Funcionarios públicos involucrados en el robo de autos
Publicado el: 1/15/2018 11:40:54 AM en
Funcionarios públicos involucrados en el robo de autos
 

 

El robo de autos es uno de los delitos que más incrementó durante 2017 en Sinaloa. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, el año pasado 7,023 vehículos fueron despojados de sus dueños, contra los 4,865 reportados en 2016. Una investigación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículos dio a conocer que cuenta con 10 carpetas de investigación por autos con reporte de robo que fueron emplacados en la Dirección de Vialidad y Transportes de la USE. Esto constituye un delito y es probable que varios servidores públicos, tanto de la anterior administración como de la actual, estén involucrados en una red de robacarros que incluye a quienes despojan a los conductores de sus autos, los que los venden y los que “legalizan” estos autos robados al entregarles nuevas placas.

 

 

Por Redacción / De Primera Noticias.

 

 

El jefe de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículos, Julio César Romanillo Montoya, dio a conocer que actualmente esa dependencia de la Fiscalía General del Estado tiene abiertas 10 carpetas de investigación por el delito de emplacado de autos que contaban con reporte de robo.

 

Romanillo Montoya señaló que los casos que se investigan se descubrieron a partir de junio de 2017 y que las denuncias habían sido levantadas desde años anteriores. Se trata de autos de modelo reciente que circulaban por las calles de Sinaloa con placas nuevas y que fueron recuperados por agentes policiacos.

 

El modus operandi, asegura Romanillo Montoya, es similar al esquema de lavado de dinero, por medio del cual se “legaliza” dinero obtenido de manera ilegal: primero ocurre el robo de auto, segundo se borra el número de serie que tienen todos los autos inscrito en el tablero y que constituye su seña de identidad, en tercer lugar los documentos del auto se llevan a la Unidad Administrativa y los servidores públicos otorgan placas nuevas que “legalizan” el auto para ser vendido y que circule de nuevo en las calles sin ningún problema.

 

“Respecto a los vehículos de modelo reciente, algunos alteran el número de serie y lo emplacan. Nosotros tenemos diversas carpetas de investigación en las cuales las estamos integrando no solo por el delito de robo, sino por lo que resulte. Hay que tomar en consideración que aquella persona que se preste, sea o no servidor público, a emplacar un vehículo con reporte de robo, está cometiendo un delito”, comentó en rueda de prensa.

 

Los servidores públicos que podrían estar involucrados en esta red se encuentran en la Dirección de Vialidad y Transportes: “Se detiene un vehículo robado, la serie fue alterado y ese vehículo se encuentra emplacado, es decir, acudió a alguna persona en la Unidad de Servicios Estatales y la Dirección de Vialidad y Transportes proporcionó unas placas, cuando el auto tiene reporte de robo”, indicó.

 

El procedimiento empieza cuando el policía pone a disposición de las autoridades el auto con reporte de robo, luego los investigadores de la FGE sacan el número de serie correcto mediante un trabajo pericial, posteriormente se solicita a la Dirección de Vialidad y Transporte información sobre ese emplacamiento a auto con reporte de robo y se solicita una copia del expediente con datos de qué servidores públicos autorizaron la expedición de placas.

 

Hasta el momento, la FGE no ha dado a conocer los nombres de los servidores involucrados, aunque a medida que continúen las investigaciones estos tendrán que salir a la luz pública.

 

Romanillo Montoya indicó que una de las maneras de verificar el estatus de un auto que se quiere emplacar es mediante una revisión física de la unidad para verificar si el número de serie fue borrado o alterado, lo que obligaría a los servidores encargados de autorizar la expedición de placas a llamar al Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación.

 

Sin embargo, el director de Vialidad y Transportes, Guillermo Damián Haro Millán, respondió diciendo que en la dependencia a su cargo no se hacen revisiones físicas de los autos a emplacar y solo se verifica la documentación con la base de datos de la Fiscalía General del Estado.

