La madrugada del lunes 27 de enero, un grupo conformado por al menos 20 agentes de la Policía Estatal Preventiva realizaba un operativo en la zona de la presa Sanalona debido a que -según el Secretario de Seguridad- pobladores reportaron en días pasados la presencia de grupos armados. Cinco jóvenes a bordo de un automóvil Honda Accord pasaron por el punto de revisión y, según los policías, los ocupantes hicieron caso omiso y dispararon primero, por lo que se dio una persecución hasta que la metralla de la Estatal rugió dejando sin vida a dos jovencitas al parecer emparentadas con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, originario de Tamazula. El desenlace mortal ya está consignado: Andrea y Ana Carolina murieron, lo que ha situado a toda la Secretaría de Seguridad Pública dirigida por el teniente coronel Cristóbal Castañeda, en el ojo del huracán.

Por Redacción De Primera Noticias.

De nuevo las balas de las fuerzas policiacas de Sinaloa cegaron la vida de personas inocentes, aunque desde un principio, la Secretaría de Seguridad Pública intentó criminalizar a las víctimas y dejar el deceso de dos jovencitas originarias del municipio de Tamazula, Durango, en “un hecho lamentable”, restando importancia al posible uso excesivo de la fuerza.

La madrugada del lunes 27 de enero, cinco jóvenes -dos varones y tres chicas- bajaban de Tamazula a Culiacán y a la altura del templete de la presa Sanalona fueron acribillados a tiros, bajo el argumento de que los hombres iniciaron una persecución y tiroteo. Según la versión oficial que se desgranó en la sospecha, en una versión insostenible que ni la misma Fiscalía General del Estado se tragó, hubo disparos de parte del conductor y otro acompañante, pero los policías terminaron por dar muerte a las jóvenes Ana Carolina Aispuro Astorga y a Andrea Candelaria Aispuro Avitia, ambas primas, y al parecer familiares del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

En el caso, la SSP a cargo del militar de bajo rango, fichado por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel en 2017, Cristóbal Castañeda Camarillo, en lugar de ponerse de parte de las víctimas del aparente fuego cruzado, optó por desestimar que el deceso se tratara de feminicidios y por el contrario se enfocó en decir que había dos personas detenidas.

Pero la verdad terminó por pandear la versión oficial, y al final del lunes, se descubrió que los jóvenes Julio N y Dulce María N, los sobrevivientes del tiroteo, ni siquiera habían sido puestos a disposición del Ministerio Público, y por el contrario, ante las pifias cometidas, fueron dejados en libertad por el Juez de Barandilla, autoridad a la que no tenían que haber recurrido los policías estatales involucrados en el caso.

Tras el presunto enfrentamiento, según información obtenida por De Primera y confirmada por familiares, los policías bajaron a una de las jóvenes mal heridas a bordo de una patrulla oficial y al ser internada en la Cruz Roja del bulevar Gabriel Leyva Solano, el personal médico confirmó el deceso.

Los agentes, en lugar de llevar a Julio y Dulce María al Ministerio Público para que declararan, fueran o no responsables, optaron por “pasearlos” por la ciudad, dejando a la familia sin noticias de ellos en las primeras horas cruciales posteriores a los hechos sangrientos.

La familia fue a buscar a los jóvenes a los separos, pero no se encontraban ni en la Policía Investigadora ni en el Ministerio Público de guardia ni menos en la delegación de la Fiscalía General de la República. En cambio, fue hasta cerca de las 10 de la mañana cuando los estatales intentaron entregar a ambos a la Fiscalía, pero al pasar el término de la detención en flagrancia, el Ministerio Público rechazó hacerse cargo.

De esta manera acudieron a las instalaciones de la Policía Municipal, que no era la instancia correspondiente, según el protocolo, y ahí el Juez de Barandilla admitió a los jóvenes para resolverles su situación jurídica sin trámite, ya que no había fórmula legal con la cual proceder. Fue cerca de las 3 de la tarde en que Julio y Dulce María fueron liberados.

