La herencia podrida de Malova: funcionarios vinculados pero sin castigo
Publicado el: 25/04/2019 11:04:34 a.m. en
La herencia podrida de Malova: funcionarios vinculados pero sin castigo
 

 

A más de 27 meses de dejar de ser el mandatario de Sinaloa, Mario López Valdez le sigue echando a perder el gobierno a Quirino Ordaz Coppel ya que el estigma de corrupción persigue a la actual administración estatal, derivado de que los ex funcionarios malovistas acusados de corrupción siguen libres y la justicia en lugar de castigarlos les da alternativas para que escapen a la acción de la ley.

 

 

Redacción Deprimera

 

 

La mañana del 2 de abril se abrió otra rendija jurídica por la cual Quirino Ordaz Coppel podría rescatar la imagen de su gobierno en materia de combate a la corrupción. Un juez de control vinculó a proceso penal a Armando Villarreal Ibarra, quien fuera secretario de Administración y Finanzas durante el sexenio de Mario López Valdez, al encontrar elementos suficientes para procesarlo por uso indebido de recursos públicos.

 

Al asistir al juzgado, Villarreal Ibarra iba confiado en que su caso siga la misma ruta que el expediente de Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud, que recibió hace algunas semanas la ganga de pagar solo la mitad y en abonos los fondos sustraídos del erario estatal. Pero no. El que manejó el dinero durante los seis que Malova tuvo el poder, tendrá que enfrentar al sistema judicial.

 

Saliendo de la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral y Penal de Sinaloa, el ex secretario de Finanzas presentó un semblante derrotado. Nada que ver con el poderoso funcionario que tenía la decisión de gastar el presupuesto a sus anchas, sin controles ni transparencia, para el beneficio de Malova que le repartía cuotas a sus cuates.

 

"Quisiera dejar muy claro que el tema que nos tiene hoy en esta situación y ante esta dependencia o ante la justicia, no tiene nada qué ver con robo, no tiene nada qué ver con peculado, no tiene nada qué ver con haber gastado el dinero del Gobierno en cosas personales, tiene qué ver con explicar en qué se gastó y si se gastó se debió de haber gastado en eso", declaró a periodistas que lo seguían en esta senda negra de la sospecha.

 

La Fiscalía General del Estado lo acusa del uso indebido de 293 millones de pesos, en el lapso de julio a diciembre de 2016, planteando el resarcimiento del daño a las finanzas de Sinaloa o el pago de la correspondiente condena penal.  Se trata del “pez gordo” del malovismo señalado de cometer el delito de peculado.

 

Pero más allá del tamaño del caso o del imputado, detrás del proceso penal está el esfuerzo de la Fiscalía que preside Juan José Ríos Estavillo para que la carpeta de investigación siente un precedente en castigo a la corrupción y en la opinión pública sinaloense se difumine la percepción de que la impunidad cobija a este tipo de delincuencia.

 

La mayoría de la población sigue percibiendo a la corrupción como el segundo problema que persiste en el gobierno de Quirino Ordaz, solo por encima de la inseguridad pública. Así lo mostró la más reciente encuesta del despacho Arias y Asociados que coloca al gobernador de Sinaloa como el mejor evaluado de todo México, pero reprobado en combate a los saqueos que sufre el erario estatal.

 

La otra versión

 

Todo indica que en el fenómeno de la corrupción opera mucho la percepción ciudadana que al no ver a funcionarios en la cárcel por los peculados y cohechos cometidos, lo primero que deduce es que el gobierno actual está protegiendo a los servidores públicos del sexenio anterior. O bien que hay deficiencias en las estrategias de comunicación social para difundir la otra versión.

 

Es que las mediciones que realizan empresas especializadas en transparencia y vigilancia de recursos públicos le son favorables al gobierno de Ordaz Coppel. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para estimar la prevalencia de actos de corrupción en las ventanillas de trámites gubernamentales, mostró en 2017 a Sinaloa como la única entidad con una reducción en relación con las víctimas de actos de corrupción en al menos un trámite público.