 

“Nosotros no revisamos unidades. Nosotros lo que hacemos cuando se solicita un emplacamiento es revisar la documentación por parte de nuestro personal, y también en un banco de datos para verificar la autenticidad de esa documentación, y que el vehículo en cuestión no tenga un reporte”, indicó Haro Millán.

 

Agregó que él no tiene conocimiento de que se le haya otorgado placas a un vehículo con reporte de robo y que han colaborado activamente con la Fiscalía entregando la documentación que se les ha solicitado.

 

“Nosotros no teníamos conocimiento de las carpetas de investigación que se estaban integrando por parte de la FGE, específicamente por el área especializada en robo de vehículos. Nosotros lo que habíamos estado haciendo es entregar documentación a requerimientos de la Fiscalía, que es un servicio o una obligación cotidiana que tenemos nosotros pues constantemente nosotros somos requeridos de información por PGR y la FGE”, señaló.

 

Sin embargo, indicó que el emplacamiento de autos pasa por un proceso que no solo involucra a la Dirección de Vialidad y Transportes sino que incluye a la Dirección de Recaudación de Rentas, ambas oficinas ubicadas una junto a la otra dentro de las instalaciones de la USE.

 

“Pero también muy coaligados a nosotros hay otra dependencia que es Recaudación de Rentas, que es la que recibe el pago de los servicios. Ellos también revisan y tienen acceso a ese banco de datos”, comentó.

 

Si se ha cometido alguna ilegalidad, señala, debe involucrarse a ambas dependencias.

 

“La FGE como parte de sus funciones está la de integrar carpetas de investigación cuando se tiene una denuncia o bien si son delitos que se persiguen de oficio, entrar en conocimiento de ellos. Es una potestad de ellos tener la secrecía y reserva. Nosotros no podemos negarnos a otorgar información que nos solicita la FGE, ni tampoco podemos cuestionarnos para qué la quieren”, indicó.

 

Agregó que desde que llegó a ese cargo en enero de 2017 implementó mecanismos de control precisamente para evitar que se den este tipo de situaciones.

 

“Hasta donde yo tengo conocimiento, hasta ahorita no se nos ha demostrado que hayamos incurrido en una situación irregular, sin negarlo tampoco.”

 

Comentó que antes de ser emplacado, los datos del auto pasan por un sistema conectado con la base de datos de la FGE que, en caso de haber una anomalía con ese vehículo, generan una alerta, una “warging de robo”, que en teoría impediría su emplacamiento. Hasta el momento, señala el director de Vialidad y Transportes, esa alerta no se ha activado en ningún caso.

 

Al ser cuestionado por reporteros, el gobernador Quirino Ordaz Coppel respondió que la Fiscalía debe investigar si existe o no una red de corrupción al interior de estas dependencias que actúen en compliciad con bandas criminales dedicadas al robo de autos en Sinaloa.  

 

"Por supuesto si eso es real, es verídico bueno, que se aplique la ley, que se investigue", manifestó Ordaz Coppel.

 

El robo de autos es uno de los delitos que más incrementaron en los últimos años. De acuerdo con datos oficiales, el peor año para los automovilistas fue 2011, cuando se recibieron 10,326 denuncias por robo de vehículo. Esta cifra fue descendiendo progresivamente hasta 2015, cuando se reportaron 4,478 autos robados. A partir de entonces, el número volvió a subir y subir hasta que, en 2017, la delincuencia se disparó y se recibieron 7,023 denuncias, en la mayoría de los casos por robo con violencia y uso de arma de fuego. Esto significa que cada día se robaron alrededor de 19 autos en todo el estado, pero sobre todo Culiacán, Mazatlán y Ahome.

 

A nivel nacional las cosas no andan muy distintas. El año cerró con más de 88 mil autos robados en todo el país, lo que representa un incremento de más del 20% con respecto a las denuncias de 2016. Culiacán ocupa la posición cinco entre los municipios con más denuncias por este delito, solo debajo de Ecatepec, Guadalajara, Tlalnepantla y Naucalpan.

 

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