Las actuales generaciones casi no recuerdan qué hizo o que dejó de hacer Francisco Labastida Ochoa cuando gobernó en Sinaloa (1987-1992), sin embargo, hoy lo conocen a través de expedientes negros que lo ligan a presuntos tratos fincados en la corrupción y tráfico de influencias, situaciones que lo podrían llevar a enfrentar denuncias penales tanto de instancias civiles como del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Este es el ocaso político de quien ha cuidado tanto su imagen pública?

Por Redacción De Primera Noticias.

Estuvo Francisco Labastida Ochoa en los cuernos de la luna del poder político y pudo haber sido presidente de México. El sinaloense que llegó a ser secretario de Gobernación, de Agricultura y de Energía, Minas e Industria Paraestatal ahora está en medio de acusaciones que, a pesar de que niegue responsabilidad en ellas, le abrirían carpetas de investigaciones por posibles delitos cometidos para beneficiarse él y/o su familia.

La más reciente es la investigación que efectuaron las organizaciones civiles Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que lo vincula con operaciones que le generaron apoyos de fondos gubernamentales a Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del ex gobernador, por alrededor de 14 millones de pesos.

Aunque FLO es uno de los 16 funcionarios y políticos de Sinaloa abarcados en la investigación de IS y MCCI, es quien más ha reaccionado a la información expuesta sobre él, amenazando con demandar a los periodistas y medios que han abordado su caso. Se dice difamado, pero no profundiza en las relaciones de poder que se le atribuyen en la consecución de recursos públicos.

En el mismo trabajo que se publicó en varios medios impresos y electrónicos del país abarca también a los ex gobernadores Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez, así como a personajes vinculados a distintos partidos políticos. Rubén Rocha Moya, actual senador de Morena; Mario Imaz López, dirigente local de Movimiento Ciudadano; Misael Sánchez Sánchez, miembro del comité ejecutivo nacional del Partido Verde; Alfonso Inzunza Montoya, ex alcalde de Salvador Alvarado; Jorge Iván Villalobos Seañez, hoy diputado local del PAN, entre otros.

Pero la llamada “Operación desfalco” se ha centrado en Labastida Ochoa porque es quien mayormente ha interactuado con el tema. Se le ve molesto y desesperado por lavar este capítulo de uso indebido de la función pública que lo salpica en medio de la corrupción que generó en Sinaloa otro amigo suyo: Mario López Valdez.

"Las organizaciones no gubernamentales Iniciativa Sinaloa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad son corresponsables en el delito de difamación", dijo en una carta enviada al periódico Noroeste luego de que este medio divulgara la investigación referida. En respuesta, el director de IS, Sílber Meza, dio a conocer que de frente a la poca voluntad de las instancias estatales anticorrupción, el centro ciudadano que él encabeza presentará denuncias formales contra Labastida y los otros 15 señalados de apropiarse indebidamente de recursos públicos.

Esto significa que será en las instancias legales donde se dé el siguiente nivel de la controversia. Labastida tratando de limpiar un apellido que tuvo bastante peso en la política mexicana, y las organizaciones que lo acusan llevando las pruebas ante el sistema estatal anticorrupción, al que por cierto parece no interesarle hacer el trabajo asignado para detectar y castigar delitos contra las finanzas públicas sinaloenses.

La operación desfalco

En lo que concierne a Francisco Labastida, padre e hijo, el apartado de la investigación que realizaron Iniciativa Sinaloa y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad establece lo siguiente, según el texto tomado de la página de la primera organización civil:

Francisco Labastida Ochoa ha sido uno de los hombres con más poder en la política mexicana moderna: además de exgobernador de Sinaloa (1987-1992), fue titular de la Sagarpa (1995-1998), secretario federal de Gobernación y candidato presidencial en el año 2000, cuando el PRI perdió contra el panista Vicente Fox. Durante su paso por la Sagarpa tuvo como mano derecha a Marcos Augusto Bucio Mújica, quien fungió como coordinador de los delegados federales de esa secretaría. Anteriormente Bucio había sido el secretario particular de Labastida durante los seis años de su gobierno.

Bucio volvió a la Sagarpa federal como oficial mayor en diciembre de 2012, justo al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y coincidentemente en el periodo en que estuvo en el cargo, la empresa Agri 27, propiedad de Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de su amigo Labastida Ochoa, comenzó a ver un incremento en los subsidios que recibía.

Mientras que en 2012 los apoyos para su empresa apenas alcanzaron los 822 mil 503 pesos, en 2013 –primer año de Bucio– estos se incrementaron a 1 millón 817 mil 249 pesos, en 2014 recibió una cantidad similar de 1 millón 822 mil 556 pesos y en 2015 Labastida jr. sumó 2 millones 994 mil 671 pesos. La buena racha para Labastida Gómez de la Torre acabó cuando Bucio dejó la Sagarpa (septiembre de 2015) para irse de Cónsul a El Paso, Texas. En 2016, Agri 27 apenas sumó 152 mil 600 pesos en subsidios.

Bucio y Labastida son amigos entrañables, tanto que el 4 de abril de 2016 el primero le organizó en Los Mochis, municipio de Ahome, la tierra donde nació Labastida, un homenaje para reconocerlo por las obras que impulsó en la entidad cuando fue gobernador. “Hay un refrán que dice: en vida, hermano, en vida, se debe demostrar la gratitud. Hoy estamos aquí los amigos, sus excolaboradores para hacerle sentir que le tenemos una muestra de gran respeto por su gestión”, dijo el que entonces ya era cónsul en Texas, y que más tarde se vería involucrado en la investigación periodística La Estafa Maestra.

