Estadio Venados de Mazatlán: irregularidades, corrupción e influyentismo
Publicado el: 17/12/2018 03:57:23 p.m. en
Estadio Venados de Mazatlán: irregularidades, corrupción e influyentismo



 

 

Fueron muchas las irregularidades que cometieron los concesionarios del estadio de los Venados de Mazatlán: adeudos en el servicio de agua potable, en el permiso de venta de alcohol, alteración de medidores, tomas clandestinas de agua, falta de pago del impuesto del 8%. Acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, los Toledo Corro se toparon con pared por primera vez en su vida empresarial. La apuesta por saber si el nuevo gobierno de “El Químico” Benítez iba a resistir hasta que la concesionaria pagara su adeudo o si cedería a la presión de “los amigos” de Los Toledo elevó la presión social.

 

 

Por Santiago Rentería.

 

 

Después de haber enviado tres apercibimientos a la empresa Espectáculos Costa del Pacífico S.A. de C.V., concesionaria del estadio Teodoro Mariscal, para que pagara el adeudo con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM) por más de 700 mil pesos, y tras no haber recibido respuesta, el alcalde Luis Guillermo Benítez ordenó el pasado 23 de noviembre que le suspendieran los servicios de agua y drenaje sanitario.

 

 

“Las cuentas salían en ceros. Mandó el director de la Junta hacer una investigación y encontró una toma clandestina de agua y otra toma que sí estaba autorizada, pero con un medidor que había sido cambiado por uno que no servía, de tal manera que solicitamos a los responsables del estadio que pagaran y no contestaron, hasta la tercera vez que no contestaron procedimos al corte”, explicó el “Químico” Benítez.

 

 

Agregó que se iniciaría una investigación para revisar el estado de “los grandes consumidores de agua” en Mazatlán, es decir, hoteles, discotecas, restaurantes y otras empresas para descubrir si tienen adeudos viejos con el Ayuntamiento por ese u otros servicios públicos. Señaló que la empresa concesionaria del estadio, propiedad de Antonio Toledo Ortiz, hijo del ex gobernador Antonio Toledo Corro, tenía otros adeudos pendientes con la Comuna.

 

 

“Tenemos problemas con la misma empresa, no había liquidado el pago del ocho por ciento que debe liquidar a la ciudad por el espectáculo, el Tesorero debe tener la información, no hubo respuesta, se les volvió a requerir, no respondieron y se le pidió que ejecute como dice la ley”, aseguró.

 

 

Dos días después de que le fueran suspendidos los servicios, empleados presuntamente pagados por los Toledo intentaron reconectar ilegalmente los servicios de agua y alcantarillado. De inmediato, personal de la JUMAPAM y elementos de la Policía Municipal se presentaron en el lugar para detener estas acciones.



 

 

"No pueden conectarse a los servicios sin tener un acuerdo con la Junta Municipal. No ha venido ninguna persona a atender el asunto, se les envió la información y no hemos tenido respuesta y al parecer tampoco con el alcalde", expuso Quel Galván Pelayo, gerente de Jumapam. "Esto es un reto a la autoridad, nosotros estamos actuando bajo la norma y lo que la ley dice, y es lo que vamos a seguir haciendo.”

 

 

Tras cortar la reconexión irregular, en la tubería de drenaje el personal de la paraestatal encontró otras dos tomas clandestinas localizadas al costado y en la parte trasera del estadio, por las calles Justo Sierra y Teodoro Mariscal. Estas acciones, señaló Galván Pelayo, representarían una violación al artículo 85 de la Ley de Agua de Sinaloa, que contempla sanciones económicas acumulativas que, en el caso de la familia Toledo, ascenderían a 2.9 millones de pesos.

 

 

Esa noche, tras terminar el último partido de la serie de Los Cañeros de Los Mochis y los Venados de Mazatlán, inspectores de la Oficialía mayor clausuraron las taquillas del estadio. José de Jesús Flores, secretario del Ayuntamiento, explicó que se procedió a hacer la clausura al terminar el partido por respeto a los asistentes. Agregó que mensualmente el estadio debía pagar un aproximado de 28 mil pesos por el servicio, sin embargo, a causa del medidor alterado, los recibos de agua llegaron a ser de tan solo 800 pesos.

 

 

En respuesta, Club Venados subió un comunicado a sus redes sociales en el que aseguraba que no tenían ningún adeudo con la Jumapam. La Oficialía Mayor respondió que no solo estaba ese adeudo, sino que el permiso para la venta de alcohol en el estadio estaba vencido, por lo que si querían volver a recibir la autorización correspondiente debían cubrir los 198 mil pesos que cuesta el permiso. El caso del estadio provocó una “carambola” gracias a la cual otros empresarios del puerto se acercaron al ayuntamiento para revisar en qué condiciones se encontraban:  “Quiere decir que esta carambola sirvió para que luego de que un empresario que no sólo está incumpliendo con el pago, sino que tiene tomas irregulares, los demás digan que esto va en serio y habrá cero tolerancia”, comentó el alcalde.

