Semefos saturados: En México ya no hay espacio para más muertos
Publicado el: 08/10/2018 02:19:51 a.m. en
Semefos saturados: En México ya no hay espacio para más muertos
 

Cientos de cadáveres sin nombre son paseados en un tráiler por tres municipios sin que ninguna autoridad se quiera hacer responsable de ellos. Ya no caben en la morgue: la violencia ha desbordado la capacidad del SEMEFO para almacenar esos cuerpos no reclamados por nadie. La Ley General de Víctimas, aprobada en 2016, obliga a que los cuerpos sin identificar sean tratados con dignidad y que no sean incinerados en tanto que representan evidencia de un delito sin resolver.

 

 

 

Por David Fuentes M.

 

 

 

El pasado viernes 14 de septiembre vecinos de la colonia Paseos del Valle, en el municipio de Tlajomulco, llamaron al 911 para denunciar que un tráiler del que salían olores nauseabundos y del que chorreaba sangre, había sido abandonado a un costado del fraccionamiento.

 

 

Se trataba de un camión refrigerado propiedad de la empresa Logística Montes S.A. de C.V. contratado por la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) para guardar 157 cadáveres sin identificar que ya no cabían en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Los vecinos señalaron a diversos medios que el tráiler había sido abandonado por personal de la Fiscalía y que durante 12 horas estuvieron aguantando los fuertes olores, por lo que, incluso, algunos habitantes de la colonia amagaron con quemarlo.

 

 

El contenedor abandonado es una de dos unidades rentadas por la FGJ desde 2016 para almacenar los cuerpos de cientos de personas que murieron en hechos violentos y que permanecen en calidad de desconocidos. El IJCF tiene capacidad para almacenar 144 cuerpos en planchas. Debido al incremento de los homicidios en la entidad los muertos se fueron acumulando hasta que las autoridades estatales tomaron la decisión de rentar un contenedor refrigerado para depositar los cuerpos. Con el tiempo este contenedor resultó insuficiente y tuvieron que rentar otro más. Ambos fueron estacionados en el patio del IJCF donde han permanecido durante años.

 

 

Sin embargo, los fuertes olores que emanaban empezaron a afectar a los trabajadores, quienes reclamaron a su titular, Luis Octavio Cotero, que hiciera algo para resolver esa situación. Cotero pidió a la Fiscalía que movieran esos contenedores porque la situación era riesgosa para la salud de los empleados. La respuesta que recibió fue que buscara un lugar donde dejarlos. Personal del Instituto encontró una bodega en el 166 de la calle Frailes, colonia La Duraznera, municipio de Tlaquepaque, hasta donde fue trasladado uno de los dos contenedores por elementos de la Fiscalía.

 

 

Los vecinos de este predio también empezaron a quejarse por el olor que procedía de ese terreno usado como bodega al aire libre. No tardaron en enterarse qué había en ese contenedor y dieron aviso a las autoridades del municipio. Enterada la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, reclamó al gobierno del Estado por andar dejando muertos en su demarcación. Buscando anomalías en el registro de la propiedad de dicha bodega, el Ayuntamiento encontró que esta no contaba con todos los permisos necesarios para su operación, por lo que procedió a clausurarla. Cuando los inspectores llegaron, se encontraron con policías estatales que resguardaban la calle.

 

 

El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, confirmó a la alcaldesa (y ella lo dio a conocer después a los medios de comunicación) que ya no había espacio en la morgue para más muertos y le pidió tiempo para terminar de construir un cementerio forense en el municipio de Tonalá. Pero la alcaldesa fue clara: que se lleven esos muertos. El personal tuvo que sacar el contenedor con la intención de llevarlo a la Bodega de Evidencias de la Fiscalía, ubicada a un costado del centro de Guadalajara.

 

 

Sin embargo, por sus dimensiones, el contenedor no pudo pasar por el acceso al estacionamiento. Fue entonces que a los encargados se les ocurrió la idea de llevarlo a una bodega propiedad del dueño del tráiler, ubicada en los terrenos baldíos que se ubican a un costado del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, en una zona enmontada donde se han construido varios fraccionamientos dispersos. El dueño de la bodega aceptó con la condición de que le pagaran 3 mil pesos por día. Camino a la bodega, tarde lluviosa, la caja del tráiler se atascó en el terreno lodoso. Los encargados pensaron en buscar una cabina de mayor potencia para desatascar el contendor. Durante 12 horas, este permaneció abandonado, junto a la barda del fraccionamiento Paseos del Valle. A los vecinos les pareció raro ver ese contenedor pero no le dieron mayor importancia hasta que el olor comenzó a invadir las calles y las casas.

