El informe fúnebre de Quirino
Publicado el: 11/28/2017 6:01:00 PM en
El informe fúnebre de Quirino
  

La administración de Quirino Ordaz Coppel le ha apostado a la férrea militarización del estado y al gasto excesivo en equipamiento policial como lo hiciera su antecesor Mario López Valdez, pero sin invertir en el factor humano para recuperar el tejido social y combatir de fondo la corrupción que cancera las instituciones, por lo que a pocas semanas de rendir su Primer Informe de Labores el panorama no resulta alentador para los sinaloenses: más homicidios dolosos, más robo de vehículo y más delitos del orden patrimonial. La fuerza del Estado incapaz de proteger a los ciudadanos por más derroche que se haga.

 

 

 

 

Por Santiago Rentería.

 

 

 

En marzo del año en curso, después de la fuga de cinco reos de alto perfil del Cártel de Sinaloa del penal de Aguaruto y de la ola de asesinatos que asolaban las ciudades del estado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció la adquisición de un par de drones militares para vigilar desde los cielos las regiones más inseguras de Sinaloa. El costo de estos artefactos, adelantó, sería de 3.5 millones de dólares.

 

Para ese entonces ya había declarado que cuando recibió el gobierno estatal de manos de Mario López Valdez encontró convertido en chatarra el equipo que se arrendó o se compró en el sexenio malovista, y a ello atribuyó la incapacidad del estado para combatir a la delincuencia que se debatía en una guerra interna.

 

Los miles de millones de pesos que se gastaron en la administración de Malova, en pocas palabras, habían quedado en nada. Así que Ordaz Coppel inició un proceso de adquisición de nuevo equipamiento, desde patrullas hasta sistemas de seguridad urbana, armas, vehículos blindados y los famosos drones que hasta el momento no se encuentran en operaciones, pues están en etapa “capacitación y de evaluación”, como lo expresó recientemente el general en retiro Genaro Robles Casillas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

 

Paralelo a ello, se le dio pleno poderes al Ejército para dirigir las corporaciones locales y crear ese híbrido extraño que ahora el decir popular llama el “poliguacho”, y se enviaron a los policías sinaloenses a recibir entrenamiento militar en Tlaxcala.

 

Sin embargo, los más de 600 millones de pesos que Sinaloa ha invertido en materia de seguridad en lo que va de este año no ha logrado disminuir los delitos, y mucho menos que el Ejército se haga cargo, ha impedido que la delincuencia cobre la vida de más ciudadanos.

 

Por si fuera poco, Ordaz Coppel anunció en agosto pasado la construcción de una nueva base militar cuyo proyecto inicial tendrá un costo de 300 millones de pesos, ello en aras de mantener más elementos castrenses en la región de manera permanente.

 

En lo que va del año, de acuerdo con las actas de la Secretaría de Seguridad Pública, se han licitado cuatro partidas para la instalación de cámaras de vigilancia urbana con un costo cercano a los 100 millones de pesos, así como una inversión de decenas de millones en patrullas, motocicletas, camiones blindados para la Policía Estatal y los ya mencionados drones, que según el contrato firmado por la empresa y Gobierno tuvieron un costo total de 72 millones de pesos.

 

Para la adquisición de manera directa de los drones por parte de la administración sinaloense, el acta de sesión de comité intersecretarial afirma que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizó un estudio de mercado con otras dos empresas cuyos precios estaban por encima de los que la compañía jalisciense Hydra Technologies de México ofertaba.

 

Para justificar esta compra sin que mediara licitación de por medio, el gobierno de Sinaloa enfatizó que estos equipos no tripulados eran necesarios para enfrentar los delitos de alto impacto, y ejemplificó con la fuga de reos vinculados con el Cártel de Sinaloa el pasado 16 de marzo:

 

“Resulta de suma importancia considerar los distintos acontecimientos de gran impacto que se han suscitado recientemente en todo el territorio estatal, tales como: Fuga de cinco reos de índole federal del penal de Aguaruto; ocurrida el 16 de marzo, siendo estos Juan José Esparragoza Monzón, El Azulito; Alfonso Limón Sánchez, El Limón; Jesús Peña González, El Veinte; Rafael Guadalupe Félix Núñez, El Changuito Ántrax y Francisco Javier Zazueta Rosales, El Chimal.”.

