Por Redacción De Primera Noticias

Mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, confirmaba el viernes 7 de febrero que Ovidio Guzmán López, El Ratón, no cuenta con una orden de aprehensión librada por delitos cometidos en el país, pero sí con una orden de detención con fines de extradición, en Estados Unidos hacía mella la noticia de que el Departamento de Justicia, vía Donald Trump, había presionado a tal grado al gobierno de López Obrador, que éste había aceptado echar a andar de nuevo el grupo élite de la Secretaría de Marina que operó en la administración de Enrique Peña Nieto.

“Estamos operando de nuevo, los objetivos que debemos perseguir han sido definidos”, señaló un alto mando de la Secretaría de Marina consultado por The Wall Street Journal, y de acuerdo con informes de inteligencia, serían Rafael Caro Quintero y los hijos de Joaquín Guzmán Loera parte de esos objetivos importantes del crimen organizado.

Ya el 29 de enero pasado, en un operativo relámpago, la Marina asestó un fuerte golpe al clan encabezado por Rafael Caro Quintero, luego de que su sobrino Ismael Quintero Arellanes fue capturado en el residencial Staza Toscana de Culiacán. Ese día la Marina ensayó una operación que duró apenas unos minutos, y que dio inicio cuando un par de helicópteros surcaron los aires culichis y posteriormente varias unidades artilladas ingresaron en la zona de Valle Alto, con una rapidez y un sigilo que ni siquiera levantó sospechas en los grupos de punteros que vigilan la capital sinaloense.

A Quintero Arellanes lo arrestaron afuera de una de sus casas y enseguida, en cuanto los infantes navales —según relataron vecinos— lo identificaron, hicieron que bajara un helicóptero en un predio descampado de Toscana y de inmediato lo subieron para ser trasladado al Aeropuerto Internacional de Culiacán.

“Ahora sí se nota que fueron los marinos”, llegaron a decir personas de la zona de Valle Alto, que les llamó la atención de la limpieza del operativo y que ni siquiera necesitaron accionar una bala.

Contrario, como se recuerda, al jueves 17 de octubre del año pasado cuando un grupo de avanzada de la Guardia Nacional y la Policía Militar destacada en Culiacán, intentaron detener a Ovidio Guzmán López, desatando el infierno tan temido en la capital sinaloense, y todo por una estrategia mal planeada a la hora de llevar a cabo la operación en el sector del Desarrollo Urbano Tres Ríos, a poca distancia de la sede de la Fiscalía General del Estado.

Incluso esta fallida detención del hijo del Chapo ha sido vista como la peor derrota y humillación del crimen organizado al gobierno de López Obrador, que desde que tomó posesión del Poder Ejecutivo ha insistido en combatir la espiral incontenible de violencia (que el año pasado arrojó más de 36 mil homicidios en todo el país) con “abrazos, no balazos”.

La presión a alto nivel

Según indica el Journal en su despacho periodístico, fue el mismísimo procurador General de Estados Unidos, William Barr, quien ha venido a México en dos ocasiones en los últimos dos meses, quien se reunió con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para presionar sobre el cambio de estrategia del gobierno de López Obrador.

Pero Barr ya le tenía una propuesta a la administración mexicana: que la Marina regresara a la lucha antinarco que en el sexenio de Enrique Peña Nieto había encabezado con golpes quirúrgicos exactos al grado de descabezar a la mayoría de los cárteles mexicanos. Como parte del acuerdo que buscaba el Departamento de Justicia, era también acelerar los procesos de extradición de capos ya detenidos, y que actualmente permanecen en prisión en el país.

Y es que, como ha quedado patentado, las agencias estadounidenses sólo confían en la Armada de México para proporcionarle información clave y realizar detenciones de los líderes.

Entre los golpes que asestó este grupo élite de la Marina, que operaba en conjunto con la DEA y otras agencias de seguridad estadounidense, está la detención —en dos ocasiones— de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; el deceso de Nazario Moreno, El Chayo, así como de otros objetivos del cártel de Los Zetas, entre ellos El Tony Tormenta y El Lazca.

