Cuando el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de Culiacán dictó el auto de vinculación a proceso en contra del tesorero del malovismo, Armando Villarreal Ibarra, prometió ante los medios de comunicación presentes que pronto demostraría su inocencia y que se aclararían los movimientos de los casi 300 millones de peso de los que se le acusa desvío a cuentas estatales de manera indebida. Pero el pasado 1 de octubre, el juez de amparo le dio un fuerte revés al negarle el amparo de la justicia federal, por lo que no falta mucho para que su juicio en los juzgados prosiga y se determine si es o no culpable, por lo que podría llegar a una sentencia en donde tenga que pagar una multa millonaria, como lo hiciera Ernesto Echeverría Aispuro, secretario de Salud con Mario López Valdez.

Por Santiago Rentería.

Nunca antes como hoy dos secretarios de Estado de Sinaloa se habían encontrado acusados de manera sólida ante los jueces penales, por más que proclaman a los cuatro vientos su inocencia en el mal manejo de los recursos durante el sexenio de Mario López Valdez, las palabras caen bajo su propio peso, desmentidas con evidencias.

El pasado 1 de octubre, el Juez Tercero de Distrito con sede en Culiacán negó el amparo de la justicia federal a favor del ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, quien durante la época malovista no le fue “tocado ni un solo pelo”, pero que ahora se encuentra contra las cuerdas: el auto de vinculación de proceso por los delitos ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública se mantiene en firme, en tanto resuelve el tribunal de alzada.

De acuerdo con la acusación original, al ex funcionario que le manejó los dineros a Malova se le acusa “del desvío de 293 millones de pesos que habían sido etiquetados para un uso específico y que posteriormente fueron depositados a cuatro cuentas del Gobierno del Estado”, recayendo en el ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Por este motivo, el 2 de abril de 2019 el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado de Sinaloa dictó el auto de vinculación a proceso, lo cual quiere decir que Villarreal Ibarra estará sometido a juicio, lo que a la postre derivará en una sentencia, aunque todavía para esta parte faltan unos meses.

Cuando esto sucedió, los abogados de Villarreal Ibarra pretendieron ampararlo bajo el argumento de que la vinculación a proceso no “cumplía con la Ley” de la materia para proceder de esta forma. Según el expediente 392/2019 consultado por DeprimeraNoticias, la defensa del ex secretario se dolió que dicho acto del juez de Control no cumplía con las normas jurídicas, sin embargo, en la revisión constitucional del caso, el Juez de Amparo determinó:

“No se le puede otorgar el amparo debido a que se colmaron los seis requisitos legales para que el Juez de Control dictara la vinculación a proceso. Se estiman colmados (los requisitos) de forma y fondo; por ende, la vinculación a proceso reclamada se ajusta a derecho y no irroga violación alguna a los derechos humanos del peticionario”, señala el documento consultado.

¿De qué se le acusa penalmente?

Según la acusación contra el ex funcionario malovista, él junto con el director de Tesorería y otro empleado de la Secretaría de Finanzas, realizaron el desvío de los 293 millones de pesos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016 (el último año del sexenio de Malova) a través de 112 cuentas y transferencias electrónicas, sin justificación ni sustento, a cuatro cuentas destinadas para el manejo de recursos propios del estado.

Debido a esto, señala el expediente, Villarreal Ibarra “incumplió con su obligación administrativa de vigilar el uso de los recursos”, amén de que no existe la documentación que soporte este desvío de recursos públicos, lo cual generó un daño patrimonial a la Hacienda Pública.

La orden de aprehensión en su contra fue librada el 30 de agosto de 2018, en la cual también se incluye al ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, y al Jefe de Departamento de Caja General, José Carlos López Ramírez.

Dentro de las pruebas presentadas se incluyó el resultado 118, de la auditoría financiera y de cumplimiento 007/2017, efectuada a la Secretaría de Administración y Finanzas en el segundo semestre de 2016.

“Transferencia y destino indebido de dineros en cuentas bancarias, cuyo manejo es para fines específicos, por disposición expresa de la ley, a cuentas bancarias de manejo de ingresos propios del Estado de Sinaloa por un monto de 293 millones 479 mil 200 pesos con daño a la hacienda pública federal y al interés público”, indica el expediente.

Sin embargo, Villarreal Ibarra no ha pisado la prisión, pues los delitos de los que se le acusa no son considerados como grave, aunque en abril pasado tuvo que pagar una multa de 500 mil pesos como caución, y además está obligado a solventar las irregularidades de los que se le señala.

El ex funcionario todavía tiene el recurso de revisión en un tribunal de alzada, por lo que su juicio podría esperar hasta que termine este proceso en los órganos jurisdiccionales.

Echeverría paga su libertad

Armando Villarreal y Ernesto Echeverría han sido hasta el momento los dos únicos secretarios de Estado de Malova que han llegado a ser procesados por actos que pueden considerarse de corrupción, pero en el caso de éste último libró la cárcel luego de llegar a un acuerdo con las autoridades y entregar siete millones de los catorce millones “robados”.

Dicho recurso fue devuelto como “reparación del daño” y su caso fue cerrado en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento. Es posible que Villarreal Ibarra también llegue a un acuerdo y alcance beneficios de Ley.

De acuerdo con el expediente, Echeverría Aispuro fue acusado también de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública por firmar contratos de prestación de servicios de imaginología por un monto de 14 millones de pesos, sin licitación de por medio.

Fue el 7 de febrero de 2019 cuando en audiencia el juez decretó la extinción por cumplimiento de condiciones en la suspensión condicional del proceso, una figura que se otorga dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Durante la audiencia, el juez de Control declaró que el ex funcionario había cumplido con las condicionales que le impuso y dio por terminado el proceso. Para eso la Fiscalía General del Estado estableció como monto de “reparación del daño” los siete millones de pesos, los cuales entregó Echeverría Aispuro.

De acuerdo con la Fiscalía apegarse a una solución alternativa no implica aceptar la responsabilidad de los delitos por los que está acusado, sino que solo evita llegar a juicio.

Sexenio bajo sospecha

Durante los seis años del gobierno de Mario López Valdez fueron denunciados diversos casos de posible corrupción, pero entonces ni la Auditoría Superior del Estado (ASE), ni la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas investigaban ninguna irregularidad señalada, como la compra de un avión, el arrendamiento de patrullas, la adquisición de sistemas de seguridad por encima de los montos del mercado, entrega de contratos sin licitar.

De hecho, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel ha hecho público las irregularidades detectadas durante el sexenio malovista. Uno de los montos que se ha señalado es el de dos mil millones de pesos utilizados de una manera sospechosa.

Además de Salud y Finanzas, también se han encontrado irregularidades en el Fondo de Pensiones, en donde existe una deuda impagable, pero en este caso no se ha sancionado a ninguna persona. Hasta la fecha ningún ex funcionario del sexenio anterior ha pisado la cárcel, aunque todavía hay acusaciones pendientes.