La diputada Yeraldine Bonilla, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, subió a tribuna para demandarle al gobernador Quirino Ordaz Coppel que le dé cumplimiento al Decreto número 946, aprobado por el Congreso del durante el sexenio de Malova y que ha sido ignorado por la actual administración estatal. 

Dicho decreto concede ayuda económica mensual al entonces menor de edad, Luis Alfonso Castillo Amezcua, y obliga al gobierno del Estado a garantizar de forma vitalicia servicios de salud y educación debido a las heridas por proyectiles de arma de fuego sufridas el 6 de julio de 2012 producto de un enfrentamiento con policías ministeriales.

En el momento de los hechos, Luis Alfonso Castillo Amezcua contaba con tan sólo 12 años de edad, y la agresión se presentó cuando se dirigía a un campo deportivo en Estación Bamoa, municipio de Guasave, en compañía de cinco menores de edad.

La legisladora detalló las lesiones que sufrió el menor producto de las heridas de arma de fuego, como el colapso subtotal del pulmón izquierdo, la pérdida del riñón izquierdo, lesiones intestinales, fracturas en la columna vertebral y residuos metálicos en el canal raquídeo, entre otros.

“El decreto es bastante claro en que el servicio médico será de manera permanente y comprenderá la atención de emergencia, consultas médicas, atención médico quirúrgica, prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera por los daños causados, con la precisión de que a falta de capacidad en la prestación de servicios en las instituciones del estado, se le proporcionaría seguro de gastos médicos mayores”, observó.

“Actualmente Luis y sus padres están pasando por un momento difícil que se ha agravado a consecuencia del coronavirus, y de acuerdo a diversas notas periodísticas, que recogen los testimonios de la familia, desde que se estableció el decreto han tenido problemas con las autoridades estatales para recibir atención médica de calidad, cuando claramente se estipuló que el estado debe hacerse cargo de la atención”, condenó la legisladora.

“Luis, como muchos otros niños sinaloenses fue víctima de la violencia, del abuso por parte de autoridades y hoy de la indiferencia de un estado que se niega a cumplir con sus obligaciones. Desde esta tribuna exigimos al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, así como a las autoridades competentes facilitar el acceso a los servicios de salud que requiera el hoy ciudadano Luis Alfonso Castillo Amezcua, tal y como lo establecido el decreto 946”, demandó Yeraldine Bonilla.

“Es un acto inhumano que cada sexenio esta familia deba esperar a la buena voluntad del gobernador en turno para recibir la atención médica que necesita. “La indiferencia también es una forma de ejercer violencia”, concluyó la morenista.