Sin embargo, la Semar trabajó más enfocada en desmantelar al Cártel de Sinaloa. De esta organización no sólo atrapó al Chapo, también a Ismael Zambada Imperial, El Mayito Gordo, y estuvo cerca de capturar al mismo Mayo Zambada, en un operativo llevado a cabo en una finca de las afueras de Culiacán, en donde los marinos y los agentes de la DEA sólo localizaron al velador, quien les dijo que su patrón se había retirado un día antes de la operación.

Entre las últimas operaciones de la Marina fue la captura de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, quien es considerado el líder de la célula La Unión de Tepito.

Otro tema en el que el procurador General estadounidense se sentó a la mesa con el fiscal Alejandro Gertz Manero, y ahí le pidió aumentar “los esfuerzos para eliminar los laboratorios de fentanilo y reforzar los controles en los puertos, para reducir la entrada de precursores químicos que se utilizan en los laboratorios, con el objetivo de frenar el uso de opioides a Estados Unidos”.

Además, luego de ambas visitas del procurador estadounidense, el Gobierno mexicano aumentó las extradiciones a Estados Unidos, ya que sólo en los últimos dos meses se realizaron 37 extradiciones, comparadas con las 58 que sucedieron durante 2019. En las reuniones entre el fiscal gringo y el Fiscal General de la República, también se coincidió en incrementar el trabajo de inteligencia, sobre todo el de intercepción de llamadas que pueden ser usadas más tarde en procesos penales, ya que la investigación en el país no suele presentar audios de conversaciones legalmente aprobadas por un juez como evidencia para acusar a los delincuentes.

De ahí, por ejemplo, que la antigua PGR usaba como principales pruebas contra narcos detenidos los delitos de portación de armas de fuego, posesión de drogas, entre otros similares, en tanto podían demostrarles en largas investigaciones el delito de delincuencia organizada u operaciones con recursos de procedencia ilícita. De hecho, son pocos los capos que una vez procesados en México, se les demuestra el lavado de dinero.

Los nuevos objetivos

Según fuentes de seguridad, la captura de Ismael Quintero Arellanes es parte de las investigaciones del grupo élite de la Marina para dar con el paradero de Rafael Caro Quintero, el cual siempre ha sido el más codiciado trofeo de la DEA para ser llevado ante las cortes gringas y juzgarlo por el crimen de Enrique Camarena en los años ochenta.

Desde 2014 en que la SEMAR se instaló en Culiacán, se llevaron a cabo por lo menos tres operaciones para tratar de capturar al viejo capo ex líder del Cártel de Guadalajara, dos de ellos en Badiraguato y uno más en Tamazula, Durango, todos sin lograr su objetivo.

Los métodos de los infantes navales no cambiaban mucho en el uso de la fuerza y la brutalidad. En una ocasión, varios helicópteros artillados sobrevolaron la zona de la comunidad de El Barrio de Guanajuato, a una hora de camino de la cabecera municipal badiraguatense, y cercaron los alrededores de La Noria y Babunica, pueblos en donde Caro y su familia llevan décadas de vivir.

Ello ocurrió a principios de marzo de 2014, unos días después de que la DEA junto con los marinos mexicanos arrestaron al Chapo Guzmán en la Torre Miramar del Malecón de Mazatlán. Sin embargo, a pesar de prácticamente voltear bocarriba estas comunidades y de torturar a uno de los primos de Caro Quintero, el viejo capo no apareció por ningún lado.

Meses más tarde la Marina volvió a acudir a la zona serrana, en esa ocasión sitió Los Placeres, un pueblito que queda a una hora más sierra arriba de Babunica, y ahí fue golpeada una maestra rural y su hija, a quien los marinos acusaron de ser una de las amantes de Caro Quintero. Tampoco fue localizado el “número uno”.

La última vez sucedió en 2015 en una operación realizada en Tamazula, Durango. Ahí los infantes navales también maltrataron a mujeres y tumbaron puertas de casas en busca del capo y de otros presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Además de Caro Quintero, los hijos del Chapo también estuvieron en esos años en la mira de la DEA, bajo el ala del grupo especial de la SEMAR, y prueba de ellos es que realizaron varias redadas en domicilios presuntamente vinculados con Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

En la Isla Musala fueron asegurados decenas de vehículos y motocicletas de lujo en una casa de dos pisos que la PGR confiscó. En la colonia Lomas del Guadalupe también aseguraron otra propiedad relacionada supuestamente con Los Chapitos.

