hijos. Sin embargo, conforme pasan las horas, empiezan a buscarlos, no los encuentran, nadie sabe nada de ellos, acuden a las autoridades del Tec, quienes ya sabían que se trataba de los estudiantes asesinados y buscan que la noticia no se difunda por temor a perder estudiantes extranjeros.

No fue sino hasta que los padres acudieron al Semefo que se toparon con la triste verdad. Los cuerpos no solo tenían heridas por proyectil de arma de fuego, también presentaban moretones en la cara. “¿Estos eran los sicarios que ustedes dijeron que estaban armados hasta los dientes?”, cuestionaron los familiares a las autoridades. Incluso, cuando los padres quisieron salir ante los medio de comunicación para desmentir que sus hijos fueran delincuentes, las propias autoridades universitarias se los impidieron bajo el argumento de que había que “cuidar las formas”.

En el documental se señala que fue a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, como se empezó a correr la versión paralela sobre la verdadera identidad de los dos muertos en el campus que contradecía a la que difundía la televisión.

Un reportero que cubrió el enfrentamiento de esa noche declara en el documental: “En esa época con Felipe Calderón nos comentaban que teníamos que estar del lado de los militares porque ellos venían a ayudarnos para poder acabar con toda esta violencia. Por eso muchas cosas, no solo lo que pasó en el Tec, sino otras situaciones que pasaron aquí en Monterrey y en las que militares estuvieron inmiscuidos, no salieron a la luz”.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, quien ahora busca regresar al poder formando un nuevo partido político, más de 49 mil elementos castrenses fueron sacados de los cuarteles para combatir al crimen organizado, periodo en el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 1.600 denuncias por atropellos militares. Un informe de la CNDH asegura que durante el gobierno de Calderón, el Ejército Mexicano asesinó a 45 civiles inocentes: 20 porque no se detuvieron en retenes militares, 12 por tortura cometida por elementos castrenses, 5 mientras pastoreaban ganado, 2 mientras estaban en la calle, 5 al estar en medio de un fuego cruzado entre soldados y delincuentes, y uno porque intentó atacar a militares con un machete.

Entre estos civiles asesinados en medio de un fuego cruzado, el gobierno calderonita incluyó a los dos estudiantes del Tec. En el documental aparecen declaraciones del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien aseguró a la prensa que las heridas en los cuerpos de los jóvenes habían sido producidas por armas del calibre que usaron los sicarios durante el enfrentamiento con los soldados. A pesar de que se evidenció que se trató de un doble asesinato extrajudicial, nunca reconocieron el atropello cometido por el Ejército Mexicano, el cual recibió el apoyo incondicional de Calderón en su cruzada contra algunas organizaciones criminales.

La llamada guerra contra las drogas en México puso a las fuerzas armadas bajo la lupa de la opinión pública debido a que numerosos civiles inocentes fueron muertos por balas militares, quienes dejaron de participar exclusivamente en operaciones de combate y erradicación de cultivos y tomaron calles, ciudades, estados. Se insertaron en amplios espacios de poder civil y actuaron en incursiones sin control en áreas civiles, en operativos carentes de protocolos.

Uno de esos espacios de poder civil que tomaron los militares fue el de las corporaciones policiacas en los estados. Comprobada la incapacidad de los cuerpos civiles de hacer frente a la delincuencia, militares retirados o en activo fueron encumbrados en labores que nunca fueron policiacas ya que no había investigación, proceso y juicio.

Los delitos en los cuales se han visto involucrados los militares desde que abandonaron los cuarteles han sido: abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, abuso sexual, allanamiento de morada, daño en propiedad ajena, delito en contra de la administración de justicia, homicidio, inhumación clandestina de cadáveres, lesiones culposas derivadas de responsabilidad profesional, tortura, violencia contra las personas causando lesiones u homicidio.

En el caso de los estudiantes de Tec, ninguno de los involucrados ha sido sentenciado. Tres soldados están presos, todavía sin juicio, dos se fugaron y se cree que actualmente trabajan para el crimen organizado, y un sexto soldado se encuentra en calidad de desaparecido. El alto mando militar que estuvo a cargo de la operación, el general Cuauhtémoc Antúnez, fue rescatado por el gobierno de Jorge Rodríguez, El Bronco, quien lo nombro secretario de Seguridad Pública Estatal, pese a la protesta de organizaciones civiles que señalaron sus implicaciones en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura que nunca fueron aclarados y cuyas víctimas no recibieron justicia.