 

Sin embargo, es hora que siguen sin operar para combatir a los malos.

 

 

Los fríos números del fracaso

 

 

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado, desde el 2012 no se habían cometido tantos homicidios como durante los primeros 10 meses de 2017, el que suman 1, 351 al cierre de octubre pasado.

 

En 2012 la cifra de asesinatos llegó a 1, 468, mientras que a partir del año siguiente la incidencia comenzó a bajar hasta llegar a los 1, 208, y luego en 2014 a 986, en 2015 994 y en 2016 el último de Malova a 1,162.

 

Comparado con el mismo periodo del año pasado, este 2017 se han cometido un total de 398 homicidios dolosos más, producto no solo de la ruptura interna del Cártel de Sinaloa, al pelear en una guerra de exterminio entre la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera y su antiguo lugarteniente Dámaso López Núñez. También la complicidad de las autoridades con el narco provocó una oleada de ataques selectivos contra elementos policiacos en la zona centro de la entidad.

 

Por más que los grupos de sicarios han sido identificados, el Gobierno no ha sido capaz de detener su furia que barre ciudades y comunidades.

 

En el delito de robo de vehículos los números tampoco son optimista ya que desde el 2013 no se registraba una incidencia tan alta como la que ha dejado los primeros 10 meses del año. Según la tabla de cifras de la Fiscalía, en aquel año se denunciaron ante el ministerio público 7, 026 robos de unidades, la cifra decreció a 5, 853, luego a 4, 476, enseguida tuvo un aumento a 4, 863 para elevarse este 2017 a 6, 053 denuncias.

 

Según un comparativo del periodo de 2016 a 2017, la cifra de robos de vehículos ha aumentado 2, 244 unidades más, pese al argumento de las autoridades estatales que paralelo a esto también la recuperación de vehículos robados es más alta también.

 

Otro delito que tuvo un ligero aumento fue el robo bancario, así como los feminicidios, que hasta la fecha suman alrededor de 72, a pesar de que en abril pasado el Gobierno federal decretó la Alerta de Género en los cinco municipios con más alta incidencia de homicidios de mujeres y violencia familiar.

 

Las instituciones encargadas de implementar la Alerta de Género, como el Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres) y la Fiscalía General del Estado han sido criticadas duramente por organizaciones civiles debido la simulación con la que están realizando el protocolo de este mecanismo de combate de la violencia contra la mujer.

 

Incluso se descubrió que la directora del Ismujeres, Reyna Araceli Tirado Gálvez, después de participar en una ponencia en la Universidad de Salamanca en España, se fue a vacacionar un par de semanas por Europa, con todo y que en Sinaloa se mantiene la alerta de género.

 

Los últimos feminicidios registrados exhibieron tanto a la titular del Ismujeres como al de la Fiscalía, tanto que los diputados de la oposición solicitaron sus respectivas comparecencias de manera urgente. El caso de la niña Dayaña, menor de seis años secuestrada en San Pedro, Navolato, cuyos restos óseos fueron localizados recientemente, fue la gota que derramó el vaso, y lo que llevó a varios legisladores a exigir la renuncia de Juan José Ríos Estavillo como fiscal del estado.

 

En las últimas semanas, además de los crímenes de alto impacto, también los lugares públicos como bares y antros se han visto envueltos en una oleada de inseguridad, al registrarse homicidios y balaceras en sitios en donde se supone que hay vigilancia policial permanente, así como cámaras de seguridad. Ante estos eventos, el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés ha justificado que el número de patrullas y policías son insuficientes.

 

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