 

 

Se asomaron por encima de la barda y descubrieron con horror que del piso de la caja chorreaba un líquido rojo hacia el estribo. Confirmaron sus sospechas: el olor nauseabundo que se respiraba en la calle y la sangre en la caja no podían ser por otra cosa. Algunos vecinos, molestos con las autoridades por esa acción, se organizaron para quemar el contenedor. Antes de que eso sucediera, llegaron las autoridades con una nueva cabina para trasladarlo hasta la bodega de la Fiscalía.

 

 

La noticia de un tráiler con 157 cadáveres circulando por las calles de tres municipios sin que ninguna autoridad supiera qué hacer con ellos se convirtió en un escandalo que dimensiona la desorganización, deshumanización y ausencia de protocolos de las autoridades mexicanas para enfrentar la crisis de violencia que azota a buena parte del país.

 

 

Pronto se supo que no solo era un tráiler con 157 cuerpos, sino que había un segundo contenedor que almacenaba otros 80 cuerpos que no han sido identificados, por lo que no han sido entregados a sus familiares, los cuales se encuentran entre las decenas de organizaciones civiles que buscan desaparecidos por todo el territorio nacional.

 

 

En una de las imágenes que circula se observa a un trabajador de la Fiscalía caminando entre las bolsas negras que envuelven los cuerpos como si se tratara de costales de arena. Este suceso, sin embargo, revivió las esperanzas de muchos padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Apenas se dio a conocer la noticia, cientos de personas procedentes de entidades como Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Colima, Nayarit, Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México, acudieron al IJCF para que les tomaran muestras de sangre y tener documentado su ADN para cotejar con las pruebas que se les realice a los cadáveres de los tráiler (solo 60 contaban con perfil forense).

 

 

En el caso de Sinaloa se tiene el registro de 684 cadáveres no identificados y/o sin reclamar, de acuerdo con la base de datos del SEMEFO en la página de la Fiscalía General del Estado. Muchos de estos cuerpos se encuentran enterrados en fosas comunes en los panteones municipales. Se cuenta con los datos del levantamiento (fecha y lugar), el número de averiguación previa, señas particulares y en algunos casos el nombre completo de la víctima.

 

 

En 2016, una serie de reportajes publicados en medios nacionales dio a conocer la situación lamentable del Semefo Culiacán en que los cuerpos eran tendidos en el estacionamiento, en bolsas negras, porque ya no cabían en el cuarto refrigerado. El olor nauseabundo provocó la queja no solo de médicos legistas y ministerios públicos sino de empleados de la delegación Sinaloa de Procuraduría General de la República y del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.

 

 

En ocasiones que vamos a comer, está ese olor nauseabundo, hay compañeros que ya se acostumbraron. Primero nos decían que eran las empresas que procesan restos de pollos, pero nosotros estamos seguros que provienen del Semefo”, señaló un cadete de guardia a Noroeste.

 

 

“Son los refrigeradores que desde hace tiempo no sirven y están a reventar de muertos, yo creo que ya tenemos como 30 cadáveres ahí metidos y no aguanta el cuarto, porque aunque esté frío, los cuerpos se descomponen al llenarse de hongos, por eso nos ordenan que los saquemos al patio, donde ingresamos con otros muertos”, contó un empleado del Semefo.

 

 

Para remediar esta situación, durante la pasada administración se autorizó la construcción de una ampliación del Semefo a un costado del actual, en un terreno de mil metros cuadrados donde habría cuartos fríos para cuerpos frescos y putrefactos, sala de autopsias, cuarto de rayas X, laboratorio de entomología, de odontología, de histología y antropología, vestidores, almacén de materiales y de muestras, baños y estacionamientos.

 

 

En un principio se autorizaron 10 millones de pesos con los que se empezó a construir la primera de tres etapas del nuevo Semefo. Sin embargo, durante la administración de Quirino Ordaz Coppel no se le dio seguimiento a este proyecto y la obra quedó inconclusa a pesar de que en agosto de 2017 se autorizaron más recursos para iniciar la segunda etapa.

 

 

El problema de la saturación de los Semefos se repite en estados como Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Michoacán, donde los cuerpos son amontonados en pasillos o estacionamientos ante la imposibilidad de incinerarlos ya que la Ley General de Víctimas, aprobada en 2016, exige darle dignidad a los restos humanos, contribuir a que las personas que buscan a sus familiares los encuentren y que no desaparezca en medio de las llamas la principal prueba de la comisión de un delito que no ha sido resuelto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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