Cualquier cambio al edificio o a los contenidos museográficos del Centro de Ciencias de Sinaloa debe contar con el aval y el visto bueno de la Junta Directiva y del Consejo Técnico Consultivo. Sin embargo, ninguno de esos organismos se ha reunido en los últimos cinco años, por lo que la remodelación del CCS se hizo violando la normatividad vigente.

Por Redacción De Primera Noticias.

El decreto de creación del Centro de Ciencias de Sinaloa señala que cualquier cambio que se realice tanto en su infraestructura física como en su contenido museográfico, académico o educativo, debe contar con el aval tanto de la Junta Directiva como del Consejo Técnico Consultivo.

Sin embargo, de acuerdo con información que recibió el activista social Ernesto Saldaña García a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ninguno de los dos organismos se ha reunido en los últimos cinco años, por lo que los cambios realizados tanto al edificio como al museo constituyen un delito.

Es por eso que el activista intentó interponer una denuncia el pasado 20 de julio ante la Auditoría Superior del Estado (ASE). Sin embargo, fue recibido por una empleada que le indicó que el personal estaba de vacaciones, aunque en la Oficialía de Partes es obligatorio que siempre haya personal de guardia que pueda recibir denuncias.

Tras la negativa, Saldaña García se trasladó al Congreso del Estado donde pudo entregar la denuncia al diputado Marco Antonio Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien le aseguró que no existe autorización para que en estos momentos el personal de la ASE tome vacaciones y mucho menos para que la Oficialía de Partes se quede sin un encargado.

“La denuncia está interpuesta ante la Comisión de Fiscalización que, por normatividad, tendrá que darla a conocer a la ASE para que realice la auditoría correspondiente, pero de acuerdo con el comportamiento que ha tenido la ASE no abrigo muchas esperanzas porque muchas veces congelan este tipo de denuncias propiciando la impunidad”, señala Saldaña García.

VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD

Al Centro de Ciencias de Sinaloa lo rigen tres organismos. El primero es la Junta Directiva que, de acuerdo con el artículo 6, capítulo 3, de la Estructura Orgánica, está presidida por el gobernador en turno o, en su ausencia, por el secretario de Educación Pública y Cultura.

También lo rige un Consejo Técnico Consultivo integrado por el director del Centro de Ciencias, el presidente de la Fundación Sinaloa, el secretario del Colegio de Sinaloa, un representante de la SEPyC, el director general de DIFOCUR, hoy ISIC, los rectores de la UAS, UAdeO y los institutos tecnológicos de Culiacán y Los Mochis, el director de Cobaes, además de investigadores y académicos sinaloenses  designados por el director del Centro de Ciencias a propuesta de las instituciones de educación superior.

De acuerdo con el artículo 8, capítulo 3, del decreto, la Junta Directiva debe reunirse de forma ordinario cuando menos cada tres meses, y, en forma extraordinaria, cuando así lo convoque el presidente o las dos terceras partes de sus miembros.

En el caso del Consejo Técnico Consultivo, según consta en el artículo 17, sus integrantes deberán reunirse cuando menos seis veces al año, y de manera extraordinaria, cuando así lo requiera el director general.

Sin embargo, de acuerdo con la respuesta recibida a la solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa, con el número de folio 00147420, del pasado 27 de enero, en la que el activista pide copias de las actas, bitácoras, minutas o cualquier documento que acredite las reuniones del Consejo Técnico Consultivo entre los años 2015 y 2019, la respuesta que recibió fue que dicho consejo no se ha reunido en todo este tiempo.

“No se encuentra dicha información, debido a que el Consejo Técnico Consultivo no ha sesionado dentro del periodo que se menciona, por lo que las actas, bitácoras, minutas, y/o cualquier documento que acredite las reuniones durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 son inexistentes”, señala el documento firmado por Dolores Adriana Gámez Maldonado, responsable de la Unidad de Transparencia.

“Para poder hacer reformas al CCS, tanto en su infraestructura física como en sus contenidos académicos, informáticos, educacionales o museográficos se tiene que tener el aval de la Junta Directiva, integrada por cinco miembros, y por el Consejo Técnico Consultivo, que tiene labores muy especificas de revisión de todo este tipo de material e información didáctica del Centro de Ciencias”, señala Saldaña García.

Si la Junta Directiva y el Consejo Técnico no se han reunido desde el año 2015, a pesar de que están obligados por la normatividad a hacerlo cuatro veces al año en el primer caso, y seis veces por año en el segundo, entonces nadie pudo haber dado el aval y el visto bueno para los cambios que se plantearon al Centro de Ciencias, cuya remodelación inició en enero de 2018 y concluyó en su primera etapa en enero de 2020.

“Los más de 200 millones de pesos que se invirtieron en el Centro de Ciencias son ilegales porque debieron tener esos avales. Así lo marca y así lo exige la normatividad. Ignoraron toda la estructura orgánica, hacen un Centro que no le preguntan a nadie, meten contenidos que no van de acuerdo con el conocimiento científico y dicen que eso es lo que nosotros los sinaloenses debemos aprender”, denuncia.

FUNCIONARIOS POR DEDAZO

Otras de las violaciones a la normatividad de este espacio radica en el perfil de algunos de sus funcionarios, incluyendo al director general, Luis León Talavera, quien solo es pasante de la licenciatura en Derecho, a pesar de que el artículo 12 del decreto señala que el director general del CCS deberá poseer el título de nivel licenciatura con maestría o tener diez años de experiencia profesional en el sector educativo.

Es por este motivo que León Talavera incluso fue denunciado ante la Procuraduría General de la República

por usurpación de título profesional ya que públicamente se presentaba como Licenciado.

“Tuvo que ir a comparecer y el señor dijo que todos estos años, cuando le habían puesto licenciado, eran errores involuntarios de sus secretarias, ajenos a él, y que él no había falsificado ningún título, por lo tanto la procuraduría lo exoneró. Pero en su comparecencia testificó que efectivamente no tenía carrera de licenciatura terminada”, recuerda Saldaña García.

Los anteriores directores generales del centro contaban con niveles de maestría o doctorado “y de repente llega esta persona impuesta por grupos de empresarios, entre ellos Coppel y Vizcarra, y como es su amigo, lo colocan en un lugar para el que no cuenta con la categoría necesaria”, ya que de acuerdo con su currículum presume haber dado cursos y talleres en Jardines de niños, por lo que, concluye el activista, “es un usurpador, no debería estar en ese puesto y está violando la ley con el permiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel”.