En el trabajo se le mencionó como uno de los funcionarios involucrados en la red de desvíos de recursos públicos. Él fungía como titular de la Oficialía Mayor de la Sagarpa. En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue nombrado subsecretario de Educación Pública federal.

Los beneficios del poder a Labastida jr. no acaban con Sagarpa: mientras recibía apoyos del Gobierno federal también tenía otros ingresos: fungió como coordinador de Proyectos Estratégicos (2011-2016) y más tarde como secretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Mario López Valdez (2016), y al mismo tiempo arrendó diversas bodegas a los gobiernos municipal y estatal en Sinaloa.

Labastida hijo no tenía carrera política, incluso el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos no existía antes de su llegada, pero su papá fue uno de los pilares más importantes para la campaña de Malova, no solo lo apoyó en la contienda a gobernador por el PAN-PRD y en contra de su partido, el PRI, sino que previamente habían sido compañeros de fórmula al Senado de la República. El guiño político de Malova al exgobernador fue crearle un cargo público a su hijo en el que duró cinco años. El último año se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico del Estado.

Durante los seis años que ocupó cargos públicos Gómez de la Torre obtuvo 3 millones 933 mil 525 pesos por alquiler de bodegas, locales y edificios al gobierno municipal de Culiacán y al gobierno estatal, según los padrones de arrendamiento de esos años.

Las rentas de inmuebles las realizó a través de Agri 27, una empresa que constituyó en julio de 2002 con su entonces familia política y donde él ha fungido la mayor parte del tiempo como presidente del consejo de administración. La compañía es una multifuncional que lo mismo se dedica a la producción y comercialización de productos agrícolas con subsidio público, que a la adquisición y enajenación de inmuebles a los gobiernos de Sinaloa.

Los negocios en Topolobampo

A raíz de la visita que hizo a Los Mochis el 9 de junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió investigar el tema de la planta de amoniaco que el grupo empresarial Gas y Petroquímicos de Occidente pretende construir sobre la bahía de Ohuira, una zona ecológica protegida, proyecto al cual se oponen defensores del medio ambiente del norte del estado.

La investigación sigue su curso aunque dio un viraje inesperado. Más allá de que el impacto ecológico está probado, por afectar al humedal clasificación Ramsar que lo considera uno de los santuarios de la naturaleza a cuidar en el mundo, la lupa del Gobierno Federal si situó sobre tratos sospechosos en la planeación, determinación y beneficiarios para instalar ahí la planta de fertilizantes.

Y el ex candidato presidencial FLO aparece en la trama. Con base a otra investigación que realizó el diario Noroeste se determina que “hay una constante en el tiempo, en los hechos y en los personajes que se relacionan con la planta de amoniaco de Topolobampo, esa es Francisco Labastida Ochoa”.

“El ex gobernador de Sinaloa y especialista en temas energéticos, es el gestor de este proyecto a través de su despacho Consultores en Desarrollo, Economía y Finanzas. Para el también ex presidente de la Comisión de Energía del Senado, sin embargo, no existe conflicto de interés en la promoción del proyecto industrial ni tampoco controversia ambiental aun cuando la factoría de fertilizantes se construirá dentro del noveno humedal más importante del país”.

La indagatoria periodística documenta que Labastida se adelantó a esquemas de la reforma energética que implementó Enrique Peña Nieto y operó para beneficiarse él y sus amigos de Los Mochis, Mario López Valdez incluido, con la gestión y negocios para que la planta de fertilizantes se instalara en Topolobampo, en terrenos que le pertenecían a otro cuate, el político y empresario inmobiliario Rubén Félix Hays, quien anteriormente les había comprado terrenos a ejidatarios del sector en que se ubicaría esta fábrica. Los pagó a menos de dos pesos el metro cuadrado y luego los vendió a Gas y Petroquímicos de Occidente a 40 pesos el metro cuadrado.

En estos tratos, agrega el trabajo periodístico, “Labastida llevó por tripulación al entonces gobernador Mario López Valdez, político surgido del grupo Mochis a quien impulsó, primero como compañero de fórmula al Senado en 2006 y, luego, como candidato a Gobernador de Sinaloa, así como a Pedro Joaquín Coldwell, compañero en el Senado y Secretario de Energía con el Presidente Enrique Peña Nieto”.

“También incluyó a su amigo, hermano como lo identifica, Eduvigildo Leovi Carranza, empresario atunero y propietario inicial de la empresa Gas y Petroquímica que desarrolla la planta de fertilizantes; y a Rubén Félix Hays, empresario inmobiliario que vendió las tierras para el proyecto, con quien Labastida tiene una relación de amistad en su natal Los Mochis, lo invitó a ser candidato a Diputado federal en 2000 cuando compitió por la Presidencia y, luego, en 2010, operó la campaña de López Valdez en la zona norte, agrega la investigación”.

Esto ha dado lugar a que López Obrador prohíba autorizar algún trámite para que avance el proyecto de la planta de Topo en tanto se concluyen las averiguaciones que realiza el Gobierno Federal para clarificar si representa un peligro a ecosistemas del norte de Sinaloa y si en la concreción del proyecto hubo situaciones de corrupción y tráfico de influencias.

Juntos otra vez, Labastida y Malova, aparecen como los sospechosos de armar el tinglado de negocios desde posiciones de poder, no obstante que podrían ser los mismos que contribuyan a que el proyecto de la planta de amoniaco se venga abajo.