 

Sinaloa ascendió del lugar 31 que ocupaba en 2015, con la incidencia de 18 mil 144 casos de corrupción por cada 100 mil habitantes, al sitio 19 en 2017 al reducir esta práctica a 13 mil 963 por cada 100 mil habitantes, según los datos del INEGI que dan por cumplida la meta fijada en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 que en el apartado de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción proyecta bajar dicha prevalencia a 15,422 personas por cada 100 mil habitantes.

 

Otro informe a favor del gobierno de Ordaz Coppel lo aporta el Índice de Transparencia del Gasto en Salud correspondiente a 2019 que coloca a Sinaloa, con 95.81 puntos, en el bloque de estados con mejor rendición de cuentas, ocupando el segundo lugar al ser superado solo por Guanajuato, con 96.95 de calificación.

 

Esta evaluación la realiza la consultora Aregional al revisar seis bloques entre estos presentar la mayoría de los documentos solicitados, contar con un portal específico para la presentación de la información financiera del Sector Salud y Organismo Público Descentralizado estatal correspondiente. En todos Sinaloa aparece muy bien.

 

Estos resultados fortalecen la hipótesis de que el Gobierno de Sinaloa avanza en lo que concierne a combate a la corrupción, progreso que los sinaloenses no perciben al fundamentar el criterio en las fallidas actuaciones legales contra miembros del que fuera el Gabinete de Malova. Al no ver tras las rejas a ex funcionarios de alto nivel, la decepción crece más que cualquier logro en los planes contra el desfonde de la tesorería estatal.

 

¿Quién está fallando?

 

Cuando asumió el cargo de gobernador el 31 de diciembre de 2016, Quirino Ordaz le dedicó un amplio espacio del discurso al combate a la corrupción, ofreciendo que limpiaría las dependencias públicas de la podredumbre y llevaría a los responsables ante las instancia legales correspondientes sin darle más lugar a la impunidad.

 

Inclusive la advertencia en favor de la moralización del servicio público se las hizo a quienes entraban a colaborar con él. “Si alguien viene a enriquecerse que renuncie de una vez, queremos servidores públicos honestos, cercanos a la gente y no prepotentes o que se sirvan de ella;  seremos un gobierno de eficiencia y de sí se pueden hacer las cosas”, señaló.

 

A casi la mitad del período que le corresponde gobernar han sido puestos a disposición de la justicia varios ex funcionarios que colaboraron con López Valdez.  Han desfilado ante los juzgados Ernesto Herrera Félix, ex director de Tesorería, José Carlos López Ramírez, ex jefe del Departamento de Caja General y Ernesto Echeverría, ex secretario de Salud, entre otros.

 

El caso Echeverría Aispuro fue el que más decepcionó a los sinaloenses pues señalado con índice de fuego como el saqueador de un área vital para el gobierno como lo es la atención a la salud, finalmente libró a las instancias penales con un acuerdo ofensivo para el sentido común de quienes exigen la sanción ejemplar para inhibir ese tipo de delitos.

 

La cuestión es cuál engranaje del aparato de auditoría, investigación y enjuiciamiento está fallando al frustrarse la aplicación de la ley o hacer que esta valga a medias. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como  la Auditoría Superior del Estado, afirman que entregan los expedientes debidamente respaldados por pruebas.

 

De la misma manera, el fiscal Juan José Ríos Estavillo alega en defensa propia que el nuevo sistema de justicia contiene las posibilidades de reparación del daño, el acuerdo entre las partes y la negociación del monto reclamado por el gobierno. En este contrapunteo, La opinión pública interpreta como impunidad lo que para el Ministerio Público y los jueces tiene el carácter de resarcitorio.

 

Ahora, con Armando Villarreal sentado en el banquillo de la justicia, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel tiene la oportunidad de convencer a los sinaloenses de que la ley sí vale contra los desfalcadores del dinero público. Solamente necesita que la Fiscalía y los jueces vayan en el mismo sentido, sin aportar a la idea generalizada de que la justicia no vale igual para el rico y el pobre, el corrupto y el corruptor, el político y los partidos.

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