 

 

El viernes 30 de noviembre, horas antes del arranque de la nueva serie de Los Venados contra Las Águilas de Mexicali, mientras la expectación crecía por saber si habría o no partido, la empresa Espectáculo Costa del Pacífico presentó un amparo firmado por el juez noveno de distrito, con sede en Sinaloa, en donde se le daba al ayuntamiento un plazo de 72 horas para que reconectara los servicios suspendidos. El alcalde lamentó que los concesionarios hubieran preferido gastar en abogados que cubrir el adeudo de casi tres millones de pesos con la JUMAPAM.

 




“Para la ciudadanía debe quedar claro que ellos prefieren gastar en abogados y promocionar un amparo para no pagar el servicio de agua potable a la ciudad”, señaló. “Si un empresario que tiene el usufructo de un bien municipal se niega a pagar el servicio público... yo por eso dije, que la ciudadanía los juzgue.”

 

 

Debido a que el juez había dado 72 horas de plazo, el ayuntamiento tenía hasta la medianoche del domingo, es decir, al término del último juego de la serie, para reconectar el servicio, por lo que la empresa de los Toledo no pudo abrir las puertas del estadio para la afición y tuvieron que jugarse los partidos a puerta cerrada. En la desesperación por las pérdidas millonarias que eso representaba para sus bolsillos, la directiva del club convocó a una rueda de prensa en el estadio, mientras el partido con Las Águilas de Mexicali se desarrollaba.

 

 

La estrategia de la directiva fue culpar al Ayuntamiento de que la afición no hubiera podido ingresar al estadio. “Nos sentimos defraudados por nuestras autoridades pues no solo se nos mintió a nosotros sino también a la afición al hacernos creer que el día de hoy habría todas las condiciones necesarias para que se pudiera llevar a cabo el espectáculo deportivo del beisbol, cerrando cualquier diálogo con nuestra empresa”, aseguró Toledo Ortiz y remató: “No tenemos ningún adeudo con la Jumapam o con el municipio de Mazatlán.”

 

 

A pesar de esa declaración, el 1 de diciembre hubo un acercamiento con autoridades para llegar a un acuerdo. Toledo Ortiz se comprometió a regularizar las tomas de agua, el drenaje, renovar el permiso provisional de Alcoholes y realizar el dictamen de Protección Civil y cualquier otro tipo de adeudos que pueda existir con Jumapam o cualquier otra institución el lunes tres de diciembre.

 

 

Parte del acuerdo con la concesionaria establecía que la empresa se desistía de toda acción jurídica en contra del ayuntamiento, se comprometía a pagar el adeudo, entregar dos mil boletos de entradas al estadio, permitir el uso de las instalaciones al ayuntamiento cuando este lo requiriera en fechas que no interfirieran con los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico y realizar trabajos de mantenimiento en los campos deportivos de Mazatlán.



 

 

En contraparte, el ayuntamiento se comprometía a reinstalar el servicio y dejar sin efecto las acciones legales ejercidas contra la concesionaria. A pesar de que el compromiso establecía como fecha límite de pago el 3 de diciembre, los empresarios no cumplieron con el compromiso firmado, por lo que se ordenó no enviar personal de Seguridad Pública para resguardar el estadio durante el partido, un requisito indispensable en la realización de eventos masivos.

 

 

“La reconexión de los servicios se realizó por un mandato judicial, sin embargo, el permiso para la venta de bebidas embriagantes no se ha renovado. Acuérdense que ellos están cobijados por un amparo federal para poder haber juego, hasta ahorita el agua está conectada por instrucciones del juez, pero la venta de alcohol no”, reviró el ayuntamiento.

 

 

Por lo que la serie entre Los Venados y Los Charros de Jalisco que comenzaba el martes 4 también se tuvo que jugar a puerta cerrada. Mientras tanto, en redes sociales, los aficionados lamentaron ser ellos los que tuvieran que pagar los platos rotos y se preguntaban qué iba a pasar con quienes tenían tarjetas de abono para asistir a todos los partidos, pedían que se hiciera un convenio con la Jumapam para que el asunto se resolviera inmediatamente o incluso que se le quitara la concesión a los Toledo por el mal desempeño en la dirección del estadio.

 

 

No fue sino hasta la tarde del jueves 6 de diciembre, 16 días después de que iniciara el conflicto, y tras la presión de los aficionados que ya no querían verse perjudicados por el incumplimiento de la concesionaria, que se pagó el adeudo por 2 millones 919 mil pesos por concepto de agua y sanciones administrativas impuestas tras el intento de reconexión ilegal del servicio. Tuvo que intervenir el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizalez, para presionar a los concesionarios a que pagaran luego de que el propio alcalde anunció que se estaba poniendo en riesgo no solo la concesión del estadio a los Toledo sino hasta la Serie del Caribe.

 

 

 

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