La Guardia Nacional enciende las alertas ante posibles torturas
Publicado el: 06/05/2019 01:40:14 p.m. en
La Guardia Nacional enciende las alertas ante posibles torturas

 

 

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos advirtió en la ONU que la creación de una Guardia Nacional para combatir al crimen provocará más casos de abusos y torturas contra detenidos pues los militares han sido formados para tareas que no son de seguridad pública. En respuesta, el gobierno de López Obrador ha anunciado la firma de un acuerdo con la ONU para que la guardia opere con un protocolo que respete los derechos humanos. Sin embargo, el largo historial de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en México, desde Tlatelolco hasta la guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón, genera escepticismo en asociaciones civivles que temen que la lucha contra el crimen organizado genere más  “daños colaterales”.

 

 

Por Redacción De Primera Noticias. 

 

 

Desde que las Fuerzas Armadas fueron usadas para asesinar estudiantes el 2 de octubre de 1968, su papel en la vida nacional ha quedado marcado con el dolor de las víctimas. De acuerdo con la Ley Orgánica, las cinco misiones generales de las Fuerzas Armadas son defender la integridad de la nación, garantizar la seguridad, auxiliar a la población civil, realizar acciones cívicas y obras sociales y auxiliar a las personas y sus bienes en caso de desastre, las cuales son contrarias al papel que han desempeñado en muchas ocasiones.

 

La Guerra Sucia

 


Durante el sexenio de Felipe Calderón se formó la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero con el fin de elaborar un informe del registro de las personas afectadas durante la Guerra Sucia (1969-1979). Este informe se presentó ante el Congreso estatal 22 días antes de los hechos de Iguala en los que 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales y presuntamente entregados a miembros de un grupo criminal.

 

En un hecho sin precedentes en México, en el informe elaborado a lo largo de dos años por la comisión, se desclasificaron documentos oficiales que dan cuenta de la participación de 227 mandos castrenses en la desaparición forzada de disidentes políticos, estudiantes, maestros, campesinos, indígenas, activistas, guerrilleros, mujeres y niños en el sur de México en la década de los setenta.

 

El informe asegura que los mandos castrenses con apoyo de sus tropas y de policías judiciales escudriñaron viviendas, rancherías, milpas, cuevas y establecieron retenes para revisar camiones y vehículos particulares en busca de guerrilleros y simpatizantes de las guerrillas. Detuvieron sin orden de aprehensión a entre 500 y 1.500 personas a los que etiquetaron como “paquetes para su revisión” y fueron trasladados a varios campos militares.

 

Las víctimas fueron arrojadas desde aviones a mar abierto. Para tal efecto se formó el Grupo Sangre, que tenía como fin “vengar insultos al gobernador [de Guerrero] o personas que han tenido problemas con el ejército”. A algunos de los detenidos se les daba a tomar gasolina y luego se les prendía fuego. Posteriormente eran abandonados en lugares solitarios.

 

La masacre de Acteal



En años del sexenio de Ernesto Zedillo, el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles (16 niños y adolescentes, 20 mujeres -7 de ellas embarazas- y 9 hombres) rezaban en una iglesia de madera en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas. Las personas formaban parte de Las Abejas, una organización cristina que apoyaba abiertamente al EZLN en sus demanas. Al lugar llegaron alrededor de 90 hombres armados, también indígenas, que formaban parte de un grupo paramilitar –uno de los diez grupos organizados en Chiapas para desbaratar el apoyo a los zapatistas- y dispararon contra los fieles.

 

Por estos hechos, alrededor de 100 indígenas fueron encarcelados en la prisión de Tuxtla Gutiérrez. Samuel Ruíz, obispo de Chiapas, salió entonces a demandar cárcel también para los “instigadores de la masacre”, aquellos que estaban detrás de los paramilitares, los que los armaron y entrenaron.

 

Tras el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994, el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fueron formados en Chiapas alrededor de 10 grupos paramilitares con el consentimiento presidencial. Estos grupos tenían la misión de asesinar a aquellos que apoyaran a los zapatistas y desbaratar cualquier movimiento a su favor.

 

La  versión oficial del gobierno de Ernesto Zedillo sobre la masacre fue que se trató de problemas locales, intercomunitarios, entre las propias poblaciones indígenas. Sin embargo, en 2008, documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, la CIA interna del Pentágono) evidencian el papel que el ejército mexicano tuvo en la masacre de Acteal.