Un caso de pura sospecha

Para esa hora, el secretario de Seguridad, a quien buscó este medio, no quiso aclarar si estaban o no detenidos y a través de su equipo de prensa envió un escueto mensaje en un tono ambiguo:

“Los pusieron a disposición; la autoridad correspondiente dictaminó su situación jurídica y fueron puestos a disposición de Barandilla y aunque sean puestos en libertad siguen enfrentando el proceso penal hasta que el MP recabe todos los elementos. Colaboraremos en todo lo que pida la Fiscalía”.

El enredo colocó a toda la corporación bajo sospecha, ya que también desde temprano ese mismo día, comenzaron a circular versiones de que los jóvenes nunca dispararon, pero sí se pasaron el punto de revisión, y que esa habría sido la motivación de los policías para disparar. Familiares concluyeron los siguiente en comentarios vertidos en Facebook:

“Esto no puede quedar a solo la versión de la autoridad (estatales), la versión que se está dando en las noticias es falsa, no hubo una parte de agresión por parte de ellas, mucho menos uso de armas exclusivas del ejército, son injusticias y se tiene que comprobar todo.”

Andrea Aispuro Avitia y Carolina Aispuro es el nombre de las dos muchachas que a manos de estatales les quitaron la vida, esto sucedió en la sindicatura de Sanalona, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa.”

“Es así como cualquier persona teme a la autoridad, tanto que no son legales y no son los suficientemente honestos y no cuentan la realidad de las cosas, es así como un país se vuelve tan violento, porque las propias autoridades son las que lo hacen, se imponen y se alteran los hechos, tú que estás leyendo esto, sientes la impotencia de no poder hacer más, pero espero compartiendo esto, pueda ayudar a llegar a más autoridades y no solo quede impune.”

Toda esta suma de pifias llevó al fiscal del estado, Juan José Ríos Estavillo a salir a declarar, en un evento que no tenía agendado, que la SSP “nunca puso a disposición de la Fiscalía a los detenidos”.

Incluso fue más allá al llamar a la Comisión de Derechos Humanos que intervenga en la investigación del caso.

“Este es un llamado también a las demás instancias de autoridades, como puede ser a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que todos estemos pendientes de qué fue lo que pasó, si fue una acción que conllevó a una posible confusión que sí se diga, que así se reconozca, que el Ministerio Público conjunte elementos para presentarlos ante un juez y que sean las autoridades jurisdiccionales las que deslinden”, indicó el fiscal.

Ante el peso de la evidencia, al día siguiente el secretario de Seguridad no le quedó otra más que admitir que los jóvenes detenidos tras los hechos fueron puestos en libertad, no sin antes tratar de desmentir a Ríos Estavillo: “Sí los pusimos a disposición, pero el ministerio público no los recibió”.

Sin embargo, no aclaró que dicha negativa se dio debido a que los policías rompieron con la cadena de custodia y ya había expirado el tiempo de la puesta a disposición. Ni siquiera en ese momento comentó que por parte de la SSP se iniciaría una investigación de contraloría para determinar si hubo uso excesiva de la fuerza.

Interviene el gobernador de Durango

Si bien no se pudo confirmar el parentesco entre las víctimas, la coincidencia del apellido Aispuro de las víctimas con las del gobernador Rosas Aispuro dice mucho. Dice mucho, también, que el mandatario duranguense es originario de Tamazula, al igual que las jovencitas.

Fue la fiscal duranguense, Ruth Medina Alemán, quien declaró que envió a elementos investigadores y a ministerio público, sin ser su jurisdicción, para coadyuvar en las pesquisas y aclarar los hechos.

“Le solicité poder acudir con un grupo de agentes del Ministerio Público de nuestra área y Policías Investigadores de Delito y recabar de primera mano todos los elementos que le puedan servir a nuestros conciudadanos. Han llegado para verificar el boletín que emitió la Secretaría de Seguridad Pública, ya que se emitieron cuatro boletines confusos”, apuntó la funcionaria.

Es un tema delicado y prioritario para las familias de Tamazula, dijo, por lo que solicitó tiempo para lograr tener datos más precisos sobre lo sucedido, ya que al momento parte de lo sucedido es confuso, a lo que habrá de ahondar en días posteriores.

Mientras tanto, un banquillo espera a la Estatal Preventiva.