Por primera vez en la historia en Sinaloa, familiares con personas desaparecidas se dieron a la tarea de interponer una serie de amparos ante los juzgados federales para obligar a las autoridades a investigar a fondos todos los casos. A la fecha ya suman 32 demandas de garantías que podrían derivar en la exhibición sistematica de la podredumbre del sistema de justicia mexicano cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre estos casos que se resisten a caer en el olvido.

Por Santiago Rentería.

“Sabemos que lo único que están haciendo las autoridades requeridas es una simulación más, por eso nosotros lo que queremos es que por lo menos se declaren incompetentes para que sea la federación la que se haga cargo de las investigaciones”, concluye doña María Isabel Cruz Bernal, presidenta de la asociación Sabuesos Guerreros, un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa.

En mayo pasado, la madre del agente de la Policía Municipal de Culiacán, Reyes Yosimar García Cruz, interpuso un primer amparo que hoy se ha multiplicado a un total de 32 con igual número de familias de personas desaparecidas. Esto con la finalidad de que los jueces federales y los tribunales colegiados “obliguen a las autoridades en general que cumplan con su trabajo constitucional, su trabajo de investigación y procuración de justicia, ya que hasta el momento han resultado criminalmente omisas para dar con el paradero de los desaparecidos.”

De acuerdo con el expediente 501/2019 iniciado en el Juzgado Primero de Distrito de Culiacán, y del cual DeprimeraNoticias tiene copia, el acto reclamado a todas las autoridades es: “Desaparición forzada y la omisión en la localización, investigación y búsqueda”

Dentro de la solicitud de los amparos también se solicita que la Policía Investigadora de la Fiscalía, la Policía Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República informen si en algún momento detuvieron a alguno de los 32 desaparecidos, como Reyes Yosimar, y que de ser así los presenten en lo inmediato con vida.

“Todas las instancias han respondido a los juzgados lo mismo que tienen en sus expedientes, que es menos que nada. Por ejemplo, la Fiscalía no sale de la misma simulación y claro todavía niegan que no hacen nada, que para ellos la investigación se mantiene activa”, comenta Cruz Bernal vía telefónica para DPN.

Desde el día que desaparecieron a su hijo, un 26 de enero de 2017, doña María Isabel inició una insólita lucha por la verdad y la justicia, más por la verdad, dice, porque sin verdad no hay justicia. Hoy, gracias a este litigio en los tribunales, intentan acometer otra fisura al exhibir a todo el sistema penal como incapaz de contener la crisis por las desapariciones forzadas. Desde luego, emprender esta causa ha provocado que María Isabel reciba amenazas y advertencias, cosa que no hace más que perpetuar la impunidad que se vive en Sinaloa y en el país.

“A veces me hablan por teléfono y me dicen que tengo otro hijo, que con Gobierno no se juega y cosas así”, señaló.

¿Pero por qué presentar amparos?

En noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las víctimas de desaparición forzada pueden interponer amparos ante los jueces de distrito para, por medio de una resolución, solicitar a las autoridades de procuración de justicia y a los cuerpos militares y de seguridad del Estado para que busquen a estas personas.

Desde luego, las autoridades responsables siempre responden que hacen su trabajo y nunca reconocen que omisión, genera más impunidad. Por eso, cuando la Corte se llegue a pronunciar, las familias podrán exigir que sea la Federación la que atraiga los casos, y así continuar con las presiones para demandar justicia y verdad.

En la demanda de amparo en el caso Yosimar, consultada en lista de estrados, se encontró que se está señalando a elementos a cargo de las autoridades como presuntos responsables de la desaparición forzada del joven policía de 28 años, el cual laboraba en la Policía Municipal de Culiacán.

“Se decreta la suspensión de plano respecto de los actos reclamados consistentes en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, desaparición forzada de personas, detención, incomunicación, tortura y malos tratos, así como de cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de nuestra Carta Magna, para el efecto de que dichos actos cesen de inmediato”, señala la orden del Juez Federal emitida a principios de junio pasado.

El órgano jurisdiccional solicitó de inmediato el informe de las autoridades señaladas para que informen el cumplimiento ipso facto del paradero de Yosimar, y de incurrir en falsedades serán sancionados de acuerdo con el Código Penal Federal.

El Juzgado, una vez que admitió el amparo, envió un actuario para que acudiera a la Dirección de la Policía de Investigación de Sinaloa, antes Ministerial, de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Municipal, de la Novena Zona Militar, del Centro Penitenciario Aguaruto y de la Fiscalía General del Estado para que:

“Revise en los separos, casas de seguridad o celdas de reclusión a cargo de dichas instituciones, de igual manera se constituya en la Base de Operaciones Móvil de la Secretaría de Marina en el Estado de Sinaloa, y verifique si en los separos o celdas de reclusión de esos lugares, en caso de existir, está detenido el directamente agraviado”.

En las respuestas entregadas por parte de estas dependencias de seguridad, informaron que desconocían el paradero, rechazaron que tanto Yosimar como el resto de los desaparecidos hayan estado alguna vez recluidos o bajo arresto y algunas instancias, como la Fiscalía, que tuvo que abrir una mesa especial para contestar cada uno de los amparos, indicó que sí está haciendo su trabajo, por lo que estimó que no incurre en simulación.

En entrevista, Cruz Bernal indicó que también se trata de sentar un precedente histórico en Sinaloa, el hecho de que por la vía de amparo las autoridades sujetas a investigación, y que deberían dar resultados, sean llamados por un juez para que expliquen por qué han sido omisos en investigar el caso de su hijo.

“Hasta ahora lo que tienen es porque yo lo he encontrado y yo he dicho que objetos localizados como unos lentes, son de Yosimar, pero en sí ellos no tienen nada, las periciales que han realizado es porque nosotras le hemos acercado las cosas”, mencionó con evidente frustración la madre del agente desaparecido.

La meta: 180 amparos

La fisura que podría rasgar al sistema de justicia sinaloense y exhibirlo como inútil, omiso y acomodado, apenas está en camino, ya que la meta, de acuerdo con María Isabel, es alcanzar a interponer 180 amparos de todas las familias que aglutina la organización sin fines de lucro “Sabuesos Guerreras”

“Sabuesos Guerreras” es una de las 12 asociaciones civiles en Sinaloa dedicada a la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Gracias al trabajo que realizan al igual que otras asociaciones del estado, se han encontrado cientos de cuerpos en fosas clandestinas en los últimos años. Sobre todo, en 2019 el número de cuerpos en sepulturas ilegales se han multiplicado y a la fecha suman más de 160 en el estado.

María Isabel indicó que con estos amparos interpuestos y en proceso se inicia una segunda lucha, un segundo frente, ahora en el plano legal y jurídico, por encontrar a su hijo Yosimar, y por conocer la justa verdad de su destino.