 

Los informes secretos confirman los reportes sobre el apoyo militar a los grupos indígenas que se oponían a la presencia del Ejército Zapatista en sus regiones. Los documentos hablan de “apoyo directo” al formar una “red clandestina de equipos humanos de inteligencia” (Humint) con el propósito de recabar información en las comunidades indígenas sobre personas y organizaciones que apoyaban al EZLN.

 

Los Hummint entrenaban a los paramilitares y cuando alguna corporación policiaca de la región los detenía por portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, estos eran defendidos para que no fueron molestados. Los Humint estaban integrados por militares jóvenes, oficiales con rango de capitán y algunos sargentos de la zona que hablaban en dialecto para poder comunicarse con los indígenas que formarían parte de los grupos paramilitares.

 

Civiles asesinados en retenes militares

 


Entre 2007 y 2012 el Ejército Mexicano reconoció haber privado de la vida a 40 civiles inocentes. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad real es de 45 personas que eran ajenas a grupos criminales.

 

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el ejército salió a cumplir una de las misiones para la cual no está preparado: patrullar las calles. A partir de entonces, los casos de civiles que fueron asesinados, accidental o deliberadamente por soldados, comenzó a multiplicarse.

 

De los 40 casos reconocidos por la SEDENA, 20 corresponden a civiles que no detuvieron su auto en algún retén militar, 12 fueron torturados por elementos castrenses, cinco fueron asesinados mientras realizaban sus actividades como pastorear ganado o barbechar campos de cultivo, dos fueron acribillados en la calle y cinco civiles más perecieron durante algún fuego cruzado entre militares y delincuentes.

 

En total, durante el sexenio calderonista, la CNDH emitió 109 recomendaciones constra la SEDENA, 31 de las cuales están relacionadas con civiles asesinados.

 


Familia asesinada en Sinaloa de Leyva

 


Uno de los casos más lamentables se presentó en la carretera que conduce a la comunidad de La Joya de los Martínez, en Sinaloa de Leyva, el 1 de junio de 2007.  Ese día, Adán Abel Esparza Parra viajaba en una camioneta junto con su esposa, sus tres hijos, un sobrino y varias maestras comunitarias a las que habían llevado a la comunidad de Ocorahui. Casi al llegar al pueblo, en medio de la oscuridad de la noche, se toparon con un retén militar que les hizo el alto.



Esparza Parra detuvo la camioneta metros adelante y entonces se empezaron a escuchar las primeras detonaciones. El conductor, con una herida en la mano izquierda, bajó aprisa de la camioneta gritándole a los soldados que no dispararan, que en el auto sólo viajaban mujeres y niños, pero los soldados no hicieron caso y continuaron accionando sus armas.

 

La camioneta empezó a moverse hacia una pendiente que conducía a un barranco y Esparza Parra se subió para intentar frenarla. Fue entonces que otra bala le perforó la mano derecha. No pudo evitar que la camioneta cayera al barranco. Como pudo, bajó por la pendiente, con las manos ensangrentadas y adoloridas, y desde una radio que tenía en la camioneta pidió ayuda a sus familiares.

 

Cuando llegaron al lugar del retén, los soldados no los dejaron pasar, a pesar de que la familia les decía que había gente herida en la camioneta y que necesitaban atención médica. Tuvieron que pasar más de tres horas antes de que los militares les permitieran pasar el cerco para llevarse a los heridos a una clínica en Badiraguato.

 

Pero ya habían fallecido los tres hijos de Esparza Parra, su esposa y una de las maestras que los acompañaban. El padre permaneció meses en el hospital general de Culiacán herido en ambas manos.

 

De acuerdo con la SEDENA, Esparza recibió un pago de 36 mil 916 pesos como compensación por el dedo de la mano izquierda que perdió. Por cada uno de sus hijos muertos, recibió 147 mil 664 pesos. La muerte de su esposa mereció la misma cantidad pero esta le fue entregada a la madre, su suegra. Es, de acuerdo con la SEDENA, la suma más alta que el Ejército pagó como indemnización a un civil durante la guerra contra el narco emprendida desde 2007.

 

 

 

 

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