Con la premisa de que hay que seguir la huella del dinero para desarticular a las organizaciones criminales, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto pudo desmontar la estructura económica que rodeaba a El Marro y lograr su detención sin que se registrara ningún enfrentamiento.

Por Redacción De Primera Noticias.

El 31 de julio pasado, dos días antes de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de 11 abogados que trabajaban al servicio del Cártel Santa Rosa de Lima.

Fue el último operativo de inteligencia a cargo de la unidad dirigida por Santiago Nieto, antes de la implementación del otro operativo, el encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad Franco Talavera, perteneciente al municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, donde fue detenido El Marro la madrugada del domingo 2 de agosto.

El cerco financiero que se había ido estableciendo alrededor de la organización criminal ocasionó que El Marro se quedara sin liquidez incluso para pagar la nómina, por lo que al momento de su detención fue localizada una empresaria guanajuatense a la que había secuestrado y por cuya liberación había pedido millones de pesos a la familia.

La desesperación en la que se encontraba El Marro tras la detención de su madre, su hermana y otros integrantes de su círculo cercano, quienes operaban como prestanombres para abrir cuentas bancarias o empresas por donde se lavaba el dinero producto del huachicoleo, el secuestro y la extorsión, quedó en evidencia con los dos videos que publicó en redes sociales en los que se le vio llorando, lanzando amenazas al gobierno federal y hablando de una posible alianza con otros cárteles.

Los tiempos en que El Marro se paseaba libremente por los municipios del llamado Triángulo Rojo como benefactor del pueblo, auspiciando fiestas populares y entregando despensas a las madres de familia, o como azote de los contras a los que descuartizaba en algunas de sus numerosas casas de seguridad, había llegado a su fin. Solo, cercado, sin recursos para comprar a las autoridades locales que solaparon sus actividades criminales durante mucho tiempo, fue detenido mientras intentaba huir a bordo de una cuatrimoto.

El trabajo de inteligencia, previo al operativo en tierra, posibilitó que el principal generador de violencia en esa región de Guanajuato cayera detenido sin un enfrentamiento a balazos, sin derramamiento inútil de sangre ni muertos que lamentar en ningún bando.

Congelamiento de cuentas

Entre marzo y abril de 2019 el gobierno federal congeló 88 cuentas bancarias pertenecientes a empresas y personas vinculadas con el Cártel Santa Rosa de Lima. Se trató de dos operativos en los que la UIF reportó a la Comisión Nacional Bancaria cerca de cien cuentas con movimientos sospechosos o que estaban relacionadas con personas o empresas usadas por El Marro para blanquear las ganancias que le dejaba el robo de hidrocarburos.

Entre las empresas vinculadas había tiendas de autoservicio, autolavados, gasolineras y de transporte público cuyas unidades eran cargadas con combustible robado, lo que le permitía ofrecer el servicio a precios más bajos que sus competidores locales. Todas estas empresas estaban a nombre de la esposa de El Marro, Elsa Marisol Martínez, de su cuñada Angélica Martínez y de otros familiares, quienes de la nada abrían empresas que registraban ganancias colosales en comparación con otros negocios de la región con mayor arraigo.

“La organización delictiva se especializaba en robo de hidrocarburos, por lo que contaba con su propia fuente de abastecimiento de combustible, la cual utilizaba como insumo primario para reabastecer la flotilla de camiones y tráileres adquirida por la esposa del líder criminal, así como de otros operadores financieros”, señaló Nieto. “En virtud de que se robaban el hidrocarburo, la empresa tenía una mayor capacidad para reducir los costos y era contratado por las personas de la zona, por lo que se generaba una competencia desleal con los empresarios de la región”.

Al cierre de 2019, la UIF mantenía bloqueados 35 millones 499 mil pesos relacionados con esa organización. De este monto, 13 millones 229 mil 196 pesos se derivaron de designados directos, es decir, de una solicitud particular a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tras investigación en el sistema financiero. Los 22.7 millones restantes se dieron por movimientos de terceros que serían beneficiados por este grupo delictivo.

La UIF detalló que hasta ese momento (finales de 2019) se mantenía la cifra de 35 mdp pues los abogados del Marro habían ganado algunos amparos ayudados por la jurisprudencia impulsada en 2018 por el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, que impone obstáculos al congelamiento de cuentas por parte de las autoridades mexicanas, uno de los cuales es que el congelamiento solo procede cuando existe petición de una autoridad extranjera que lleve a cabo investigaciones en contra de esas personas o empresas.

Los titulares de dichas cuentas bancarias, familiares o prestanombres del Marro, a través de sus abogados, presentaron demandas de garantías para revertir el congelamiento y en muchos casos lograron que el sistema bancario mexicano las desbloqueara, con lo que el grupo criminal recuperó parte del dinero bloqueado por petición de la UIF.

De acuerdo con diferentes reportes financieros, desde que Medina Mora impuso una jurisprudencia sobre el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, casi 200 empresas y personas vinculadas con delitos de corrupción, lavado de dinero o crimen organizado se han beneficiado con el descongelamiento de cuentas bancarias.

De acuerdo con datos del propio Santiago Nieto, a inicios de 2020 había 4 mil 500 millones de pesos congelados, además de 52 millones de dólares, de los cuales, 980 millones de pesos están vinculados al crimen organizado, principalmente al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito y, en menor medida, el Cártel Santa Rosa de Lima.

“Las cifras se mueven en razón de la concesión de juicios de amparo derivados de la jurisprudencia impulsada por Medina Mora. En este momento tenemos 4 mil 500 millones de pesos congelados, de los cuales, casi mil millones, digamos para redondearlo, corresponden a temas vinculados con delincuencia organizada”.

Sin dinero para los abogados del Marro

El penúltimo golpe a las finanzas del Cártel Santa Rosa de Lima, aunque igual de importante para la detención del capo, fue el congelamiento de 11 cuentas bancarias usadas para pagar honorarios del círculo jurídico de la familia Yépez Ortiz, entre ellos, los abogados del propio Marro.

De esta manera, en tanto que no se resuelvan los juicios de amparo pendientes, los litigantes no contarán con recursos para asistir en el proceso al líder criminal. De igual manera, hay un Ayuntamiento cuyas cuentas también fueron congeladas al denunciarse que el alcalde usaba recursos públicos para beneficiar al cártel.

Se trata de Juan Lara Mendoza, alcalde Villagrán, cuya familia ha sido vinculada por la Fiscalía de Guanajuato con el cártel, aunque él siempre ha sostenido que no tiene nada que ver con las actividades de sus familiares. Sin embargo, el propio alcalde tiene una carpeta de investigación abierta en la que se le relacionada con el lavado de dinero, por lo que no solo las cuentas del Ayuntamiento, sino las personales, se encuentran bloqueadas desde 2019.