De los pocos golpes que dieron contra la gente cercana de Los Chapitos fue el arresto de Jesús Raúl Beltrán León, El Chuy Raúl o El Trébol, quien es señalado de ser cuñado de Alfredo Guzmán.

El Chuy Raúl fue extraditado y sentenciado en la Corte Federal de Chicago, Illinois, a un total de 27 años de prisión, por ser miembro clave de la organización de los hermanos Guzmán. Uno de los testigos relevantes en las audiencias fue Dámaso López Serrano, El Mini Lic, quien más tarde solicitó cambio de penal y protección especial ya que denunció que había sido mandado matar por Beltrán León.

México, la simulación de la justicia

El viernes 7 de febrero en que el Journal revelaba que el gobierno de AMLO cedió ante Trump una vez más para reactivar el grupo especial de la Marina que caza a los narcos, también Alfonso Durazo dio un traspiés al confirmar que Ovidio Guzmán López no tenía una orden de aprehensión por delitos cometidos en México. Sólo la petición de extradición.

Pero no es el único que no tiene deudas pendientes en el país, por delitos que los vinculen en su tierra natal. Tampoco sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín tienen delitos pendientes en Sinaloa y en el resto del territorio mexicano.

De hecho, en una revisión a los portales de procesos judiciales arrojan que sólo tienen sus procesos por la orden de detención con fines de extradición.

Sobre Ovidio Guzmán, Durazo Montaño señaló:

"No hay orden de aprehensión contra Ovidio, en realidad está sujeto solo a una orden de extradición; hubo un operativo fallido, del que ya se ha hablado de manera suficiente, pero en este momento solo es por esa responsabilidad que debemos actuar nuevamente por su detención", puntualizó.

Se preguntó al funcionario si el Gobierno federal tenía conocimiento de la boda de Alejandrina Guzmán, hija del Chapo, en la Catedral de Culiacán, y a la que podría haber asistido su hermano Ovidio.

"Creo que estamos enterados todos, pero a diferencia del operativo anterior tenemos ahora que consolidar toda la parte judicial; es decir, la judicialización del caso para evitar que se presenten decisiones judiciales como la que conocimos ayer", declaró también sobre la liberación de la esposa de El Marro, a quien las autoridades detuvieron y un juez la soltó por falta de pruebas de actividades delictivas.

Aunque fue un tema que cobró relevancia en redes sociales, la boda de Gisell Alejandrina Guzmán, hermana de Los Chapitos, también fue vista a nivel nacional e internacional como una “burla” al gobierno de AMLO, ya que de pronto se desataron comentarios en el sentido que los Guzmán son “los dueños de Culiacán”.

“En octubre tomaron la ciudad y a fines de enero cierran catedral y la principal avenida para hacer una boda que todo mundo vio, menos las autoridades”, criticó el periodista Ricardo Raphael en su columna en el diario El Universal.

La Marina y la DEA, un viejo romance

Sobre el tema, hasta se escribieron libros. En su libro el ex agente de la DEA, Andrew Hogan, relató cómo operó el grupo especial de la Marina en la cacería en contra del Chapo. El gobierno de Peña Nieto siempre intentó negar lo que la prensa sinaloense descubrió con los testimonios de ciudadanos que tuvieron cercanía con los operativos navales: que entre los marinos iban gringos vestidos de civiles.

Esta relación de la Marina con la DEA y otras agencias estadounidenses no se puede explicar sin la participación del almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, quien con su antecesor Francisco Mariano Saynez Mendoza, empezaron a fraguar una relación de confianza con los jefes de la agencia antidrogas.

Y es que la DEA, limitada en su actuación en México por las leyes nacionales, comenzó a montar desde fines de la década pasada toda una red de informantes que empezaron a rendir sus frutos a partir de 2009, con la cacería contra Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, a quien finalmente abatieron junto con sus principales lugartenientes en un departamento de Morelos, en diciembre de ese año.

A partir de ahí, empezó el “romance” de la DEA con la Armada de México, la única confiable para llevar a cabo operaciones contra el narco.